El ministro de Seguridad Social defiende retrasar la edad de jubilación real, manteniendo la legal en los 67 años
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José Luis Escrivá reconoce que a partir del 2050 se generará un mayor incremento del gasto en pensiones como consecuencia de la jubilación de los nacidos en la década de los 60
27 feb 2020 . Actualizado a las 19:25 h.«La Seguridad Social es solvente». Así de rotundo se expresó ayer el ministro José Luis Escrivá en su primera comparecencia ante el Congreso para explicar las líneas generales de actuación de su departamento, en la que manifestó su deseo de que antes de que acabe el año esté listo un nuevo índice de revalorización de las pensiones y se pueda aprobar la ansiada reforma del sistema en la segunda parte de la legislatura.
«El objetivo tiene que ser que el año que viene, cuando se actualicen las pensiones, sea ya con un marco de actualización a largo plazo», sostuvo Escrivá, quien, no obstante, evitó mencionar expresamente si esa subida debe hacerse en base al IPC. Solo garantizó que «se revalorizarán de forma indefinida». En otras intervenciones recientes, el ministro sí se había mostrado partidario de una subida conforme a la inflación, tal y como acordó el Pacto de Toledo la pasada legislatura, pero en esta ocasión no lo defendió, precisamente después de que Bruselas advirtiera a España de los riesgos de recuperar esa indexación para la sostenibilidad del sistema.
El ministro quiso dar tranquilidad a los futuros jubilados asegurándoles que sus pensiones serán «similares» a las actuales, al tiempo que quitó importancia al déficit de la Seguridad Social». Admitió, no obstante, que el gasto en pensiones seguirá creciendo en los próximos años y que aumentará en hasta tres puntos porcentuales en 2025, cuando comience a jubilarse la generación del baby boom. Pero dijo que «será gestionable y manejable si lo hacemos bien, manteniendo pensiones suficientes y tasas de reemplazo similares a las actuales».
Para ello apostó por trasladar a los Presupuestos Generales del Estado todas las partidas que no sean prestaciones contributivas, como gastos de personal, políticas activas de empleo o las prestaciones por paternidad y maternidad. De igual manera, abogó por la necesidad de retrasar la edad real de retiro (64,4 años en la actualidad) para que converja con la edad legal (que se fijará en 67 años en el 2027).
El ministro avanzó además que ya están trabajando en otras reformas como la revisión del complemento de maternidad de las pensiones, para adaptarlo a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que estableció que este plus era discriminatorio al no concederse a los padres. De igual manera, anunció que a lo largo de esta legislatura se pondrá en marcha la renta mínima para personas sin recursos.