Las empresas europeas ante el dilema: o se reducen las plantillas o se cierra

Alemania no blinda el empleo tras un ERTE y los Países Bajos dejarán de multar por despedir


redacción / la voz

Más que un despertar tras el largo período de hibernación, la reactivación de la economía se presenta como un salto al vacío. Las perspectivas de facturación de las empresas europeas están rodeadas de una enorme incertidumbre. A medida que los Gobiernos europeos sopesan cómo prorrogar y adelgazar gradualmente los balones de oxígeno que han supuesto los ERTE en todas sus variantes, las compañías tendrán que lidiar con la realidad: es probable que la moratoria a esos salvavidas no sea suficiente y muchas se vean abocadas a reducir plantillas o cerrar. Pero, ¿cómo lo harán si en algunos países está prohibido el despido tras un ERTE?

En España, el Gobierno ha abierto la puerta a los ajustes de personal en empresas que se han beneficiado de la suspensión temporal de empleos. Para ello deberán acreditar el riesgo de concurso de acreedores. La medida está encaminada a aliviar su despegue a partir de julio. No obstante, las maniobras recientes de los socios de Gobierno para desmembrar la reforma laboral y encarecer el despido ponen en cuestión ese compromiso. Un movimiento inoportuno que ha conseguido sacar de sus casillas a la ministra de Economía, Nadia Calviño, volcada en convencer a los socios europeos de que España merece respaldo financiero. A pesar del revuelo, la política española no es la única en sufrir las tensiones que asoman en el mercado laboral.

Países Bajos

Fin a las multas por despido. El Ejecutivo holandés apuesta por facilitar los ajustes de plantilla y eso ha hecho saltar por los aires la unidad entre las fuerzas del Gobierno y la oposición. A partir del próximo 1 de junio se levantarán las penalizaciones a los empresarios que rescindan contratos de los 1,9 millones de trabajadores holandeses en ERTE. Aunque lo hagan, no les retirará la ayuda ni se les obligará a reembolsar el dinero en cotizaciones. «Será mejor que permitamos que una empresa despida al 10 % de su personal para que se salve al otro 90 %. De lo contrario, se perderá el 100 % del empleo porque la empresa iría a la bancarrota», sotiene su ministro de Asuntos Sociales, Wouter Koolmees, quien da por hecho que no podrán salvar a todos. Esta precarización de las condiciones laborales ha puesto en pie de guerra a socialistas, ecologistas, izquierda radical y hasta al partido de los jubilados (50 Plus). 

Alemania

No se garantiza el empleo. Alemania tiene a unos 10 millones de trabajadores bajo el paraguas del kurzarbeit, el esquema alemán de desempleo temporal. El Gobierno confía en los convenios colectivos para despejar el futuro de las empresas. Tanto es así, que el marco legal no ofrece ningún tipo de protección frente a los despidos en compañías acogidas a ERTE, como ocurre también en Francia y en Bélgica. A pesar de la aparente manga ancha, los empresarios han puesto de su parte al cofinanciar las prestaciones de los empleados suspendidos de empleo hasta alcanzar con la ayuda del Estado el 80 % de los ingresos. Los trabajadores despedidos temporalmente de Volkswagen pueden alcanzar hasta el 95 % y muchas firmas se han comprometido a mantener el empleo. Unas circunstancias que podrían cambiar si la reactivación económica tarda más de lo previsto en un país muy dependiente de las exportaciones.

Austria

Tiempo mínimo. Según datos de la Confederación Europea de Sindicatos (ETUI), el país centroeuropeo apuesta por un modelo de garantías mínimas. Una empresa que se acoge a un ERTE de dos meses deberá mantener a toda la plantilla reincorporada otros tres después de su apertura. A medida que se prolonga la asistencia, aumenta el compromiso con el empleo. Se trata de un modelo que desincentiva la asistencia estatal

Italia y Grecia

Prohibido despedir. Paradójicamente, las empresas de los dos países que liderarán el desplome de la economía este año, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), son las que menos margen de maniobra disponen para poder adaptarse a un escenario de baja demanda y restricciones de aforo. El Ejecutivo italiano decretó a finales de marzo la prohibición de los despidos durante dos meses y bajo sus dos esquemas de regulación temporal de empleo no se permite echar a trabajadores, salvo algunos colectivos en casos muy excepcionales. Grecia tampoco permite despedir mientras las empresas sigan recibiendo una ayuda mínima del Estado, si bien es cierto que la falta de fondos les obliga a prorrogarlas de mes en mes.

Una garantía de seis meses en los ERTE de fuerza mayor, pero cada vez menos rígida

En el caso de España, la cláusula de mantenimiento de las plantillas tras un expediente de regulación temporal de empleo se aplica solo en el caso de los ERTE por fuerza mayor, ya que son los únicos en los que la empresa se exonera las cotizaciones a la Seguridad Social por sus empleados, que se siguen abonando si el ajuste se fundamenta en causas económicas, técnicas o de organización.

En cualquier caso, esa garantía de empleo se ha ido flexibilizando a golpe de decreto y ya no es tan rígida como anunció inicialmente el Gobierno. Así, según lo pactado en el acuerdo con los agentes sociales para la prórroga de los ERTE, ese mantenimiento del empleo no se considerará incumplido en ciertos supuestos, como los despidos por causas disciplinarias o la extinción de un contrato temporal por fin de obra o vencimiento del plazo pactado. Además, se valorarán las circunstancias concretas de cada sector, de forma que por ejemplo en el turismo se podría permitir una reducción de plantilla en temporada baja, puesto que era la tónica general todos los años.

Otra vía de escape es que la garantía del empleo no se aplicará a las empresas en riesgo de caer en concurso de acreedores y, en cuanto al plazo, los seis meses empiezan a contar cuando se rescata del ERTE al primer trabajador y no tras el fin del estado de alarma, como se anunció inicialmente.

Lo único que no se ha flexibilizado son las penalizaciones, ya que la empresa que incumpla esa cláusula de mantenimiento del empleo deberá devolver el importe íntegro de las cuotas no abonadas por todos los trabajadores, aunque solo despida a uno.

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