El desacuerdo político bloquea la renovación de cargos en órganos institucionales clave
ACTUALIDAD
La provisionalidad afecta al CGPJ, al Constitucional, al Defensor del Pueblo y a RTVE
18 feb 2020 . Actualizado a las 08:28 h.Más allá de la constatación del desencuentro político entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, que hace muy difícil a corto y medio plazo el acercamiento en grandes cuestiones de Estado como el modelo de financiación autonómica, la reforma de las pensiones, la situación en Cataluña o la política exterior, y más en período preelectoral, la reunión deja también pocos visos de consenso en multitud de órganos y cargos pendientes de renovación.
Uno de los acuerdos más acuciantes es la renovación en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya composición actual se remonta a la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy y lleva en funciones desde el 2018. Contra todo pronóstico, Sánchez y Casado estuvieron muy cerca de cerrar un acuerdo para renovar la cúpula judicial. De hecho, el pacto estaba cerrado para poner al frente del CGPJ y del Tribunal Supremo al juez Manuel Marchena, pero el nombramiento naufragó tras filtrarse un mensaje del entonces senador del PP Ignacio Cosidó en el que insinuaba que nombrar a Marchena era controlar «por la puerta de atrás» la Sala Segunda del Supremo. Ahora, una vez que Sánchez ha pactado con los independentistas, el acuerdo se antoja mucho más difícil por las reticencias del PP. Los miembros del CGPJ deben ser elegidos por el Congreso y el Senado por una mayoría de tres quintos. Doce de ellos se eligen entre jueces y magistrados y ocho entre juristas de reconocido prestigio.
Renovación de Constitucional
También es necesaria y urgente la renovación de cuatro vocales del Tribunal Constitucional que están ejerciendo el cargo con su mandato caducado desde el mes de noviembre. El acuerdo se prevé difícil porque podría desequilibrar las mayorías actuales en un momento en el que el tribunal tiene pendientes importantes sentencias, que pueden ampliarse si la situación se deteriora en Cataluña.
Todavía más duradera es la situación de provisionalidad en la institución del Defensor del Pueblo, en donde el exdiputado socialista Francisco Fernández Marugán lleva ejerciendo el cargo de forma interina durante tres años una vez que su mandato se agotó y el consenso para nombrar al sustituto se ha demostrado hasta ahora imposible. En RTVE, la situación es también de interinidad. Rosa María Mateo, que fue nombrada como «administradora provisional única» a la espera de la renovación del consejo por concurso público que ahora está paralizado, sigue en el cargo pese a haberlo puesto a disposición del Ejecutivo para ser relevada.
También lleva dos años de retraso la renovación de la vacante de un consejero del Tribunal de Cuentas, Lluís Armet i Coma, quien renunció al cargo en el 2018. El resto termina su mandato en el 2021. Igualmente, hay cinco relevos pendientes en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y uno en el Consejo Económico y Social. Además, se debe sustituir en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal la presidencia de José Luis Escrivá, que se incorporó al nuevo Gobierno como ministro de Seguridad Social.
El desacuerdo político bloquea la renovación de cargos en órganos institucionales clave
La provisionalidad afecta al CGPJ, al Constitucional, al Defensor del Pueblo y a RTVE
Gonzalo BAreño
Más allá de la constatación del desencuentro político entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, que hace muy difícil a corto y medio plazo el acercamiento en grandes cuestiones de Estado como el modelo de financiación autonómica, la reforma de las pensiones, la situación en Cataluña o la política exterior, y más en período preelectoral, la reunión deja también pocos visos de consenso en multitud de órganos y cargos pendientes de renovación.
Uno de los acuerdos más acuciantes es la renovación en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya composición actual se remonta a la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy y lleva en funciones desde el 2018. Contra todo pronóstico, Sánchez y Casado estuvieron muy cerca de cerrar un acuerdo para renovar la cúpula judicial. De hecho, el pacto estaba cerrado para poner al frente del CGPJ y del Tribunal Supremo al juez Manuel Marchena, pero el nombramiento naufragó tras filtrarse un mensaje del entonces senador del PP Ignacio Cosidó en el que insinuaba que nombrar a Marchena era controlar «por la puerta de atrás» la Sala Segunda del Supremo. Ahora, una vez que Sánchez ha pactado con los independentistas, el acuerdo se antoja mucho más difícil por las reticencias del PP. Los miembros del CGPJ deben ser elegidos por el Congreso y el Senado por una mayoría de tres quintos. Doce de ellos se eligen entre jueces y magistrados y ocho entre juristas de reconocido prestigio.
Renovación de Constitucional
También es necesaria y urgente la renovación de cuatro vocales del Tribunal Constitucional que están ejerciendo el cargo con su mandato caducado desde el mes de noviembre. El acuerdo se prevé difícil porque podría desequilibrar las mayorías actuales en un momento en el que el tribunal tiene pendientes importantes sentencias, que pueden ampliarse si la situación se deteriora en Cataluña.
Todavía más duradera es la situación de provisionalidad en la institución del Defensor del Pueblo, en donde el exdiputado socialista Francisco Fernández Marugán lleva ejerciendo el cargo de forma interina durante tres años una vez que su mandato se agotó y el consenso para nombrar al sustituto se ha demostrado hasta ahora imposible. En RTVE, la situación es también de interinidad. Rosa María Mateo, que fue nombrada como «administradora provisional única» a la espera de la renovación del consejo por concurso público que ahora está paralizado, sigue en el cargo pese a haberlo puesto a disposición del Ejecutivo para ser relevada.
También lleva dos años de retraso la renovación de la vacante de un consejero del Tribunal de Cuentas, Lluís Armet i Coma, quien renunció al cargo en el 2018. El resto termina su mandato en el 2021. Igualmente, hay cinco relevos pendientes en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y uno en el Consejo Económico y Social. Además, se debe sustituir en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal la presidencia de José Luis Escrivá, que se incorporó al nuevo Gobierno como ministro de Seguridad Social.