Marlaska desvincula a Pérez de los Cobos de la filtración del informe sobre el 8M
ACTUALIDAD
PP y Vox acorralan al ministro del Interior en la sesión de control al Gobierno en el Congreso
11 jun 2020 . Actualizado a las 08:45 h.Ni el PP ni Vox están dispuestos a rebajar el acoso parlamentario al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que culpan de una purga en la Guardia Civil para esconder las responsabilidades del Gobierno en una supuesta ocultación de datos sobre las alarmas del peligro de contagios previas a la manifestación del 8M. El ministro se defendió este miércoles en el Congreso asegurando que él nunca ha relacionado en sus intervenciones públicas al coronel Diego Pérez de los Cobos, al que destituyó de su cargo, con la filtración del informe judicial sobre el 8M.
La diputada del PP Beatriz Álvarez Fanjul aseguró que tres coroneles rechazaron la propuesta de relevar a Pérez de los Cobos y acusó al Gobierno de utilizar a la Fiscalía para desacreditar los informes de la Guardia Civil, que apuntan a presuntas responsabilidades del Gobierno en la manifestación del 8M. Pero tanto el PP como Vox añadieron nuevos motivos de crítica al ministro. Álvarez Fanjul le pidió que acabe con los actos de homenaje a los presos de ETA porque «son una clara humillación a la memoria de las víctimas asesinadas y a sus familias». Y la diputada de Vox Macarena Olona acusó a Marlaska de haber mentido «de manera miserable» cuando justificó el cese del coronel pretextando la filtración del informe. «La directora general de la Guardia Civil ha puesto de manifiesto que usted mentía. Mintió cuando apeló a la reestructuración de equipos de confianza. Mintió cuando dijo que Pérez de los Cobos pudo participar en la filtración del informe del 8-M», señaló. Pero Olona pidió también al ministro que aclare «qué ocurrió hace 20 años en Bilbao», cuando «tuvieron que recordarle que la lucha contra ETA no es compatible con la cobardía y qué hizo usted, o más bien, qué dejó de hacer como magistrado para evitar que determinada información saliera a la luz pública». Y aseguró que, debido a ese incidente, que no aclaró, el hoy ministro de Interior «odia profundamente a la Guardia Civil».
Marlaska advirtió a Olona que había hecho «una imputación muy grave» y le recomendó que «tenga cuidado» con el uso de las expresiones que utiliza. «No he hecho imputación de carácter penal a persona alguna porque no me corresponde y sería una temeridad; usted en cambio trae aquí falsedades, imputa y no pasa nada», insistió.
Franco declara que autorizó el 8M de acuerdo con el criterio de los expertos
El delegado del Gobierno en Madrid afirma ante la jueza que no vio peligro en la marcha
«Se hizo lo que marcaba la ley y lo que decían los expertos sanitarios que había que hacer». El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, declaró este miércoles ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que le investiga por un presunto delito de prevaricación por no prohibir la manifestación del 8M pese al riesgo de contagio del covid-19, que no vio riesgo en la celebración de esa macha y que él no tiene competencias en materia sanitaria sino exclusivamente de orden público, tal y como sostiene la Abogacía del Estado, que ejerce su defensa. A la salida del juzgado, en el que permaneció durante una hora y media, explicó que había dejado claro que actuó en todo momento «con arreglo a la ley y con las noticias de los expertos sobre la evolución del coronavirus». «No puedo considerarme responsable del 8M», dijo ante la prensa, porque «en aquel momento no había ningún elemento que llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental mientras se estaban produciendo en Madrid acontecimientos que no tienen que ver con derechos fundamentales».
En desacuerdo con el informe
Precisó además, para tratar de refutar la idea de que la marcha ayudó a propagar el virus, que «no está acreditado que el incremento de casos del día 9 tuvieran que ver con la manifestación» porque el período de incubación del virus es de 14 días. Explicó sobre su propia responsabilidad que «las manifestaciones no se autorizan» sino que «eventualmente podrían haberse prohibido». Pero insistió en que el 8 de marzo no había ninguna recomendación que llevase a «suspender el derecho fundamental de manifestación».
«Tengo gran respeto a la Guardia Civil y a la Justicia», señaló Franco al ser preguntado por el atestado de la Guardia Civil que apunta a presuntas responsabilidades de la delegación del Gobierno por no prohibir la manifestación, aunque añadió que, desde «el respeto» al instituto armado no puede estar de acuerdo con «el informe que han hecho». Eludió sin embargo respaldar la tesis de que la jueza ha abierto una «causa general» contra el Gobierno por la gestión de la pandemia del coronavirus, tal y como sostiene la Abogacía del Estado en el escrito en el que desacredita la investigación abierta por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel. «No quiero ser tan duro en esa apreciación, me gusta ser cauto», indicó al respecto. El delegado del Gobierno justificó el silencio que ha mantenido hasta ahora diciendo que «no debía ni podía hacerlo por respetar el trabajo de la Justicia».
Único investigado en España
Franco dijo lamentar «profundamente» que debido a su citación como investigado en este caso no se esté hablando de asuntos como los ERTE o el ingreso mínimo vital y «tengamos que estar con este tema». «Me ha tocado esto y he intentado cumplir con mis obligaciones como delegado y ciudadano y cumplir con la Justicia», concluyó.
La jueza rechazó el archivo de la causa que reclamaron en sus recursos tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía, que no apreciaban delito en la actuación del delegado del Gobierno. Lo que trata de dilucidar la magistrada es si Franco, que es el único cargo público en toda España imputado por un delito relacionado con la pandemia del coronavirus, conocía o no cuando autorizó los actos celebrados en Madrid el riesgo de contagio del que alertó el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades el 2 de marzo.
