Un 98 % de los beneficiados son pymes y autónomos
08 may 2020 . Actualizado a las 09:12 h.La vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, afirmó este jueves que, hasta ayer, se registraron casi 300.000 operaciones entre los tres tramos aprobados de la línea de avales públicos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), por un montante total de casi 40.000 millones de financiación garantizada, y en un 98 % de los casos de las operaciones han sido con pymes y autónomos.
Calviño ha detallado que hasta ayer, miércoles, se registraron casi 300.000 operaciones, por un montante total de financiación garantizada de casi 40.000 millones. El 98 % de esas operaciones han sido con pymes y autónomos.
Turismo, ocio y cultura
Por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía son las que mayor porcentaje de importe total de aval solicitado concentran, pero en todas las comunidades y ciudades autónomas se han registrado operaciones, ha apuntado.
En cuanto a los sectores, ha indicado que el turismo, el ocio y la cultura son los que más peso tienen tanto en operaciones como en cantidades avaladas, aunque también destaca la intensidad en el uso de esta línea por parte de la construcción, las infraestructuras, el comercio minorista y mayorista, y los servicios empresariales, profesionales y administrativos.
No irán a empresas con sede en paraíso fiscal
Calviño explicó que de los 64.500 millones aprobados en los tres tamos de la línea de avales, 40.000 millones están reservados para créditos a pymes y autónomos, otros 20.000 millones para créditos a grandes empresas.
Asimismo, indicó que el pasado martes se amplió en el Consejo de Ministros la línea para avalar nuevas emisiones de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fijo por 4.000 millones y se han destinado 500 millones a reforzar el reaval que la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa) brinda a las sociedades de garantía recíproca de las comunidades autónomas.
Asimismo, subrayó que en las condiciones de estos avales se precisa que estos fondos no podrán ir a empresas con sede en paraísos fiscales ni tampoco se podrán utilizar para repartir dividendos, sino únicamente para hacer frente a necesidades de liquidez.
La vicepresidenta tercera también aclaró que las entidades no podrán cargar ningún coste financiero o gasto sobre los importes no dispuestos por los clientes.