La jueza que investiga el 8M avisa a Interior de que el informe por el que fue cesado Pérez de los Cobos es secreto

Rodríguez Medel amenaza con actuar si el coronel fue cesado por obeder sus órdenes de guardar silencio sobre el sumario

El coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, en una imagen de archivo
El coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, en una imagen de archivo

REDACCIÓN / AGENCIAS

La jueza que investiga el 8M ha remitido una carta al Ministerio del Interior en la que recuerda que ha dado orden a la Guardia Civil -que actúa como Policía Judicial- de «guardar rigurosa reserva» sobre las investigaciones y advierte de responsabilidades penales si no se actúa de esta manera.

El oficio fue remitido este lunes por la mañana al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y coincide con el cese del jefe de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, que ordenó ayer mismo el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

Fuentes cercanas al Instituto Armado señalan a Efe que la destitución se produjo por «pérdida de confianza» al no haber comunicado que había remitido al juzgado un informe sobre las manifestaciones del 8M, que apunta a la responsabilidad del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien, en su opinión, manejaba datos que evidenciaban la gravedad de la crisis tres días antes del Día de la Mujer.

En su escrito, la magistrada señala que «desde el primer día» de la investigación, dio «orden expresa» a la Policía Judicial de «guardar rigurosa reserva» sobre la evolución y resultado de las investigaciones encomendadas, así como «de todas las informaciones» que a través de ella obtengan, de modo que «solo se informará a esta magistrada-jueza».

Advierte, además, de que «la infracción de dicho deber será corregida disciplinariamente sin perjuicio de otras responsabilidades a que la misma pudiera dar lugar -que pudieran ser penales-», una cuestión que hasta la fecha no le consta que se haya producido pero que «podría dar lugar a la correspondiente investigación» por el juzgado en caso de que así fuera.

La jueza cita en su misiva el artículo 126 de la Constitución que dice que «la policía judicial depende de los jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca»

Marlaska cesó al coronel, que fue el coordinador del dispositivo policial del 1-O en Cataluña, por «pérdida de confianza», según manifestaron a Efe fuentes del Ministerio, sin dar más detalles. Sin embargo, otras fuentes próximas al instituto armado indicaron a Efe que el cese puede estar motivado por el citado informe, si bien no tanto por su contenido como por no haber comunicado que se iba a entregar a la jueza, pese a tratarse de un tema «delicado».

La magistrada advierte en su último escrito a las partes personadas, Fiscalía y Abogacía del Estado, y al personal del juzgado de que «la difusión de documentación aportada a la causa o del resultado de lo actuado puede dar lugar a responsabilidad, en su caso, incluso penal».

La policía judicial es la unidad encargada de investigar un presunto delito por encargo del juez o del fiscal, depende funcionalmente de ellos en su trabajo y solo ellos pueden apartarlos mientras duren las pesquisas, sobre las que deben guardar «rigurosa reserva».

Sus funciones están claramente reguladas en la Constitución, un real decreto de 1987 y las leyes del Poder Judicial y de Enjuiciamiento Criminal, recuerdan representantes de distintas asociaciones judiciales consultados por Efe después de que el Ministerio del Interior cesara al coronel Diego Pérez de los Cobos.

¿Conocía el coronel que los agentes adscritos a la unidad de policía judicial habían realizado esa investigación por encargo del juzgado de instrucción número 51 de Madrid?, se preguntan varios de los magistrados consultados. En cualquier caso, dicho el informe solo debía conocerlo la magistrada.

En un asunto que puede afectar a una autoridad política, como un alcalde, explica el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, es relativamente normal que el juez instruya a los policías judiciales para que mantengan una especial reserva y no informen ni a sus mandos.

Fernández Vaquero subraya la necesidad de respetar la independencia judicial y teme que se dinamite la confianza de la sociedad en ella; «los partidos tienden a desprestigiar el sistema, cuando el sistema es la última garantía que tienen los ciudadanos».

La policía judicial, incide el portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), Ignacio González Vega, sigue las órdenes del juez o del fiscal y sus mandos «orgánicos», es decir, dentro de la policía o de la Guardia Civil no pueden darles instrucciones contradictorias.

La presidenta de Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez, por su parte subraya el deber de «reserva» y «confidencialidad» de los miembros de la policía judicial, y recuerda que, de vulnerarlo, podrían incurrir en responsabilidades, no solo de carácter disciplinario, sino también penal.

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