El anticipo de liquidez autonómica: dinero para hoy con devolución mañana

Las comunidades están pagando aún al Estado 24.250 millones de la liquidación negativa de la última crisis


madrid / la voz

Los problemas, de uno en uno. Según el Ejecutivo, lo urgente ahora es que las comunidades dispongan de liquidez para hacer frente a la crisis sanitaria, y a ello responde el anticipo de liquidez del sistema de financiación autónomica que les anunció Pedro Sánchez a los presidentes de las comunidades. 14.000 millones de euros que, pese a que la Moncloa les puso el apellido de «extras», no lo son, pues corresponden a la mejora de la financiación territorial ya prevista para este ejercicio que, como subrayó el presidente del Gobierno, frisará los 116.000 millones, un 7,32 % más que en el 2019.

Ese adelanto de dinero proviene del anticipo de las entregas a cuenta del 2020, además del 50 % de la liquidación definitiva, también anticipada (5.500 millones), de la financiación correspondiente al 2018, junto con el reparto del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), los préstamos a los que se acogen las comunidades con dificultades para emitir deuda por su cuenta. Sin embargo, el oxígeno que a corto plazo supone para unas arcas autonómicas muy presionadas por la gastos de la lucha contra la pandemia, puede acabar siendo, como dice el refrán, pan para hoy y hambre para mañana.

¿El motivo? Que las entregas a cuenta son dinero que se adelanta a las comunidades sobre la recaudación que se espera tener de IVA e IRPF en el ejercicio, pero su liquidación definitiva -las cuentas sobre la recaudación real- no llegará hasta dentro de dos años. El riesgo es que, ante un más que previsible desplome recaudatorio por el impacto del virus (el Consejo General de Economistas lo acaba de estimar en unos potenciales 40.000 millones), las comunidades tendrían que devolver al Estado el exceso de financiación que se les haya otorgado.

La situación no es en absoluto desconocida para las autonomías, que aún están pagando a la Administración central 24.250 millones correspondientes a la factura de la última crisis. El error en la estimación de la evolución económica en el 2009 -el Gobierno de Zapatero esperaba un crecimiento del 1 % del PIB y acabó desplomándose un 3,8 %, es decir, una desviación cercana al 5 %- generó un descomunal desfase entre las entregas a cuenta a las comunidades y la liquidación final del ejercicio.

Galicia paga 85 millones al año

Por ello, la liquidación negativa en el 2008 ascendió a 5.514 millones, que al año siguiente se disparó a 18.736. La traducción práctica fue que el ministerio (entonces de Economía y Hacienda) obligó a las autonomías a devolver más de 24.000 millones, con cuantías que oscilan entre las más abultadas de Andalucía o Cataluña (6.113 y 3.169 millones respectivamente) y las más moderadas de La Rioja o Baleares (249 y 340). En el caso de Galicia, la cantidad a reintegrar frisa los 2.200 millones, de los que están pendientes la mitad. La Xunta los abona a razón de 85 millones anuales, después de que el Gobierno de Rajoy ampliara (primero a 10 y luego a 20 años) el plazo de devolución que la Ley de Financiación Autonómica del 2009, aún vigente, fijaba en cinco. La factura a devolver este ejercicio se eleva a 936 millones para el conjunto de las comunidades.

Las comunidades critican que no haya fondos adicionales a los que ya les correspondían

La respuesta de los presidentes autonómicos al intento de la Moncloa de vestir como presupuesto adicional los anticipos de los fondos ya previstos en la financiación territorial de este año fue inmediata. Casi una decena de comunidades criticaron precisamente que no fuera una partida «extra», pese a que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, insistiera en que el anticipo era un «mecanismo absolutamente extraordinario».

Los reproches al Ejecutivo se repitieron con independencia del color político de los Gobiernos autónomos, ya que llegaron desde Galicia, Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Madrid o Murcia -gobernadas por el PP-, pero también desde Baleares, la Comunidad Valenciana y, por supuesto, Cataluña.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, reclamó que es el Estado quien debe aportar los recursos para luchar contra la pandemia, mientras que desde Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco afeó que «vendieran como extraordinario» los anticipos a cuenta. La misma crítica repitieron el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, y el andaluz, Juanma Moreno, subrayando la necesidad de contar con «recursos específicos» contra la enfermedad.

El murciano Fernando López Miras exigió que las cuantías anunciadas sean «no reembolsables» -que el Ejecutivo no reclame en el futuro la liquidación negativa, si la hubiera-, mientras que la presidenta balear, Francina Armengol, insistió, como su homólogo valenciano, Ximo Puig, en que no eran «fondos extra», por lo que lo consideró «insuficiente».

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