Rechaza la suspensión de la ejecución de las penas hasta que resuelva sus recursos porque esa medida solo se adopta cuando las sentencias son inferiores a cinco años de cárcel
16 jun 2020 . Actualizado a las 23:56 h.Los nueve líderes independentistas catalanes condenados a penas de prisión seguirán en la cárcel al menos hasta que el Tribunal Constitucional resuelva sobre los recursos que han presentado contra su sentencia dictada por el Supremo. El tribunal de garantías rechazó por unanimidad la petición de suspender sus condenas por sedición y malversación de caudales públicos que habían presentado seis de ellos. Los magistrados recuerdan en su resolución que existe ya una doctrina consolidada por la cual las ejecución de las condenas solo se paraliza cuando las penas de prisión son inferiores a cinco años. Y este no es el caso de ninguno de ellos, ya que sus penas van desde los 9 a los 13 años de cárcel.
El Constitucional admitió a trámite el pasado 6 de mayo los recursos de amparo presentados por los presos del procés y en una pieza separada estudiaba su petición de que se suspendieran cautelarmente las penas impuestas hasta que se resolviera ese recurso. El alto tribunal no ha resulto sin embargo sobre las peticiones que presentaron el ex vicepresidente catalán y líder de ERC, Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y el ex consejero Raül Romeva, ya que los tres habían presentado una recusación contra todos los miembros del tribunal que debe resolverse antes de pronunciarse sobre la cuestión. Esas recusaciones se estudiaran previsiblemente mañana y, en caso de ser rechazadas, se admitirían a trámite los recursos de amparo que los tres han presentado y se estudiaría su petición de puesta en libertad, aunque previsiblemente el resultado será el mismo que el dictado para los otros seis condenados .
Los condenados cuya excarcelación ha denegado el Constitucional son por tanto los ex consejeros Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Joaquim Forn, además del líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el ex líder de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez.
Recuerda el tribunal que la extensión de la pena expresa «el reproche que el legislador asigna al hecho delictivo» tanto por su «trascendencia social» como por por «la relevancia del bien jurídico protegido». Y en base a ello, estima, según ha publicado el diario El Español, que «constituye un factor determinante de la preservación del interés general que, en el presente caso, conduce a no paralizar cautelarmente» la ejecución de la sentencia. Los magistrados se limitan a negar la excarcelación y eluden valorar la «apariencia de buen derecho» de los recursos porque eso supondría «anticipar una respuesta sobre el fondo». De ahí que tampoco valoren las peticiones a favor de los condenados de organismos como el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas o Amnistía Internacional.