46 sociedades médicas reclaman a la comisión parlamentaria que acabe con la injerencia política en la sanidad

Los profesionales se muestran radicalmente en contra de las conclusiones del grupo de trabajo porque «dejan al margen a los profesionales y a los pacientes»

Pruebas de coronavirus desde el coche en el Meixoeiro
Pruebas de coronavirus desde el coche en el Meixoeiro

Vigo / La Voz

Las principales sociedades científicas del ámbito médico de toda España se han manifestado radicalmente en contra de las propuestas planteadas por el grupo de trabajo de sanidad y salud pública que se ha creado dentro de la comisión parlamentaria para la reconstrucción social y económica. «Las propuestas dejan al margen a los dos principales agentes del sistema [sanitario]: profesionales y pacientes», dice un comunicado de la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (FACME), que aglutina a 46 sociedades sanitarias entre las que están las de más peso del país, y de la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria (IMAS). Estas dos entidades recuerdan que las conclusiones del grupo de trabajo no mencionan a las sociedades de médicos y que no las han tenido en cuenta para elaborar su trabajo, y que solo se acuerdan de las asociaciones de pacientes «para prohibir que reciban financiación de la industria».

El rechazo de estas sociedades, que aglutinan a facultativos de toda España dentro del ámbito de sus especialidades (cardiología, medicina interna, anestesia...), se basa en cinco aspectos. Uno es que no puede existir una correcta gobernanza del sistema sanitario «mientras a estos órganos de gobierno no se incorporen los profesionales sanitarios y los ciudadanos y pacientes».

Reclaman terminar «con la injerencia política partidaria y con la burocratización del sistema». La FACME advierte que «el distanciamiento entre profesionales y políticos es tan grande como la distancia que hay en la opinión pública en la valoración de unos y de otros». Ante ello, dicen, habría que transferir las responsabilidades organizativas y de gestión a los profesionales, y no descansar en manos de los políticos.

Se quejan también de la gestión del personal. Debería basarse, dice el comunicado, «en competencias y perfiles profesionales» y dejar de lado «las normas burocrático-administrativas» actuales. Además, se quejan de que los salarios de los profesionales sanitarios sean menores en comparación con otros países.

Recuerdan que las administraciones no han fomentado la formación continua de los profesionales, algo a lo que deberían estar obligadas. Además, como el grupo de trabajo propone que se prohíba la financiación por la industria farmacéutica de investigación y formación, las sociedades científico-médicas recuerdan que ese dinero es clave para el sistema porque lo debería aportar la administración pero en la práctica no lo hace. Lo lógico, creen las sociedades, sería que cada profesional tuviese a su disposición un fondo para formación y que lo empleara en virtud de sus competencias profesionales.

Por último, la FACME y el IMAS advierten que no hace falta un modelo asistencial coordinado, sino uno integrado. La salud pública, la atención primaria, los hospitales y los servicios sociosanitarios no deberían ser compartimentos estancos. «La ausencia de coordinación entre estos componentes ha sido uno de los factores que explican la mala respuesta de nuestro sistema a la crisis del covid-19», advierten. El nuevo modelo asistencial, dicen los especialistas, debería integrar estos componentes en una asistencia basada en la evidencia científica.

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