El Gobierno, a favor de limitar en la Constitución la inviolabilidad del rey

Zarzuela y la Moncloa estudian salidas al monarca emérito para proteger a Felipe VI

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en la presentacion del Plan para reforzar el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en España
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en la presentacion del Plan para reforzar el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en España

Madrid / La Voz

En plena polémica sobre las investigaciones judiciales contra el rey emérito Juan Carlos I por el presunto cobro de comisiones ilegales y la ocultación de 64,8 millones de euros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto sobre la mesa el debate sobre la necesidad de limitar la inviolabilidad absoluta del jefe del Estado prevista en la Constitución. La preocupación en el Ejecutivo es máxima por la escalada de informaciones que apuntan a posibles delitos de don Juan Carlos y el esfuerzo se centra en salvaguardar la figura del actual monarca, Felipe VI. En ese marco, Sánchez recordó que este Gobierno ya planteó en otras ocasiones «una reforma de la Constitución para revisar los aforamientos de los cargos públicos para que estén circunscritos «a su actividad parlamentaria y no a otra». «Por tanto, creo que si eso lo defiendo para cualquier cargo público, lógicamente también para el jefe del Estado», indicó en una entrevista en el eldiario e Infolibre, en la que sostiene que «la Constitución española tiene que evolucionar conforme a las exigencias de ejemplaridad y conducta política de las sociedades».

Ese concepto, el de ejemplaridad, es el que el Gobierno utiliza para desligar el comportamiento de Felipe VI de lo que haya podido hacer su padre en el pasado. La vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, distinguió este jueves entre las «inquietantes» informaciones sobre el rey emérito y «la situación de comportamiento constitucional absolutamente correcto del actual jefe del Estado, que es el rey Felipe VI». Y, para garantizar la ejemplaridad, indicó que el Gobierno considera que los aforamientos deben afectar solo a las actividades en el ejercicio de su función.

La Moncloa es consciente de que la figura de don Juan Carlos está irreparablemente dañada, más allá de cuál sea su horizonte judicial, y el debate se centra en tratar de que no lastre la imagen de la Corona. Respecto a cuál puede ser el futuro del rey emérito, Calvo indicó que «eso compete fundamentalmente a la decisión que tome el jefe de la Casa Real, que es el actual rey Felipe VI». Pero la Casa Real trabaja en este asunto de la mano del Ejecutivo. 

Podemos pide la abdicación

Entre las opciones que se estarían estudiando está la posibilidad de que don Juan Carlos abandone el Palacio de la Zarzuela, en el que reside actualmente, e incluso que se exilie voluntariamente de España. Algo que serviría para desligar completamente a Felipe VI de su padre, al que ya retiró la asignación económica con cargo a los presupuestos del Estado, además de renunciar a su herencia. Esas medidas no requerirían de reforma legal alguna y permitirían cortar definitivamente cualquier vínculo del rey emérito con el jefe del Estado. Pero que no frenarían ni la investigación en Suiza sobre las presuntas comisiones ilegales de don Juan Carlos ni las diligencias abiertas por la Fiscalía ante el Tribunal Supremo, que debe decidir si abre una causa contra él. La estrategia de crear un cortafuegos para el actual monarca está en manos del sector socialista del Gobierno, ya que Unidas Podemos no la comparte. Este jueves, la vicepresidenta tercera del Congreso y diputada de Unidas Podemos, Gloria Elizo, indicó en su cuenta de Twitter que «la manera de desvincular a Juan Carlos I de Felipe VI y de la jefatura de Estado es un referendo y la abdicación de Felipe VI».

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