El Gobierno logra abrir los juzgados en agosto gracias al apoyo del PNV y ERC al decreto
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Propone juicios telemáticos y dobles turnos tras la pandemia
14 may 2020 . Actualizado a las 08:50 h.El Gobierno consiguió este miércoles sacar adelante su «plan de choque» en la Administración de Justicia para hacer frente a la resaca del covid-19 en los juzgados. Los apoyos de PNV y ERC, socios preferentes en la investidura de Pedro Sánchez, permitieron que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, salvara el obstáculo legislativo con solo dos votos por encima de la mayoría. Ciudadanos, que la semana pasada respaldó la prórroga del estado de alarma, se desmarcó del real decreto con un no y duras críticas al ministro.
En estos nuevos tiempos para Ciudadanos, Inés Arrimadas justificó que su partido debatirá cada asunto, pero «en este caso el Gobierno no accedió a cambiar una serie de cuestiones que eran importantes», por lo que no respaldó el plan temporal para reactivar la actividad judicial.
El portavoz de los naranjas en el Congreso, Edmundo Bal, fue especialmente crítico con la negociación del ministro, al que acusó de querer amedrentar a los funcionarios con un plan a todas luces insuficiente. El diputado explicó que su formación venía al Parlamento a hacer «política útil», de «mano tendida para exigir consenso y responsabilidad pero en ningún caso secundar decisiones unilaterales» como la que propuso Campo.
Los portavoces de Justicia de PNV y ERC fueron más pragmáticos y apoyaron el real decreto porque las circunstancias actuales lo requiere, aunque exigieron al ejecutivo más compromisos efectivos para la Justicia en el plazo de tramitación de la medida como proyecto de ley.
Oposición de los profesionales
Otro grupo que se mantuvo en el no al Gobierno fue Junts per Catalunya. Su portavoz Jaume Alonso-Cuevillas, a la sazón abogado de Carles Puigdemont, consideró el proyecto como «un brindis al sol sin ninguna eficacia práctica», mientras que la CUP, PP y Vox reiteraron su rechazo.
A estos partidos se sumó la mayoritaria oposición de agentes jurídicos como los abogados, a través de sus respectivos colegios, o los procuradores. La razón es que el plan de choque incluye la habilitación laboral del período que va del 11 al 31 de agosto para mitigar la suspensión de la actividad judicial ordinaria desde el pasado 14 de marzo, con la entrada en vigor del estado de alarma. Uno de los motivos alegados también por Ciudadanos.
Reacciones
Esta misma semana tanto el Consejo General de la Abogacía como los Procuradores aplaudieron el anuncio del Consejo General del Poder Judicial (en el que instaban a los jueces y magistrados a concentrar en el mes de agosto sus vacaciones. Un claro gesto contra esta propuesta de Justicia.
El plan incluye aportaciones de la Fiscalía, del propio CGPJ o de la Abogacía Española, que ha tenido que hilar muy fino por el malestar de los colegios de abogados. Destacan los juicios telemáticos, el refuerzo de la tramitación digital, de los juzgados especializados en aquellas jurisdicciones más afectadas por la crisis sanitaria y se habilitarán las jornadas vespertinas. Los 178 votos a favor del real decreto, que contó con 161 noes y 10 abstenciones, permitirán poner en marcha estas medidas.