El Consejo de Ministros aprueba el impuesto sobre los servicios digitales y las transacciones financieras
19 feb 2020 . Actualizado a las 08:24 h.Iban a ser 1.200 millones de euros, pero al final serán 968 los que se embolsarán las arcas públicas este año gracias al impuesto sobre los servicios digitales, más conocido como «tasa Google». Eso si las cosas no se tuercen porque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tuvo que revisar ayer a la baja las previsiones de recaudación a consecuencia del enfriamiento de la economía. Lo hizo después de que el Consejo de Ministros diera luz verde al nuevo impuesto que gravará con un 3 % el negocio de gigantes digitales como Facebook, Amazon o Uber. «Hasta la fecha han sido opacas a la fiscalidad tradicional», se quejó la ministra antes de explicar que la tasa solo se aplicará a la prestación de servicios de publicidad en línea, a la venta de datos de usuarios a otras empresas y a los servicios de intermediación. «En un mundo cada vez más digitalizado no podemos pretender tener un Estado del bienestar moderno si el sistema tributario es caduco. Sin justicia fiscal no puede haber justicia social», defendió la titular de Hacienda, quien tendrá más difícil cuadrar las cuentas públicas, constreñidas por el aumento del techo de gasto.
Para evitar que pymes o start-ups se vean afectadas, el impuesto solo se aplicará a las compañías que facturen más de 750 millones en todo el mundo y 3 millones de euros en España. «En ningún caso se discrimina en función de la nacionalidad o el tipo de empresa», aseguró Montero para defenderse de los ataques furibundos del presidente estadounidense, Donald Trump, quien acusa a algunos países europeos de querer castigar a través de este impuesto a sus empresas.
La tasa, además de dificultar la «competencia desleal» que cometen las transnacionales digitales en detrimento de las empresas tradicionales, que pagan el doble en impuesto de sociedades, también pretende ser una fuente de ingresos adicionales para sufragar el aumento del gasto público previsto. No obstante, su alcance, como ya pronosticó la Comisión Europea, será limitado.
Miedo a represalias
El temor a posibles represalias ha forzado al Gobierno español a postergar la recaudación de la «tasa Google». No pasará el cepillo hasta el 20 de diciembre, una vez que ya se hayan conocido los resultados de las elecciones en Estados Unidos y se despeje el futuro de Donald Trump. El desembolso se hará de una sola tacada. A partir de entonces, las liquidaciones serán trimestrales. Así lo anunció Montero, bajo la excusa de dar más margen para «lograr un acuerdo en el seno de la OCDE» y «dar tiempo a las empresas para que se puedan adaptar y hacer frente a ese pago único a final de año». Las discusiones en el organismo siguen empantanadas por la férrea resistencia de la Administración Trump y algunos países europeos como Suecia, Dinamarca o Luxemburgo.
Aunque otros países vecinos como Francia, Italia o el Reino Unido también abogan por introducir este gravamen digital, lo cierto es que la experiencia gala ha puesto en alerta al Ejecutivo de Sánchez. París tuvo que aplazar también hasta finales del 2020 la puesta en marcha efectiva del impuesto tras asistir a una toma de rehenes por parte del magnate estadounidense. Trump amenazó al presidente francés, Emmanuel Macron, con la imposición de aranceles de hasta el 100 % por valor de 2.219 millones de euros a las exportaciones galas de productos gourmet como el queso, el vino espumoso, artículos de lujo o cosméticos, que estaban experimentando un gran crecimiento en el país norteamericano. El órdago surtió efecto y Macron bajó las armas el pasado mes de enero. No tuvieron tanta suerte los agricultores españoles, quienes están pagando a golpe de arancel los subsidios ilegales de los que se benefició el conglomerado europeo aeroespacial Airbus. Montero insiste en su urgencia: «Se trata de hacer un marco más justo y redistributivo».
Canon financiero
De forma paralela, el Consejo de Ministros aprobó ayer otro impuesto que se concibió al calor de la crisis financiera, pero no pudo ver la luz por la reticencia de algunos socios europeos: la «Tasa Tobin». Hacienda impondrá una comisión del 0,2 % sobre las operaciones de compra y venta de acciones de sociedades con una capitalización bursátil de más de 1.000 millones de euros. Un pellizco con el que el Gobierno español espera recaudar unos 850 millones de euros. «Con esta medida, caminamos hacia un sistema fiscal más progresivo y redistributivo. Afectará al sector financiero que, durante las crisis, recibió importantes inyecciones por parte de las instituciones públicas, así que es justo que ahora contribuyan de forma más enérgica», justificó Montero. No obstante, el gravamen recaerá sobre el intermediario final que ejecute la orden de adquisición, como es el caso de los brokers o fondos de inversión, quienes han convertido la compraventa de acciones en una jugosa fuente de negocio. Manejan enormes portafolios de valores donde tienen gran peso las gigantes del Ibex 35. También sufrirán efectos colaterales el resto de inversores, los que optan por orientar sus ahorros hacia la renta variable, escapando de la poca rentabilidad que ofrece la renta fija en un entorno de tipos bajos. Es el caso de los fondos de pensiones. Habrá excepciones a la regla. Quedarán excluidas las maniobras de financiación de las sociedades y las acciones adquiridas por un particular tras una operación de reestructuración empresarial o de resolución bancaria. Si un banco atraviesa problemas y convierte capital en acciones de la entidad, no tendrán que pagar la tasa.
El sobrecoste, al cliente
Los expertos difieren en torno al impacto que tendrá la Tasa Tobin sobre la economía española y, muy especialmente, sobre la rentabilidad en los mercados de renta variable. El presidente de la Asociación de instituciones de inversión colectiva (Inverco), Ángel Martínez-Aldama, aseguró la semana pasada que el impuesto desincentivará las inversiones en empresas españolas: «En la medida en que los planes de pensiones y los fondos de inversión inviertan en empresas cotizadas españolas, este impuesto trendrá un impacto negativo en su rentabilidad», sostuvo. La patronal augura que la tasa provocará un agujero del 8,1 % en el patrimonio de los fondos de inversión y un 5,6 % en el de los planes de pensiones en los próximos 25 años. Un cálculo que abarca tanto las inversiones de titularidad española como las inversiones de extranjeros que invierten en el país. Es más, aseguran «se promoverá la deslocalización de la inversión en valores nacionales a mercados distintos al español». Martínez-Aldama se inclina por crear una tasa común en Europa para que no haya países perjudicados.
El experto de Analistas Financieros (Afi), Rui da Mota, coincide en que el impuesto acarreará ciertos costes, pero cree que el impacto para las entidades financieras será «muy pequeño». Dado que se trata de una tasa sobre las operaciones en Bolsa, «podríamos ver algo menos de volumen de transacciones, lo que podría perjudicar a los proveedores de estos servicios (brokers)», asegura. Eso sí, cualquiera que sea el impacto, «el sobrecoste, casi seguro, será repercutido en el cliente», sostiene Da Mota, quien además cree que quienes ser verán más afectados son los inversores, ya sean los que invierten de forma directa o los que los hacen a través de fondos porque estos «lo cobrarán al cliente final».
Habrá más consecuencias. Aunque no afectará de ningún modo al crédito bancario, «el impuesto podrá reducir la liquidez del mercado español, pero no creemos que tenga un efecto negativo para inversores de largo plazo», explica el experto. ¿Son demasiado optimistas los cálculos del Gobierno en torno a la recaudación? «Son realistas», zanja.
