El Consejo de Ministros aprueba el nombramiento de Dolores Delgado como fiscala general del Estado

La Voz REDACCIÓN

ACTUALIDAD

Dolores Delgado, en un acto en Madrid en diciembre del 2019.
Dolores Delgado, en un acto en Madrid en diciembre del 2019. Ricardo Rubio | Europa Press

El PP recurre esta designación ante el Tribunal Supremo por «no cumplir los criterios de idoneidad, neutralidad e imparcialidad requeridos para el cargo»

25 feb 2020 . Actualizado a las 14:31 h.

El Consejo de Ministros aprobó hoy el Real Decreto, firmado por el rey, en el que designa a Dolores Delgado como nueva fiscala general del Estado. Tras pasar el pertinente trámite parlamentario y contar con el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial, la fiscal de la Audiencia Nacional tiene previsto tomar posesión de su cargo el miércoles a las 13 horas en la sede central del Ministerio Público en la madrileña calle Fortuny.

Delgado, exministra de Justicia, ya pudo comprobar la semana pasada la respuesta que le espera cuando asuma el cargo. Fue en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde recibió una fuerte contestación por parte de los grupos parlamentarios del PP, Cs y Vox, que la consideraron no idónea para el cargo.

La portavoz del grupo parlamentario popular, Cayetana Álvarez de Toledo, anunció que el PP recurrirá ante el Tribunal Supremo su nombramiento como fiscala general del Estado por «no cumplir los criterios de idoneidad, neutralidad e imparcialidad requeridos para el cargo»

Delgado, que dimitió como diputada del PSOE tras anunciarse su designación, aprovechó ese trámite para defender que, precisamente, su condición de exministra «no es una debilidad sino una fortaleza» en el ejercicio de sus futuras responsabilidades. También insistió en que el actual sistema «preserva la autonomía y la imparcialidad» del Ministerio Fiscal.

Pese a ello, en amplios sectores del ámbito judicial también ha suscitado rechazo tanto por el hecho de que la candidata salte directamente del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General como por la difusión de las grabaciones de una conversación que tuvo lugar en el 2009 en un restaurante con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión preventiva.

Entre las tareas que encontrará sobre la mesa estará el nombramiento de medio centenar de cargos en la cúpula fiscal, entre ellos el del teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, cuyo cargo venció el pasado diciembre; además de puestos en Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas.

Abstención

Durante su comparecencia en el Congreso, Delgado contestó a los grupo parlamentarios que cuestionaron su imparcialidad que valorará «caso a caso» si se abstiene en las causas de las que pudo tener anteriormente conocimientos, como la del procés catalán, con la que estuvo contacto debido a su anterior responsabilidad política.

Delgado nació en Madrid en 1962 y hasta su entrada en el Ejecutivo la pasada legislatura ejercía de fiscal coordinadora contra el yihadismo en la Audiencia Nacional. Ingresó en dicho órgano en 1993 y desde entonces su labor se centró en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo etarra y, posteriormente, yihadista, en el que se especializó tras los atentados del 11 de marzo del 2004 en Madrid.

Cuenta con experiencia en el Tribunal Penal Internacional, donde ejerció como fiscal a partir de 2011 y preparó la documentación de la orden de arresto contra el fallecido dictador libio Muamar Gadafi para juzgarle por crímenes contra la Humanidad. Criticó duramente los recortes y práctica desaparición de las causas de este tipo en la Audiencia Nacional a cuenta de las reformas del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y del PP, si bien el Gobierno de Pedro Sánchez ha prometido revertir esta situación.

Delgado defiende el proyecto anunciado por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) de modo que la instrucción pase a manos de los fiscales, así como la derogación de su artículo 324, que pone fecha tope a estas investigaciones