Los inmigrantes legales pobres, en riesgo de deportación a partir de este lunes

Entra en vigor una nueva regla que permitirá negar el visado o la residencia permanente a los inmigrantes de bajos ingresos que reciban prestaciones públicas o que las necesiten

Fiesta de quinceañeras latinas en Iowa
Fiesta de quinceañeras latinas en Iowa

Nueva York / E. La Voz

El presidente Donald Trump se ha salido con la suya en una de sus medidas más duras contra la inmigración legal. Este lunes entra en vigor una nueva regla que permitirá a las autoridades negar el visado o la residencia permanente a los inmigrantes de bajos ingresos que reciban prestaciones públicas o que las necesiten en el futuro, a pesar de haber entrado de manera legal.

La medida, llamada «regla de carga pública», busca favorecer a los inmigrantes con más recursos económicos frente a los más pobres en las solicitudes de estatus migratorio permanente. A su vez, pone en riesgo de deportación a todos los afectados, ya que será posible un mayor control sobre su situación legal en el país.

Una renta de 60.000 doláres

En la práctica, esto supone que una familia de cuatro personas tendrá que ganar casi el doble, 60.000 dólares, para no ser rechazada, en comparación con el límite de ingresos anterior que se establecía en 32.000 dólares, según explicó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU.

Un inmigrante legal que viva en el país será clasificado como «carga pública» si recibe uno o más beneficios públicos durante más de 12 meses en un período de 36 meses. Las ayudas más solicitadas son los cupones de alimentos, asistencia para pagar la vivienda, ingresos del seguro social y ayudas médicas, a través del sistema público de salud Medicaid. 

La mayoría de los afectados por este nuevo ataque de la Administración Trump a los inmigrantes serán latinos que trabajan en empleos mal pagados en el sector servicios y que dependen de estas ayudas para sobrevivir. También podría reducir drásticamente la entrada en el país por lazos familiares. «Esto inyectará confusión e incertidumbre a la inmigración e impedirá que millones de residentes no ciudadanos accedan a beneficios públicos a los que legalmente tienen derecho», advirtió en enero la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un escrito enviado al Tribunal Supremo. 

Su entrada en vigor ha sido posible gracias al voto a favor de los cinco magistrados conservadores del Supremo frente a los cuatro liberales. La corte levantó así en enero la prohibición impuesta por el juez de distrito de Nueva York, George B. Daniels, a la medida, anunciada por Trump en agosto del 2019 y que iba a hacerse efectiva 60 días después. Un total de 14 estados y varias organizaciones defensa de los derechos humanos recurrieron por considerar que la medida altera el consenso de más de un siglo.  El Supremo seguirá ahora estudiando el fondo del caso.

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