Sánchez utiliza el decreto del COVID-19 para blindar a Pablo Iglesias en la comisión del CNI

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

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Iglesias, en una foto de archivo junto a Irene Montero, exigía estar en la comisión de Inteligencia
Iglesias, en una foto de archivo junto a Irene Montero, exigía estar en la comisión de Inteligencia Eduardo Parra | Europa Press

Modifica la ley para que su socio tenga acceso a todos los objetivos de inteligencia

19 mar 2020 . Actualizado a las 19:19 h.

El Gobierno ha utilizado el decreto ley de medidas urgentes para paliar el impacto económico y social del COVID-19 para blindar la presencia del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, el organismo desde el que se controla el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El Gobierno justifica el cambio normativo por la vía del decreto, que elude así el control de las Cortes, en la «extraordinaria y urgente» necesidad de tomar esa medida en las circunstancias actuales, por lo que no puede ser aprobada por «el procedimiento ordinario de tramitación parlamentaria».

En realidad, la incorporación de Pablo Iglesias ya había sido decidida el pasado mes de febrero, pero la decisión chocaba con la norma anterior, que precisaba que esa comisión estaría presidida «por el vicepresidente del Gobierno que designe su Presidente» e integrada «por los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior y Economía, así como por el secretario general de la Presidencia, el secretario de Estado de Seguridad y el director del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como secretario». 

Dudas jurídicas anteriores

Aunque el texto añadía que «podrán ser convocados a las reuniones» los titulares de «aquellos otros órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado que se estime conveniente», con esa redacción la presencia de Iglesias como miembro de pleno derecho generaba dudas legales. Y había sido además recurrida al Tribunal Supremo por Vox, que entendía que no era posible convocar a dos vicepresidentes del Gobierno a la comisión. Ante ello, el Ejecutivo ha decidido reformar directamente la ley aprovechando el decreto de medidas urgentes sobre el coronavirus.

En la disposición adicional segunda del texto que recoge esas decisiones, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se decreta la Modificación de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia. En concreto, se precisa que el apartado 2 de la norma queda redactado de la siguiente manera. «La Comisión estará presidida por el vicepresidente del Gobierno que designe su presidente, e integrada por los vicepresidentes designados por el presidente del Gobierno, las ministras de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y de Defensa, el ministro del Interior y la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como por el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el secretario de Estado de Seguridad y el secretario de Estado director del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como secretario». La reforma legal blinda así por tanto jurídicamente la incorporación como miembros de pleno derecho de Iglesias y del actual director del Gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo. 

Directiva de inteligencia

La misión principal de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia es elaborar la conocida como Directiva de Inteligencia. En ese documento elevan al jefe del Gobierno con periodicidad anual los objetivos del CNI. El texto es uno de los mayores secretos de Estado y solo pueden tener acceso a el los miembros de la comisión y el magistrado del Tribunal Supremo que esté adscrito al control del CNI. Pero, además, la comisión hace un seguimiento periódico sobre el cumplimiento de los objetivos marcados y coordina las relaciones del CNI con los servicios de información de Policía Nacional y Guardia Civil y los órganos de la Administración civil y militar.

Casado afirma que no es «decoroso» usar el coronavirus para satisfacer al líder de Podemos 

La decisión del Gobierno de utilizar el decreto de medidas urgentes para hacer frente a la crisis originada por le coronavirus fue uno de los puntos de fricción con el Gobierno en el discurso del líder del PP, Pablo Casado, durante el pleno celebrado ayer en el Congreso. En una intervención en la que expresó su pleno apoyo a las medidas anunciadas por Sánchez y en la que rebajó considerablemente el tono crítico habitual, Casado cuestionó esa medida. «No nos parece decoroso incluir en un decreto tan sensible para los españoles que lo están pasando mal la reivindicación de su vicepresidente para entrar en el CNI», afirmó durante su intervención. 

Vox anuncia que recurrirá

El líder del PP ya se había mostrado mucho más crítico en febrero, cuando se anunció la presencia del líder de Podemos en la comisión. Algo que consideró un «tremendo error» por sus vínculos, según dijo, con países como Irán, Venezuela, Bolivia o Ecuador. El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, anunció ayer durante el debate que recurrirá ante el Constitucional el real decreto de medidas urgentes por incluir la disposición que garantiza la presencia de Iglesias en la comisión. Acusó a Sánchez de aprovechar la pandemia para introducir «de soslayo» modificaciones legales en la ley que regula el CNI para dar satisfacción a las intenciones «totalitarias» de Iglesias en momentos «dramáticos» en los que hay «500 muertos y miles de afectados». Mucho más duro se mostró en Twitter el líder de Vox, Santiago Abascal, que dijo que es «una canallada infame que ni vamos a callar ni vamos a olvidar».