Salvador Illa vuelve a llamar a la unidad entre duras críticas de la oposición y de sus socios parlamentarios por la respuesta ofrecida por el Ejecutivo a la crisis
09 abr 2020 . Actualizado a las 08:51 h.El Gobierno trabaja en un plan para proceder a una «desescalada» gradual del confinamiento, tal y como anunció este miércoles el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en su comparecencia semanal en la comisión del ramo. La misma no se comenzará a implementar hasta que «dobleguemos la curva», advirtió, y se ejecutará dentro del estado de alarma, que el Gobierno ya mostró su intención de prorrogar más allá del 26 de abril.
Esta hoja de ruta para la desescalada en la que trabaja «un amplio equipo de profesionales de máximo nivel en varias disciplinas» se concretará «en varias etapas», y atendiendo siempre a cuatro principios fundamentales: «De prudencia, de basar las decisiones en la evidencia científica, de respeto a derechos y libertades de la ciudadanía, y de anticipación y estudio de todos los escenarios». Illa no ofreció esta vez ninguna pista si este plan tendrá distintos ritmos en función de los distintos territorios, tal y como reclaman Canarias o el País Vasco, dos de la comunidades autónomas con la pandemia más controlada. Moncloa estudia que las personas mayores de determinada edad, al ser las más vulnerables, tengan que permanecer confinadas en sus domicilios más tiempo. Entre las primeras medidas de esta apertura puede estar el permiso para practicar deporte en espacios abiertos o la salida de los niños a parques cercanos.
No obstante, Illa insistió en la necesidad de no bajar la guardia. «Hemos conseguido la ralentización, el siguiente objetivo es disminuir más los contagios, conseguir que el número de altas supere al de nuevos enfermos. Es necesario mantener el esfuerzo colectivo que toda la ciudadanía está realizando», defendió.
El titular de Sanidad anunció la aprobación de una orden para el uso del bioetanol para la desinfección, así como la «priorización» absoluta de la distribución de test de diagnóstico en los centros de mayores. También informó de la reciente firma de un acuerdo del Gobierno con el grupo vasco Mondragón para la adquisición de 2,5 millones de mascarillas semanales.
Illa volvió a apelar a la unidad política en «un momento único», ante «un reto sin precedentes» en el que «todos debemos estar a la altura». «Vendrán momentos más propicios para analizar lo sucedido y sacar conclusiones, pero el momento que vivimos es el momento de permanecer unidos».
Sin embargo, la crispación política solo parece ir en aumento. Su comparecencia de hoy en el marco de la comisión de Sanidad vino a constatar que la censura sobre la gestión del Gobierno a la crisis del coronavirus se intensifica. Y apunta tan solo a un pequeño aperitivo de lo será el debate de mañana en el que Sánchez solicitará permiso al Congreso para prorrogar el estado de alarma hasta el 26 de abril, votación que saldrá adelante de forma holgada gracias al apoyo del PP, pero, que a buen seguro, estará precedida de una lluvia de reproches al Ejecutivo, procedentes tanto de la oposición como de sus socios parlamentarios. Muchas de estas acusaciones afloraron en la comisión de este miércoles.
Improvisación, negligencia y caos
La portavoz del PP en la comisión de Sanidad, Cuca Gamarra, acusó al Ejecutivo de haber «llegado tarde a tomar muchas medidas, ha improvisado», lamentó en línea con su intervención de la pasada semana. Y afeó también al Gobierno de coalición «la arrogancia de atribuirse el mérito» del descenso de contagios y el aumento de curados. «El mérito es del esfuerzo de la sociedad española, del personal sanitario, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, del Ejército, y de todos aquellos que trabajan en primera línea, que luchan contra este virus sin las medidas de protección necesarias y sin los test que les han prometido». La falta de material de protección fue una de las denuncias constantes por parte de todos los grupos. «Falló en la prevención, y con su ineficacia y negligencia, están fallando en la protección», abundó Gamarra, que volvió a lamentar que «el 14% de los contagiados corresponde al personal sanitario».
Los populares volvieron a insistir también a Illa que desvele el nombre de la empresa intermediaria que adquirió en nombre del Gobierno un lote de test sin la fiabilidad requerida. Sergio Sayas, diputado de Navarra Suma, celebró la mejoría de la curva, «pero lo que no ha mejorado es la gestión del Gobierno, que sigue instalado en el caos y en la contradicción». Sayas cuestionó también el desfase entre las cifras de muertos aportadas por Sanidad y el número de fallecidos que están registrando algunas comunidades autónomas, muy por encima de los datos oficiales.
En representación de Cs, Guillermo Díaz hizo especial hincapié en los contradictorios mensajes del Gobierno sobre la necesidad del empleo de mascarillas en la población no contagiada. Hasta hace unos días solo recomendaban esta protección para los infectados, pero todos los mensajes en este sentido han desaparecido. «Si estaban equivocados, díganlo, pero un probablemente no es algo determinante. ¿Hay que llevar mascarillas? ¿Sí o no?».
Como ya es costumbre, el tono más elevado lo empleó el portavoz de Vox. Juan Luis Steegmann, que acusó al Gobierno de aprovecharse de «la reclusión» de los españoles, demandó que la reincorporación del personal sanitario contagiado a los centros no puede hacerse sin una prueba PCR (la más fiable) previa que confirme que ya no puede esparcir el virus, y criticó la idea de convertir algunos espacios para confinar a positivos asintomáticos, convirtiendo estos centros en «lazaretos». Steegmann también mostró sus dudas sobre las cifras oficiales de muertos: «Puede ser fácilmente un 75% mayor».
El BNG cuestiona la vuelta al trabajo
Las críticas también fueron palpables por parte de los socios de investidura. Néstor Rego y Gabriel Rufián coincidieron en sus dudas sobre que mañana expire el plazo del permiso retribuido recuperable, lo que supondrá la reanudación de todos los sectores económicos que no se vieron afectados por el primer decreto de estado de alarma, y por consiguiente, que a partir del lunes, muchos ciudadanos regresen a sus centros de trabajo. «Nos parece muy arriesgado, puede provocar pasos atrás, estaremos colocando en grave riesgo de contagio a los trabajadores que el lunes tengan que ir a trabajar sin la protección», sugirió el diputado del BNG. «¿Está el Gobierno en condiciones de favorecer a todos los trabajadores material de protección? Si no es así, esa decisión nos parece sencillamente una irresponsabilidad».
El portavoz de ERC profundizó en esta cuestión. «No tiene ningún sentido pedirle a la gente que vaya a comprar de uno en uno, y facilitar que se metan en un vagón atestado un lunes. Se dejan llevar más por las presiones de la patronal que por el propio virus», acusó el líder secesionista, que rechazó una reedición de los Pactos de la Moncloa propuesta por el Gobierno, reclamando prioridad a las reivindicaciones soberanistas de Cataluña y el País Vasco.