El Gobierno comienza a liquidar el rescate de las nueve autopistas quebradas

Carlos Punzón
Carlos Punzón VIGO / LA VOZ

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Imagen de archivo de un peaje de la autopista AP-7
Imagen de archivo de un peaje de la autopista AP-7 Manuel Bruque

Transportes decide no pagar nada por asumir el vial a Barajas y 319 millones por el de Ocaña-La Roda

17 mar 2020 . Actualizado a las 20:53 h.

El Ministerio de Transportes ha empezado a afrontar la liquidación por el rescate de la concesión de las nueve autopistas quebradas en España en el 2017 y que desde hace dos años gestiona directamente a través de la empresa pública Seittsa. Las constructoras y concesionarias de los viales quebrados, la mayoría ubicados en Madrid y su área de influencia, llegaron a cifrar hasta en 5.000 millones de euros la indemnización que en conjunto entendían tenían derecho a recibir para compensar las obras realizadas en la creación de las autopistas y las expropiaciones previas. Los últimos gobiernos de PP y PSOE rebajaron notablemente esa cifra a entre 1.200 y 2.000 millones, y en esa línea se encuadran sus primeras decisiones.

Tal y como manifestó ayer el Ejecutivo central al Congreso de los Diputados, su intención es no pagar nada por la liquidación de la primera de las autopistas que han pasado a sus manos. En respuesta a una pregunta de la diputada de Ciudadanos María Muñoz, el Ministerio de Transportes advierte que en el caso de la M-12, autopista del Eje Aeropuerto, considera que no tiene que afrontar pago alguno a quienes aducen contar con derechos de cobro. Añade que las deudas contraídas por los gestores de la autopista y que ahora deberán ser atendidas por las arcas del Estado, en su mayoría por expropiaciones, son mayores a la cuantía pendiente de reclamar por parte de la concesionaria, Obrascón Huarte Lain.

Se antoja difícil que la constructora admita sin más dicha liquidación, por lo que es previsible que abra la vía judicial con un litigio que durará años.

Tras esta primera liquidación, el ministerio evaluó su responsabilidad patrimonial en una segunda autopista también asumida por la quiebra de su gestora, la AP-36 Ocaña-La Roda. En esta cifra la liquidación se zanja en 318,1 millones de euros, la mayoría se corresponde al pago de la propia construcción de la autopista.

Resta por calcular la liquidación de las otras siete autopistas asumidas directamente por el Estado tras entrar en concurso de acreedores: las radiales madrileñas R-2, R-3/R-5, R-4, AP-7 (Circunvalación de Alicante), AP-7 (Cartagena-Vera), y AP-41 (Madrid-Toledo).

El Gobierno de Mariano Rajoy llegó a calcular que un hipotético rescate de la AP-9 gallega conllevaría una indemnización a Audasa de 4.300 millones de euros, cifra que ya en la recta final del mismo Ejecutivo se elevó incluso a 8.870 millones de euros para descartar entonces siquiera debatir en el Congreso la transferencia de la autopista a la Xunta, por temor a que la Administración autonómica se decidiese en algún momento el rescate de la concesión.

Las autopistas quebradas han seguido una pauta en sus peajes muy diferente a las del resto del Estado. Al ser asumidas por la empresa pública bajaron sus tarifas un 30 % y se hicieron gratuitas por la noche. Este año se congelaron sus precios mientras en la AP-9 subieron un 2,69 %.