Inversores internacionales podrían reclamar compensaciones ante arbitrajes privados
21 jun 2020 . Actualizado a las 11:25 h.La pandemia del covid-19 ya ha segado la vida de de 461.000 personas en todo el mundo. El confinamiento ha obligado a decenas de miles de empresas a echar el candado y la Organización Mundial del Trabajo (OIT) calcula que en el segundo semestre del año se perderán 230 millones de empleos.
El rastro de la catástrofe que deja la pandemia tras de sí ha despertado el olfato de una veintena de firmas de abogados internacionales, empeñadas en conseguir que multinacionales e inversores denuncien a los Estados ante tribunales privados para sacar tajada de la crisis. Así lo revela un informe del Corporate Europe Observatory (CEO). Sus expertos han seguido de cerca las conferencias de estos letrados y sus conclusiones son claras: Podría desencadenarse una oleada de demandas en los próximos meses.
¿Por qué creen que las denuncias prosperarán?
Despachos como el de Hogan Lovells o Quinn Emanuel sostienen que las restricciones impuestas por los Gobiernos para frenar los contagios han supuesto pérdidas de beneficios desproporcionadas para las empresas. No solo durante la pandemia, también podrían reclamar pérdidas a futuro. La paradoja es que solo compañías o inversores extranjeros pueden apelar a la justicia privada. Hay toda una batería de supuestos denunciables, según ellos, empezando por la «expropiación indirecta» del Estado español a la «industria de la salud» para aliviar el colapso de los hospitales públicos. Niegan que el «interés general» justifique la medida si no hay voluntariedad o una compensación monetaria por medio. No está claro que las firmas vayan a denunciar, sería un golpe de imagen demoledor, pero sí podrían hacerlo inversores privados que tengan parte de las acciones de un grupo.
¿Qué otros países están en el punto de mira?
Los mismos letrados apuntan también a otros países como El Salvador o Bolivia. Ambos obligaron a las compañías a abastecer de agua a las familias más pobres. Lejos de aplaudir la medida, Volterra Vietta sugirió a los inversores extranjeros que controlan ese servicio utilizar la «amenaza» de los arbitrajes privados como «palanca útil» en las negociaciones con los Gobiernos.
También Estados Unidos podría enfrentarse a denuncias por decretar la fabricación obligatoria de ventiladores en fábricas de General Motors. Ocurre lo mismo con los países que han impuesto precios máximos a fármacos o productos de protección sanitaria o han obligado a compartir patentes: «A pesar de que puede parecer injusto, creo que algunos Estados acabarán perdiendo casos ante los inversores», aseguró el abogado Alex Yanos, de Alston & Bird.
Otras medidas en el punto de mira tienen que ver con las restricciones comerciales. Perú, por ejemplo, suspendió de forma temporal el cobro de peajes en autopistas. Las moratorias hipotecarias y suspensión de facturas de agua, luz y gas aprobadas en muchos países europeos como es el caso de Italia, Francia o España también podrían ser objeto de litigio. La fiebre por esquilmar las arcas públicas lleva a estas firmas a invocar incluso el derecho a cuestionar la soberanía fiscal de los Estados al amenazar con demandar a un país si su Gobierno decide subir los impuestos, dañando el valor de las inversiones extranjeras sujetas a un determinado trato impositivo. No acaban ahí las ensoñaciones de los letrados, quienes insisten en que sus clientes también podrían reclamar indemnizaciones si se producen revueltas y saqueos a consecuencia de la gestión de la crisis. Por muy extraño que parezca, hay precedentes: en el 2017 se condenó a Egipto por no proteger el oleoducto de Ampal-America de un sabotaje durante las protestas de la Primavera Árabe.
¿Quién se encarga de dictar sentencia?
Los acuerdos bilaterales y multilaterales de inversión, tanto los de vieja como nueva generación, se firman con el fin de conceder seguridad jurídica a los inversores. Los arbitrajes privados se erigen como los órganos encargados de dirimir disputas entre estos y los Estados, de forma que se garantice la independencia de la judicatura. En la práctica, son jueces elegidos ad hoc los que revisan el cumplimiento de los acuerdos.
Las autoridades europeas no le ven recorrido judicial
La inquietud de algunas organizaciones y plataformas ciudadanas contrasta con la calma de las autoridades nacionales y europeas. Por el momento no se han planteado ni siquiera la adopción de medidas preventivas de defensa. La Comisión Europea considera que, de haberlas, las denuncias no tendrán recorrido porque no hay base jurídica a la que se puedan aferrar las multinacionales para poder denunciar a un Estado en virtud de los acuerdos de inversiones. Y no la hay por dos razones: en primer lugar porque los países tienen reservado el derecho a tomar medidas restrictivas en casos de urgencia como una pandemia y en segundo lugar porque no se trata de una maniobra de un Estado contra una compañía.
Fuentes consultadas por este periódico creen que los temores son infundados y tachan el informe de «alarmante». «Los despachos serios no entrarán en eso. Aquí no se habla de casos de expropiaciones salvajes, como sí hubo en el pasado», aseguran.
Un botín de entre el 20 % y el 50 % si hay condena en firme
El informe del Corporate Europe Observatory (CEO) apunta también a la proliferación de expertos cazafortunas que acuden a los litigios atraídos por el olor del dinero. Las sentencias contra algunos Estados imponen multas e indemnizaciones multimillonarias, tan jugosas que han surgido financiadores de denuncias. Extienden cheques para involucrarse en la ofensiva judicial cuando creen que hay buenas opciones de ganar. Y lo hacen a cambio de llevarse entre un 20 % y un 50 % del botín. Algunas organizaciones, centros de estudios y expertos como el exrelator especial de la ONU, el belga Olivier De Schutter, han solicitado en un manifiesto público a los Estados miembro que acuerden una moratoria para los arbitrajes privados y una «restricción permanente» a cualquier denuncia que se curse contra las medidas que han adoptado los gobiernos en materia de salud, economía o bienestar social en el contexto de la pandemia. Temen que después del desconfinamiento se suceda una cascada de denuncias potencialmente devastadoras.
