El ingreso mínimo vital se cobrará con carácter retroactivo desde el 1 de junio
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Será así para las solicitudes de la nueva prestación que se realicen hasta el 15 de septiembre
05 jun 2023 . Actualizado a las 23:03 h.El esperado ingreso mínimo vital (IMV), la medida estrella del Gobierno de coalición para completar el «escudo social» desplegado con urgencia para hacer frente a la pandemia, ya está en marcha. Un Consejo de Ministros extraordinario dio luz verde ayer a lo que el vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, definió como un «nuevo derecho social» de la ciudadanía y el mayor avance desde que en el 2006 se aprobó la Ley de Dependencia. La nueva prestación nace con el objetivo de atajar el «problema estructural» que la pobreza supone en España. En concreto, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, subrayó que en la práctica permitirá acabar con la pobreza extrema -con especial atención a las familias con menores- que hoy afecta a 600.000 hogares y 1,6 millones de individuos, una asignatura pendiente por la que el Consejo Europeo reprende a España desde el 2016.
Estas son las principales claves de la recién estrenada renta mínima, que además de garantizar unos ingresos básicos a sus perceptores, fomentará su inclusión social a través del acceso al mercado laboral, sostiene el Ejecutivo:
Beneficiarios
850.000 hogares y 2,3 millones de individuos. Los cálculos del Ministerio de la Seguridad Social cifran en 850.000 los hogares beneficiarios, en los que residen más de 2,3 millones de personas, de los que el 30 % son menores y un 16 % hogares monoporantales (el 90 % de estos, con una mujer al frente). Estiman también que la prestación cubrirá a cuatro de cada cinco personas en situación de pobreza severa, cuya renta disponible media no llega a los 310 euros mensuales.
Cuantía
Una renta mensual garantizada de entre 462 y 1.015 euros en función del tipo de hogar. El IMV se articula en función de la tipología y composición de los hogares, pero garantiza una renta mensual mínima de 462 euros (5.538 euros al año, en 12 pagas, equivalentes a una pensión no contributiva) para un hogar de un solo individuo. La cuantía se va ampliando con un coeficiente adicional del 0,3 (139 euros) por cada miembro de la unidad familiar, sea adulto o menor, hasta un tope de 1.015 euros al mes (12.184 anuales) para familias de cinco o más miembros. A los hogares monoparentales se les aplica un plus de 100 euros. Con estos cálculos, el Gobierno eleva el coste del IMV al entorno de los 3.000 millones de euros por año.
Condiciones
Límites de renta y patrimonio. Podrán acceder a la prestación quienes tengan edades comprendidas entre los 23 y los 65 años (18 años en caso de hogares con menores a cargo), con residencia legal y efectiva en España durante al menos un año antes de la presentación de la solicitud. Para saber si el hogar tiene o no derecho a la ayuda, además de los umbrales de renta (ingresos totales, incluyendo los laborales y otros rendimientos mobiliarios e inmobiliarios, inferiores a la renta garantizada), se revisará el patrimonio, de modo que -descontada vivienda y deudas- no podrá exceder los 16.600 euros (tres veces la renta garantizada anual) si es un solo individuo. El límite subirá según los miembros hasta un máximo de casi 43.200 euros.
Aunque la referencia serán los ingresos del 2019, podrán acceder a la ayuda también aquellas familias que, superando el umbral el año pasado, hayan visto desplomarse su renta en los últimos meses por la crisis del covid-19, para lo cual tendrán que presentar una declaración responsable.
Solicitud
Desde el 15 de junio. Las solicitudes podrán cursarse desde el 15 de junio, a través de la web de la Seguridad Social o remitiendo la documentación por correo ordinario, a la espera de firmar un acuerdo que posibilite su tramitación desde los ayuntamientos.
También se habilitará un teléfono 900, así como un asistente virtual y un simulador en la web. En cualquier caso, Escrivá destacó que en junio se actuará de oficio y alrededor de 100.000 hogares (los que ya perciben la prestación por hijo a cargo) la cobrarán sin necesidad de solicitarla.
Pago
Retroactivo desde el 1 de junio. Aunque las solicitudes arrancarán a mediados de mes, el abono de la ayuda tendrá efectos retroactivos desde el 1 de junio para las prestaciones que se pidan en los próximos tres meses, hasta el 15 de septiembre. El abono será mensual, en 12 pagas.
El plazo máximo de tramitación será de tres meses, aunque el ministerio espera que, como en el caso de las pensiones, no se demore más de un mes. El silencio administrativo será desestimatorio.
Complemento
Compatible con empleo. Lo prestación está pensada para complementar las rentas que reciba el hogar, incluyendo las salariales, hasta el umbral garantizado. Así, solo si la familia no tiene ningún ingreso el Estado le abonará la cuantía total. En caso contrario, cubrirá la diferencia.
Incentivo al empleo y acicate para aflorar la economía informal
Frente a las objeciones de que una prestación como la recién aprobada puede tener efectos inseados, como desincentivar la búsqueda de empleo y cronificar la cultura del subsidio, el Ejecutivo niega la mayor. El vicepresidente de Derechos Sociales defendió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el IMV supondrá un estímulo al empleo, ya que al beneficiario que mejore sus ingresos por encontrar trabajo o aumentar jornada en el que ya tiene no se le tendrá en cuenta el importe íntegro de ese incremento salarial a la hora de reducir su ayuda, al menos durante unos meses. Por ello, siempre le saldrá a cuenta buscar empleo. Este aspecto, sin embargo, está pendiente de un posterior desarrollo reglamentario, según señalaron ayer fuentes oficinales.
Por su parte, el ministro Escrivá destacó que se pondrán en marcha incentivos a la contratación de los beneficiarios de este ingreso y que se otorgará un «sello social» a las empresas que desarrollen medidas de inclusión para el colectivo, que pueden ir desde su contratación a formación o descuentos en las compras.
El Gobierno sostiene también que el IMV será útil como herramienta contra la economía sumergida, ya que la desincentivará. ¿Cómo? Principalmente por el hecho de que los beneficiarios de la prestación tendrán que hacer la declaración de la renta (será la información económica que se analizará para conceder o no la ayuda), lo que hará que «entren plenamente» en el sistema de Haciendas Públicas.
Además, existirá la figura del cooperador necesario, por la que se establece la responsabilidad solidaria de aquellas personas que hubiesen facilitado la comisión de la infracción, mediante una actuación activa u omisiva, como podría ser el caso del empleador que contratase en negro a beneficiarios del IMV para rebajar sus costes salariales y evadir impuestos. El ministerio advierte de que se aplicará «el procedimiento habitual de sanciones».
