El Gobierno federal se une a 18 estados republicanos en su campaña para acabar con la ley sanitaria que ha permitido dar cobertura a medio millón de personas que se han quedado sin seguro médico
26 jun 2020 . Actualizado a las 20:05 h.El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado al Tribunal Supremo que anule la llamada Ley de Cuidados Asequibles, también conocida como Obamacare, justo cuando el país está en plena pandemia de coronavirus, con más de dos millones de personas contagiadas y más de 120.000 víctimas mortales, según informa la CNN y recoge Europa Press.
Esta norma garantiza que millones de estadounidenses tienen seguro médico y sigue en vigor a pesar de que tiene pendientes de resolución varios recursos. El Gobierno presentó este viernes la solicitud de anulación de la ley en su totalidad argumentando que «no debería seguir en vigor» una vez que se han invalidado el mandato de cobertura individual y dos apartados claves del texto.
El recurso del Departamento de Justicia marca otro importante giro en el escenario político de cara a las próximas elecciones presidenciales. Se trata de la tercera ocasión en que el alto tribunal tiene que dirimir un recurso contra la ley sanitaria del anterior presidente de Estados Unidos, el demócrata Barack Obama.
Bandos irreconciliables
El caso enfrenta a una coalición de fiscales liderados por el de California y la Cámara de Representantes, que están a favor del Obamacare, contra el Gobierno de Donald Trump y los parlamentarios del Partido Republicano. Cerca de medio millón de personas han recurrido al Obamacare este año tras quedarse sin empleo y sin seguro de salud.
En el centro del recurso está la obligación que marca la ley de tener un seguro sanitario después de que el Congreso redujera a cero el importe de las sanciones por no estar asegurado. Un tribunal de apelaciones dictaminó en diciembre que ese mandato era inconstitucional, aunque dejó en el aire la validez de la ley en el caso de que el tribunal de distrito considerase que algún apartado de la norma pudiese mantenerse.
El Gobierno de Trump se ha alineado ahora con los fiscales republicanos, aunque recientemente había argumentado que la ley solo debería anularse al completo en los 18 estados que la han recurrido por la vía judicial.