Fedea desaconseja derogar la reforma laboral y sugiere poner fin a la prohibición de despido tras el ERTE
25 may 2020 . Actualizado a las 16:37 h.El golpe del covid-19 a la economía ha dejado temblando a empresas, familias y arcas públicas. La magnitud del impacto se está sintiendo con especial intensidad en el mercado laboral: En solo dos meses de reclusión hasta cinco millones de españoles se han quedado sin empleo, de forma temporal o definitiva. El paro alcanza así un récord histórico con hasta 8,4 millones de ciudadanos desprovistos de trabajo.
El déficit al 12 %
Es la cifra que arroja un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Sus conclusiones son descorazonadoras: El paro efectivo ha escalado en el mes de abril hasta el 36,4 %, sumando el desempleo registrado, los afectados por ERTE y quienes han tenido que notificar ceses involuntarios de la actividad ligados al covid-19. Una situación de «extrema gravedad» que exigirá una palanca de financiación pública descomunal, nunca vista. La entidad estima que el gasto público aumentará este año en 50.000 millones de euros a los que se tienen que sumar los vencimientos de deuda por 130.000 millones de euros. Los ingresos irán en caída libre así que los expertos de Fedea creen que el déficit presupuestario podría ascender a 130.000 millones de euros (casi el 12 % del PIB). Haciendo cuentas, las necesidades de financiación que tendrá España este año podrían alcanzar los 300.000 millones de euros: «Supondría un reto casi imposible sin la ayuda de las instituciones europeas», admiten. España tendrá que recurrir a los distintos fondos habilitados por la UE para mantener a flote las economías más afectadas.
Prolongación de los ERTE
Al «dramático deterioro de las cuentas públicas» que augura Fedea hay que añadir la incertidumbre empresarial. España está todavía en el umbral de la crisis. Muchas empresas, desde las más grandes a las más pequeñas, están considerando seriamente la posibilidad de echar el cierre permanente si la demanda no se recupera y los agujeros en la facturación persisten. Por eso la Fundación aplaude el acuerdo para extender las redes de apoyo a lo largo de los próximos meses, desvinculando los ERTE por fuerza mayor del estado de alarma. «Es un paso en la dirección correcta», aseguran. No obstante, abogan por fijar criterios explícitos para la extensión de la fuerza mayor en los sectores que lo pudieran necesitar y un mecanismo de retirada gradual de las ayudas que, al menos en determinados sectores, debería incluir la conversión automática de los ERTEs por fuerza mayor en otros por motivos económicos, así como contemplar la posibilidad de retrocesos temporales del proceso de desescalada.
Fin a la prohibición de despidos
Otro punto crítico para el Gobierno, la patronal y los sindicatos es la prohibición de los despidos tras un ERTE. Fedea defiende que la medida que garantiza el empleo durante los 6 meses posteriores a la incorporación de los trabajadores debería eliminarse porque puede poner «en peligro» la viabilidad de muchas empresas, incapaces de levantar el vuelo con una facturación a la baja y una plantilla sobredimensionada. «La excepción que se ha añadido en el último decreto, por riesgo de entrar en concurso, supone una exigencia excesiva y de difícil comprobación, que también agrava la inseguridad jurídica a la que se enfrentan las empresas tras la finalización del estado de alarma», advierten.
Derogación de la reforma laboral: «Desaconsejable»
El terreno caliente en el que más fricciones se dan es el de la reforma laboral. Tras el rifirrafe en el Ejecutivo a costa de su derogación, parcial o íntegra, ha puesto en pie de guerra a los empresarios, quienes creen que el anuncio fue inoportuno y desleal. Fedea se suma a esa tesis. Creen que se puede agravar la inseguridad en los negocios y hundir aún más las perspectivas de inversión y contratación. «Aunque hay aspectos de esta reforma que seguramente convendría revisar, su derogación total supondría desandar buena parte del camino andado en los últimos años para reducir la excesiva rigidez de nuestro mercado de trabajo, apunta Fedea. Sus expertos son claros: «Sería desaconsejable» en un momento en el que la «flexibilidad es esencial para la preservación del tejido empresarial y el mantenimiento del empleo a medio y largo plazo».
Comunidades Autónomas «sobreprotegidas»
El informe es especialmente crítico con el fondo anunciado por Sánchez para regar a las autonomías con 16.000 millones de euros. Los expertos de Fedea creen que no es equitativo ni eficiente. Aunque entienden cierta mutualización de los costes, consideran que no deben eliminar los incentivos para adaptarse a la nueva situación en las autonomías. «Como ya sucedió en la crisis anterior, el Gobierno central ha optado por sobreproteger a las Comunidades Autónomas, absorbiendo enteramente los efectos inmediatos del shock de una forma que permitirá a estas administraciones posponer la necesaria reacción más de lo que sería prudente», deslizan. A este «problema de eficiencia» opina que se suma otro de equidad, ya que el reparto del tercer tramo del fondo (que compensaría las pérdidas de recaudación propia) busca preservar la distribución actual de la financiación autonómica, que «no es precisamente equitativa». Por eso proponen que el desembolso se haga en forma de créditos y no en transferencias no reembolsables.