La vivienda habitual no computará para pedir la renta mínima

El Gobierno ultima la redacción del texto de la nueva prestación, que en junio solo cobrarán de oficio 100.000 familias

Colas ante la Cocina Económica de A Coruña
Colas ante la Cocina Económica de A Coruña

Madrid / La Voz

Cuenta atrás para la aprobación del esperado ingreso mínimo vital (IMV). Tal y como anunció el presidente del Gobierno en su última comparecencia, verá la luz esta semana, pero lo hará en el Consejo de Ministros extraordinario previsto para el viernes, y no en el ordinario de este martes. La redacción final del texto legal -objeto de fricción entre el vicepresidente Pablo Iglesias y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá-, aún está abierta, según confirmaron fuentes del Ejecutivo, pero las líneas generales de la nueva prestación, pese a haber sufrido cambios en las últimas semanas, ya están definidas. Las claves se detallan a continuación:

¿En qué consiste?

Se ha diseñado como una renta mensual, común para el conjunto del país, que garantice un umbral mínimo de ingresos a los hogares con menos recursos. Y, aunque está enfocada a aquellos en situación de pobreza severa (es decir, con unos ingresos por unidad de consumo inferiores a 230 euros al mes), podrán acceder todas las familias que no lleguen al mínimo de renta fijado en función del número de miembros y edad de los mismos. Se trata de un complemento, por lo que será compatible con otras prestaciones o con salarios. El Ejecutivo estima que amparará a cuatro de cada cinco personas que padecen pobreza severa. Aunque los primeros cálculos cifraban en un millón de hogares y tres millones de ciudadanos los beneficiarios potenciales, las últimas estimaciones del ministerio que lidera Escrivá son más conservadoras: llegará a unas 850.000 familias y a 2,3 millones de personas. La factura total ascenderá a unos 3.000 millones de euros.

¿Cuál será la cuantía?

El ingreso mínimo vital oscilará entre los 461 euros mensuales que pecibirá un hogar formado por un solo adulto (cuantía equivalente a los 395,6 euros por 14 pagas de la prestación no contributiva de la Seguridad Social) y los algo menos de 1.100 euros para las familias de cuatro miembros, según confirmó Escrivá. El ministro también avanzó que se aplicarán una serie de coeficientes multiplicadores, en función del tipo de familia y del número de menores, con un añadido para los hogares monoparentales (el 80 % encabezados por mujeres).

¿Hay límites de edad para solicitarlo?

Sí. Aunque en un principio se fijó en 23 la edad mínima para solicitarlo (el tope son los 65), esa barrera se ha reducido a 21 en los últimos borradores. Para evitar un aluvión de intentos de emancipación a costa del Estado, entre las exigencias de la prestación se incluye que, en los casos de hogares sin hijos (ya sea un único integrante o una pareja), prueben que llevaban al menos tres años viviendo de forma independiente. Este requisito, al igual que el de edad mínima, no se aplicará si hay menores.

¿Podrán acceder a la ayuda familias con vivienda en propiedad?

Sí. La ayuda se otorgará teniendo en cuenta la renta familiar, calculada en función del patrimonio neto, excluyendo la deuda existente y también la vivienda habitual. Este aspecto también ha sufrido modificaciones, ya que inicialmente estaba previsto aplicar un límite de 100.000 euros al citado patrimonio de la unidad familiar o de convivencia. En cualquier caso, fuentes del Gobierno subrayaban ayer que, dado que la redacción final no está cerrada aún, es posible que se incluyan «matizaciones».

¿Es compatible con otras ayudas autonómicas?

Sí. Este ingreso mínimo, común a todo el país, podrá ser mejorado con ayudas similares de las comunidades autónomas, como es el caso de la risga en Galicia. De hecho, las comunidades tendrán que «redefinir» sus prestaciones, según dijo Escrivá, teniendo en cuenta que ahora habrá un mínimo estatal garantizado. También subrayó que es compatible con otros ingresos que tenga la unidad familiar (aplicando el baremo de tramos fijado por el Estado como mínimo en función del número y edad de sus miembros), pues será un complemento.

¿Cómo se podrá pedir?

El canal principal de solicitud será la Seguridad Social, aunque también podrán cursarse las peticiones vía comunidades autónomas, ayuntamientos y oenegés.

¿Cuándo se cobrará?

En junio, ya que el ministerio pretende reconocer el pago de la prestación el mismo mes que se solicite. Según su titular, está previsto reconocerla «de oficio», sin necesidad de que tengan que perdirla, a unos 100.000 hogares.

¿Exigirá buscar empleo o lo desincentivará?

La prestación exigirá estar en situación de búsqueda activa de empleo o, en palabras de Escrivá, para quienes no sean inmediatamente empleables, en «itinerarios de inclusión» o laborales que les permitan acceder en el futuro.

¿Podrán acceder los inmigrantes?

Sí. La nacionalidad no será determinante, pero sí lo será que, en el caso de extranjeros, tengan residencia legal y efectiva en España durante un mínimo de un año, además de cumplir el resto de las condiciones generales.

La renta «permanente» se alimentará con deuda

C. Porteiro

La Seguridad Social aumentará su déficit para extender una red de seguridad básica a 850.000 hogares

«No miraremos hacia otro lado mientras hay compatriotas haciendo colas para comer», deslizó esta tarde Sánchez tras anunciar que el ingreso mínimo vital (IMV) verá la luz en junio. Será mínimo, será vital y será «permanente». Ese es uno de los puntos críticos en los que se quiebra el consenso sobre la necesidad de extender una red de seguridad bajo los pies de las familias más vulnerables. Muchas ya lo eran antes de que el covid-19 convulsionara sus vidas (26,5 % de la población en peligro de pobreza), pero la devastación que ha dejado ha apremiado al ministro José Luis Escrivá a dar forma, bajo la presión de su socio morado de Gobierno, a una medida que venía pergeñando desde su etapa al frente de la Airef. Algunos expertos aplauden la medida y otros cuestionan su eficacia alegando que será un incentivo perverso para no trabajar, a pesar de estar condicionada a la búsqueda activa de empleo.

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