Piden 28 años de cárcel para Imanol Arias y Ana Duato por presunto delito fiscal

La Abogacía del Estado solicita además multas que ascienden a casi 16 millones de euros


Redacción

El futuro de Imanol Arias y Ana Duato se complica. Tras los años convulsos en los que se destapó el escándalo del despacho de abogados Nummaria y que puso en entredicho la continuidad de la serie que protagonizan desde hace casi veinte años en La 1, Cuéntame cómo pasó, parecía que todo había vuelto a la calma. Habían saldado sus cuentas con Hacienda, tal y como Imanol Arias explicó.

Pero el proceso judicial que se inició en el año 2016 ha seguido su curso y ahora, según adelanta El Confidencial, la Abogacía del Estado (que representa a la Agencia Tributaria), pide un total de 28 años de cárcel para los dos protagonistas de la ficción de La 1, por el fraude cometido entre los años 2009 y 2015, además de multas que suman en conjunto alrededor de 16 millones e euros. 

La abultada petición de cárcel se explica porque el auto considera que los actores cometieron en total siete delitos fiscales, y solicita por cada uno de ellos cuatro años de prisión. 

Hace casi un año ya se conocía que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que proponía juzgar a 31 personas, entre ellas a los actores Imanol Arias y Ana Duato, por defraudar a Hacienda a través de sociedades instrumentales creadas por el despacho Nummaria, del que era responsable otro de los procesados, el abogado Fernando Peña.

En un auto, el juez, que abrió además una pieza separada para investigar delitos de blanqueo, acordaba el procesamiento de esas 31 personas físicas y otras seis jurídicas por delitos contra la Hacienda pública, insolvencia punible o frustración de la ejecución, estafa procesal, falsedad documental y organización criminal.

En el asunto de los dos protagonistas de la serie Cuéntame, los delitos por los que se les procesa son contra la Hacienda Pública y en el caso particular de Ana Duato, también por falsedad documental.

El despacho Nummaria «facilitó estructuras jurídico-económicas diseñadas, implementadas y gestionadas por el despacho con la única finalidad de asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes» como Arias y Duato y, según el juez, ambos actores «eran conscientes de que esas estructuras iban a ser utilizadas para realizar actividades delictivas».

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