El último conflicto tiene nombre propio: el del general José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. El lunes dijo algo que sonó escandaloso: la Benemérita trabaja en minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por el Gobierno. ¿Pero esto qué es?, nos preguntamos todos. ¿La Guardia Civil se dedica a proteger al Gobierno de las críticas? Ni su jefe supremo, Grande-Marlaska, aceptó esas palabras y, en un gesto de buena voluntad, se limitó a decir que las entendía como «un lapsus». Tampoco fue afortunada la defensa que hizo el doctor Simón al atribuir las críticas a un deseo de hacer daño al comité técnico. Y el conflicto se agravó al conocerse un email del mismo general que habla de «identificación, estudio y seguimiento en relación con la situación creada por el COVID-19 de campañas de desinformación (y de) bulos y fake news susceptibles de generar estrés social y desafección a instituciones del Gobierno». En ese escrito-circular hay otro lapsus: hablar de instituciones del Gobierno, porque las instituciones son del Estado.
Pasados dos días del episodio, este cronista tiene también alguna pregunta: ¿no será otro lapsus ver en las palabras del general Santiago un ataque a la libertad de expresión? Mi respuesta es: sí. A este militar se le puede reprochar que utilizó mal las palabras, pero nada más. No se ataca a la libertad de expresión cuando se investigan -y se persiguen- bulos y fake news. También la Policía Nacional hace esa labor y lo hace sin secretismo, porque con frecuencia vemos a policías en las televisiones descubriendo bulos y lo entendemos como un servicio público. Perseguir las fake news es ayudar a la libertad de información, porque ayuda a que el público distinga la información contrastada de la desinformación fabricada y falsa. De hecho, todos los estados han encomendado a sus servicios de inteligencia esa labor, porque detrás de las falsedades se esconden delincuentes e incluso potencias extranjeras, con voluntad de desestabilizar a otros países.
Si un gobierno utiliza a una fuerza de seguridad como la Guardia Civil para cercenar la libertad de expresión, ¿qué decir del partido Podemos cuando reclama lo mismo, que se investiguen los bulos y a sus fabricantes? ¿Está atentando también contra esa libertad fundamental? No recuerdo haber leído críticas en ese sentido. Ni siquiera los medios más próximos a la derecha política, tan duros ahora con el general Santiago, mostraron la misma dureza con el partido de Pablo Iglesias, a pesar de que es gobernante. En resumen: quizá el general está mal elegido como comunicador. Pero él mismo y la Guardia Civil cumplen una misión que me atrevo a calificar como fundamental.