El Gobierno se enfrenta a un rosario de denuncias por su gestión de la crisis

Susana Luaña Louzao
Susana Luaña REDACCIÓN / LA VOZ

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Mariscal

Las manifestaciones del 8M, la falta de protección o los fallecimientos de infectados centran la mayoría de las demandas

01 may 2020 . Actualizado a las 15:54 h.

Era evidente que luchar contra una epidemia desconocida hasta la fecha iba a desgastar al Gobierno, pero al margen de las consecuencias políticas de su gestión, el equipo de Pedro Sánchez y los altos cargos de su Gabinete tendrán que enfrentarse a una serie de reclamaciones judiciales, de las que no se escapan tampoco algunas autoridades autonómicas, por su actuación en la crisis del coronavirus. Desde las primeras demandas por permitir las manifestaciones del día de la mujer a las reclamaciones más recientes por las mascarillas defectuosas, van ya una quincena, y podrían aumentar en los próximos días.

Las manifestaciones

Manos Limpias. El sindicato Manos Limpias presentó una querella contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir las manifestaciones del 8 de marzo pese a las voces que lo desaconsejaban. A su entender, las movilizaciones produjeron «una espiral de contagios» en la capital.

En Valencia. El abogado Mariano Lorente presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia una denuncia por prevaricación, lesiones y homicidio imprudente contra el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, la delegada y el subdelegado del Gobierno y otras autoridades por permitir actos multitudinarios en medio de la pandemia.

Un abogado gallego. El abogado gallego Víctor Valladares denunció ante el Supremo al presidente del Gobierno por autorizar concentraciones multitudinarias en los días previos a la declaración del estado de alarma; entre ellas, las manifestaciones del 8M.

Las libertades

Extralimitaciones. El abogado Antonio Cortés denunció a Pedro Sánchez por un presunto delito contra los derechos fundamentales, al entender que se había extralimitado en las restricciones del estado de alarma; en concreto, en lo referente a la libre circulación, el cierre de fronteras, la libertad empresarial o el derecho de reunión y manifestación.

Medidas de protección

El sindicato CSIF. Denunció al ministro de Sanidad, Salvador Illa, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, por falta de previsión e insuficientes medidas de protección ante los contagios.

Querella de los enfermeros. El Consejo General de Enfermería de España presentó una querella en el Supremo contra el presidente del Gobierno y el ministro de Sanidad, así como contra otros cargos del Ministerio, por un delito contra la seguridad de los trabajadores, por la falta de material para realizar su trabajo y por la oleada de contagios.

Plataforma de afectados por la pandemia. La entidad, creada a raíz de la crisis, presentó una denuncia ante el Supremo contra Salvador Illa y los responsables del Gobierno por la mala gestión de la crisis y la falta de transparencia.