Los exdirectivos de Pescanova tiran de los peritos en su último intento por desmarcarse del fraude en la Audiencia Nacional
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El fiscal pide doce años y medio de cárcel para el antiguo consejero delegado de la empresa, Paz-Andrade
10 mar 2020 . Actualizado a las 08:39 h.Los exdirectivos de Pescanova, que se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional por el fraude financiero que llevó a la quiebra al grupo, jugaron este lunes la baza de los peritos en su último intento por desmarcarse del fraude, antes de que el caso quede visto para sentencia tras la fase de conclusiones definitivas.
Las defensas de Ángel Gónzález y José Manuel Gil, responsables de contabilidad y tesorería respectivamente, así como las de Antonio Táboas y Carlos Turci, directores financieros (el segundo sucedió al primero en el 2012), y el letrado de Alfonso Paz-Andrade, consejero delegado durante tres décadas, aunque jubilado desde el 2007, hicieron desfilar ante la sala a expertos que reforzaron la versión que todos comparten, es decir, que no tuvieron responsabilidad en las prácticas irregulares por las que se enfrentan a penas de prisión de hasta dos dígitos.
De ellos, Paz-Andrade es quien afronta la condena más elevada, pues el fiscal pide doce años y medio de cárcel por falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, insolvencia punible y uso de información privilegiada. Sin embargo, Juan Zornoza y Hugo López, catedrático y profesor titular, respectivamente, de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Carlos III de Madrid, apuntalaron ayer la inocencia que el acusado ya defendió en diciembre, sosteniendo que no podía conocer el fraude que ocultaban las cuentas.
«No es función de los consejeros, sean o no miembros del comité de auditoría [como Paz-Andrade], participar en el proceso de confección contable. Sería absurdo, además de imposible, pretenderlo», señalaron. Indicaron que el cometido de estos se limitaba al «control formal», puesto que ya había procedimientos -como la auditoría- que garantizaban que el proceso «discurriese con normalidad y no se incurriera en riesgos».
También negaron que la venta de paquetes de acciones que el exconsejero delegado realizó en enero y febrero del 2013, justo antes de destaparse el fraude, encajara en la definición de uso de información privilegiada para minimizar las pérdidas, pues estas, según sus cálculos, ascendieron a 14 millones de euros.
