Los profesionales denuncian que no pueden trabajar por falta de medios y la imposibilidad de guardar la distancia de seguridad con sus pacientes
31 mar 2020 . Actualizado a las 05:00 h.El gobierno central estableció en el decreto aprobado el pasado domingo, 29 de marzo, que el trabajo de los fisioterapeutas es considerado como esencial a pesar de la actual pandemia que medio mundo vive a causa del impacto del coronavirus. Ante tal situación, los profesionales de este ámbito que trabajan en centros privados se han sentido indefensos, ya que dicen no contar con los medios necesarios para desarrollar su actividad, y tampoco pueden asegurar ni su seguridad ni la de sus pacientes al no poder mantener una distancia de metro y medio de seguridad con los mismos.
Una de las trabajadoras que se encuentra en esta situación es Sira Muñiz. La fisioterapeuta trabaja en una clínica ubicada en Langreo y, en nombre de muchos de sus compañeros, pide una solución y, sobre todo, respuestas a sus quejas. «El colegio de fisioterapeutas está trabajando a través de los organismos oficiales, intentando que alguien nos explique el por qué de esta decisión. De palabra, se nos ha dicho que solo debemos atender urgencias, pero cuando un paciente tiene algo que realmente es considerado como urgencia, se le atiende sin problema en la seguridad social. Tenemos constancia de compañeros que trabajan para la sanidad pública han cesado su actividad, y trabajan ahora en otros sectores que necesitan ayuda. ¿Por qué ellos paran y nosotros debemos seguir?», se pregunta la profesional.
Los profesionales de la salud privada cerraron sus clínicas el pasado 14 de marzo, momento en el que se declaró el estado de alarma en todo el país. Afirman haberlo decidido por civismo, al considerar que no podían mantener una distancia de seguridad con sus clientes, muchos de ellos personas de riesgo: mayores, población infantil, personas con dependencia y/o discapacidad, etc. En aquel entonces, la Consejería de Sanidad se puso en contacto con todos ellos para solicitar la donación de todo su material, quedando así ellos desabastecidos, pero permitiendo que en aquellos lugares en los que se necesitase, se contase con una mayor cantidad de guantes, geles desinfectantes, mascarillas y demás material. Tras esta petición, les sorprende que se les pida que vuelvan a trabajar, sin contar con ningún tipo de protección para ello.
Son muchos quienes creen que esta medida va mas allá, ya que esta categorización de «servicios esenciales» les impide solicitar ayudas económicas que muchos de ellos necesitan si quieren evitar el cierre o la quiebra de sus clínicas. «Consideramos que es una medida política. En otras comunidades autónomas se decretó el cierre de las clínicas, pero el Principado dice no tener competencia sobre ello ya que todo se organiza a nivel central. Lo único que demandamos es una respuesta a todo este problema, porque sentimos impotencia ante tal situación», explica Muñiz.
En un escrito en el que colaboran en torno a 300 profesionales que desarrollan en Asturias su labor, explican que no entienden cómo es posible que los fisioterapeutas que trabajan para la sanidad pública, quienes en principio deben atender las urgencias en este ámbito, estén siendo ubicados en otros servicios, mientras que ellos deben permanecer abiertos. «Como sanitarios entendemos que debemos de estar en primera línea, muchos de nosotros nos hemos inscrito en listas de voluntarios para ayudar en caso de necesidad, pero lo que pedimos aquí es una solución para los nuestros negocios», detallan en dicho documento.