La Oficina Antifraude de la UE alerta del desvío millonario de fondos a las cuentas de Izquierda Unida
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Asegura que las donaciones de políticos y asesores no son ilegales, pero insta a regularlas e intentar recuperarlas
02 may 2020 . Actualizado a las 10:35 h.La Oficina Europea contra el Fraude (OLAF, por sus siglas en inglés) alertó este jueves de que un número de eurodiputados de dos Estados miembros diferentes, a los que no identifica directamente, desviaron parte de sus salarios mensuales de la pasada legislatura a las arcas de sus formaciones en sus países de origen.
La formación que actuó así fue la española Izquierda Unida (IU) durante la pasada legislatura parlamentaria (2014-2019), según confirmó a Efe ese partido. En un comunicado, la OLAF señaló además que los miembros de otro partido político incrementaron los sueldos de sus asistentes para que ellos también pudieran contribuir a los presupuestos de los partidos en sus respectivos países.
En total, ambas investigaciones apuntan a un desvío que supera los 1,18 millones de euros. La investigación que afecta a IU fue puesta en marcha en el 2017 y el 2018 y apunta a que sus eurodiputados y personal de su delegación en el Parlamento Europeo pagaron más de 640.000 euros a las arcas nacionales del partido en la legislatura anterior a la actual, entre 2014 y 2019.
Según la institución antifraude, estos pagos se hicieron para cumplir las obligaciones con un documento financiero del partido que se había aprobado específicamente para la delegación del mismo en la Eurocámara.
«Esta investigación estaba relacionada con el excedente que donan voluntariamente los cargos públicos de IU. En IU se establece un techo salarial a todos los cargos públicos y trabajadores contratados. Todo el dinero que excede del máximo se propone que sea cedido a la organización para seguir con su trabajo político», explicaron fuentes de IU en el Parlamento.
«Estamos orgullosos de que nuestros cargos públicos contribuyan de esta manera al mantenimiento y fortalecimiento de la acción política de nuestra organización», apuntaron, destacando que ese dinero se declara al Tribunal de Cuentas y es auditado cada año, sin que haya sido detectada irregularidad ninguna.
La formación afirma que al finalizar la investigación, a principios de enero, OLAF informó por carta a los antiguos eurodiputados de que habían remitido el informe final al Parlamento y harían una serie de recomendaciones administrativas, pero «en ningún momento se hablaba de incumplimientos del Reglamento».
IU no ha tenido acceso al informe final de la OLAF, indican las mismas fuentes.
La segunda de sus pesquisas señala que otro grupo de eurodiputados pagó entre 3.000 y 4.000 euros al mes a su partido hasta un total de más de 540.000 euros en los cinco años que duró la pasada legislatura. «La investigación también reveló que el partido había pedido a sus asistentes parlamentarios que contribuyeran. Aunque no se han encontrado pruebas de que los eurodiputados obligaran a su personal a hacerlo, sí que eran conscientes de que esto estaba sucediendo y de hecho colocaron a sus asistentes en una clasificación más elevada y con un salario más alto», afirma la OLAF.
La OLAF considera que el Parlamento Europeo debería contar con «sanciones efectivas para abordar la violación de sus normas y permitir la recuperación de las cantidades que ha establecido la investigación», y propuso acciones disciplinarias en respuesta a la primera investigación.
Respecto a la segunda, la OLAF recomienda al Parlamento que se asegure de que las cantidades que los asistentes parlamentarios desviaron a los partidos nacionales sean recuperadas, así como que se inicien acciones disciplinarias contra los asistentes por seguir las instrucciones de su partido cuando estas contradecían a sus obligaciones estatutarias hacia la Eurocámara.
Fuentes del Parlamento Europeo señalaron a Efe que este cuenta con un sistema de sanciones cuando se trata de asistentes o de mala utilización de las dietas, lo cual le permite recuperar el dinero.
No obstante, no existen mecanismos de sanción cuando se trata del salario de un diputado, ya que el estatuto de los miembros recoge que cualquier acuerdo entre el diputado y su partido es «nulo y no existente», por lo que «es el diputado el que debe oponerse a cualquier intento del partido de ir contra lo que dice el estatuto». Modificar el estatuto de los eurodiputados exige una decisión del Consejo.