El Reino Unido denegará la entrada a los condenados a penas de más de un año de prisión
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Los turistas de la UE no necesitarán visado, pero sí un permiso electrónico de viaje
14 jul 2020 . Actualizado a las 05:00 h.La inmigración, y en particular, la promesa de que las fronteras estarían blindadas ante potenciales amenazas a la seguridad del Reino Unido fue una de las grandes banderas de los partidarios del brexit en el referendo del 2016. Cuatro años después, Boris Johnson no ha olvidado la oferta y anunció que a partir del próximo 1 de enero su Gobierno denegará permisos de residencia y de trabajo a los comunitarios que hayan sido condenados a un año de prisión en sus países de origen; y que expulsará a todo aquel nacional de la Unión Europea (UE) que ya viva en suelo británico y que igualmente haya sido sentenciado por un juez.
«Un enfoque sólido y coherente en materia de criminalidad se utilizará para negar la entrada, la residencia o para deportar a ciudadanos de la UE y de otros países en el marco del sistema (migratorio) basado en puntos», se advierte en el documento que Londres publicó este lunes y en el cual se dan más detalles sobre la reforma migratoria que pondrá en marcha una vez salga definitivamente del bloque europeo la próxima Nochevieja.
El sistema migratorio es similar al australiano y adjudica puntos a los aspirantes dependiendo de su formación, capacitación y conocimiento del inglés. La idea, según las autoridades, es atraer «a las mentes más brillantes» y cerrarle las puertas a los trabajadores no cualificados de la UE.
Pero como si lo anterior no fuera suficiente, en el texto, de 130 páginas de extensión, las autoridades británicas alertan que se reservan el derecho de admitir o expulsar a aquel comunitario cuyo «carácter, conducta o asociaciones revelen que no es favorable para el interés público».
Sistema especial para la sanidad
Pese a que en el texto se prevé el prometido sistema especial para la sanidad pública y el sector de la dependencia, el cual es menos riguroso en cuanto a los requisitos y más expedito para otorgar los visados, las posibilidades de que los comunitarios y demás extranjeros consigan los papeles a través de él son nulas, debido a que no podrán cumplir con una de las exigencias: que el salario que les ofrezca su potencial empleador sea de más de 20.480 libras al año (22.726 euros). En la actualidad, ronda las 16.000 libras (17.755 euros).
El secretario del Interior, Kevin Foster, admitió que la decisión busca forzar al sector a recurrir a trabajadores británicos, en especial ahora que el paro está al alza por culpa del covid-19. «Nuestra visión para el futuro es proporcionar oportunidades a trabajadores nacionales y no basarse únicamente en la inmigración a la que se le paga salario mínimo», dijo este lunes en el Parlamento.
Sin embargo, desde los gremios de enfermeras y las asociaciones de residencias calificaron la medida de «error desastroso» y advirtieron que agravará el déficit de trabajadores, ahora estimado en 122.000.
En contraposición el sector del turismo puede respirar, porque en el texto Londres reiteró que no tiene intención de solicitar visado a los comunitarios que deseen entrar en el país por turismo, para visitar familiares o hacer negocios, pues solo les pedirá un «permiso de viaje» electrónico. Sin embargo, el sistema no estará plenamente operativo hasta el 2025.
Por cosas del azar, los nuevos detalles del régimen coincidieron con la información de que unos 380 inmigrantes ilegales trataron de llegar a las costas británicas desde Francia este fin de semana, 200 de los cuales fueron retenidos por las autoridades galas.