La OCDE advierte que la retirada tardía de los ERTE puede lastrar la recuperación
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Se retrasan ajustes de plantilla inevitables y se financian empleos que no precisan ayudas
08 jul 2020 . Actualizado a las 08:53 h.Los ERTE españoles, y el resto de esquemas de protección de empleo aplicados en la mayoría de los países industrializados, han sido la clave para el mantenimiento de los puestos de trabajo durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, que forzó el confinamiento de la población y la hibernación de la economía. Así lo reconoce la OCDE, que contrapone la contención del paro en Europa con el incremento exponencial de las demandas de empleo en Canadá y Estados Unidos, donde estos instrumentos de protección laboral son testimoniales. Pero, a renglón seguido, el organismo (que agrupa a las 37 economías más desarrolladas del mundo), advierte de que, cumplido el objetivo para el que han sido diseñados, el riesgo que corren ahora los Gobiernos es que una retirada tardía de estos ERTE pueda entorpecer la recuperación.
Argumenta la OCDE, en un informe publicado ayer, que si no retiran a tiempo los incentivos a las regulaciones temporales de empleo los Estados pueden acabar financiando puestos de trabajo que las empresas mantendrían sin necesidad de ninguna ayuda pública y, lo que es peor, otros que ya no son viables, lo que solo serviría para retrasar ajustes de plantilla inevitables y entorpecer la reconversión de trabajadores de sectores con mejores perspectivas económicas.
«Imponer limitaciones a la duración máxima de los ERTE ayuda a reducir el riesgo de subvencionar empleos que ya no son viables, ni siquiera a largo plazo. No pueden ser una solución a problemas permanentes», apunta el informe, que insta a los Gobiernos, una vez superado el confinamiento, a buscar puntos de equilibrio que permitan mantener estos esquemas de protección laboral solo en las empresas que lo necesiten, sin que se usen fondos públicos en sostener empleos que las empresas estarían dispuestas a preservar aunque no recibiesen ayudas ni otros que solo mantienen porque no pagan cotizaciones ni salarios, pero con los que ya no cuentan a futuro.
Entre las distintas vías para lograr ese delicado equilibrio, la OCDE apuesta por cargar a las compañías con parte del coste de los ERTE, «incentivando que las empresas solo incluyan en ellos a los trabajadores que saben que van a reincorporar después de la crisis». Un trasvase de costes que se podría hacer mediante pagos aplazados o con préstamos sin intereses para no poner en riesgo la estabilidad financiera de las firmas afectadas a corto y medio plazo.
Además, el organismo, que bendice las restricciones a los despidos durante la crisis y la cláusula de mantenimiento del empleo tras un ERTE, hace un llamamiento a las empresas para que «retribuyan la confianza que los Gobiernos mostraron en ellas durante la etapa de emergencia de la crisis del covid-19 al retener a sus empleados en la medida de lo posible e invertir en sus habilidades».
Riesgo de contagio en el trabajo
La OCDE, que augura que el paro en España escalará desde el 14,5 % de mayo al 19,2 % antes de que acabe el año (o al 20,1 % si hay rebrote), destaca también en su informe que los españoles son los más expuestos al virus en sus puestos de trabajo. En concreto, el 56 % de los ocupados están en riesgo de contagio, ocho puntos por encima de la media de los países que integran el organismo.
Más de dos millones de trabajadores que tuvieron el empleo suspendido ya han vuelto a la actividad
Frente a las recomendaciones de la OCDE, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, defendió ayer lo «enormemente efectivas» que han sido las políticas de protección de rentas y empleos aplicadas en España, no solo a trabajadores por cuenta ajena, sino también a autónomos. En el caso de los ERTE, Escrivá destacó que el esquemas de exoneraciones decrecientes que entró en vigor al inicio de la desescalada, que otorga más rebajas en las cuotas para los trabajadores que se reincorporen, ha favorecido que el 60 % de los asalariados que tenían su empleo suspendido a finales de abril (el pico fueron 3,38 millones de personas en ERTE) hayan vuelto ya a la actividad, lo que supone más de dos millones de trabajadores rescatados.
Pero el ministro puso también el foco en la cobertura a los autónomos, para los que se diseñó una prestación extraordinaria que llegó a 1,46 millones de trabajadores por cuenta propia entre marzo y junio. En Galicia, fueron 87.025 los autónomos que recibieron ayuda pública por el cierre de sus negocios o la caída de sus ingresos, casi el 43 % del total del colectivo, a los que la Seguridad Social abonó más de 226 millones en tres meses y medio.