Acuerdan crear una agencia de salud pública y renovar la tecnología de los centros sanitarios
22 jul 2020 . Actualizado a las 00:32 h.El complejo acuerdo alcanzado en la Unión Europea para sacar adelante un fondo de 750.000 millones de euros para ayudar a los países más afectados por el coronavirus, logrado a pesar de las grandes diferencias en el arranque de la negociación, sobrevoló ayer el debate final en el pleno del Congreso de las conclusiones de Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, que se votarán hoy. PSOE y PP pactaron medidas sobre sanidad y acercaron posturas en el bloque sobre la Unión Europea. Y negociaron hasta el último minuto para que el PP apoye hoy los dictámenes en ambas materias. Aunque el acercamiento fue imposible en medidas sociales y de reactivación económica, socialistas y populares acordaron la creación de una agencia nacional de salud pública, principal reivindicación del PP.
La función de este órgano será la de potenciar la coordinación entre el Estado y las comunidades en materia sanitaria. Algo que provocó el recelo y el rechazo de los grupos nacionalistas e independentistas. El PP se había abstenido en la votación del texto sobre sanidad en la comisión, pero la portavoz popular, Ana Pastor, llegó a un acuerdo para aprobar una enmienda transaccional impulsada por el PSOE, y negociada también por Ciudadanos, que incluía en el dictamen la creación de esa agencia. Pastor instó en su intervención a abandonar «las posturas maximalistas». Señaló que no se puede hacer una política de «tierra quemada» y se felicitó por los acuerdos, entre los que incluyó el plan de renovación tecnológica de los centros sanitarios, propuesto también por el PP. También la portavoz socialista, Adriana Lastra, se mostró optimista. «Este debe ser un acuerdo para demostrar que nuestra responsabilidad es mayor que nuestras diferencias», señaló.
El pacto en materia social ya se había descartado tras la decisión del PSOE y Unidas Podemos de excluir de cualquier ayuda a la educación concertada. Y, a pesar de que socialistas y morados, junto con ERC, presentaron una enmienda en la que se suprime la referencia a que «la totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa», excluyendo de esa manera a la concertada, y se sustituye por otro texto que afirma que «la totalidad del incremento de la inversión irá destinado a cerrar la brecha educativa, dando prioridad a todos aquellos centros que atiendan a alumnado en situación de vulnerabilidad», el PP siguió sin sumarse, al entender que no se garantiza la ayuda a la educación concertada.
JxCat, decisivo en materia social
El mismo argumento utilizó Ciudadanos para desmarcarse del bloque de políticas sociales. «Podemos se ha negado en rotundo» dijo el portavoz de Cs, Edmundo Bal, que defendió que «la concertada es educación pública, sostenida con fondos públicos» y ha sufrido igualmente la crisis generada por la pandemia. Ciudadanos sí votará hoy a favor de los documentos de sanidad, economía y UE.
El PNV confirmó su distanciamiento del Gobierno y se mostró dolido por el sesgo centralizador que, a su juicio, tienen las conclusiones. «El presidente Sánchez sabe que, mientras esto no se aclare, es mejor que no llame a la puerta del PNV», señaló el portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, que adelantó que solo apoyarán el texto sobre la Unión Europea. ERC respaldará el documento sobre políticas sociales, pero su aprobación dependerá del apoyo de JxCat, que no anunció su voto, dado que Vox votará en el pleno en contra de los cuatro dictámenes. En la comisión, el texto había salido adelante con los únicos votos de PSOE y Unidas Podemos, gracias a que Vox no participó en las votaciones.
El debate rompe la mayoría de la investidura y evidencia las dificultades de Sánchez para aprobar los presupuestos
El debate en el pleno mostró las dificultades del Gobierno para mantener el apoyo de la mayoría de la investidura tras el giro que supuso el abrirse a acuerdos con Ciudadanos y con el PP. Algo que augura serias dificultades para aprobar los presupuestos con esa mayoría a la vuelta del verano. Los grupos nacionalistas e independentistas se mostraron muy críticos con lo que consideran una falta de ambición del Ejecutivo y unos dictámenes que resultan «complacientes con la derecha». Además de los duros reproches del PNV, que tachó de «paripé» los trabajos de la comisión y reprochó al Ejecutivo el dedicarse a «negociar una cosa por allí, otra por allá, sin importar que fueran del todo incompatibles», también ERC, cuyo apoyo busca recuperar el Ejecutivo, se mostró muy crítico.
Rufián ve unas cuentas con Cs
Su portavoz, Gabriel Rufián, cargó contra el «fantasma jacobino y recentralizador que ha estado presente en todos estos meses» y lamentó que al final la comisión vaya a ser «un Juan Palomo de PP y PSOE, de yo me lo guiso y yo me lo como». Los republicanos catalanes defendieron un impuesto permanente a las grandes fortunas y también que los municipios puedan disponer del superávit municipal. Rufián dibujó un escenario pesimista sobre el apoyo de ERC a los presupuestos. «Negociar recortes siempre es más fácil con Ciudadanos que con ERC», indicó el portavoz republicano, dando por hecho que el acuerdo alcanzado en la Unión Europea obligará a Sánchez a renunciar a buena parte de las promesas sociales del programa del Gobierno de coalición. «Ojalá me equivoque», concluyó.
La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, anunció su voto en contra y acusó al Gobierno de acercarse a los partidos de la derecha para «reconstruir el sistema neoliberal devorador de los derechos sociales». Y lo mismo argumentó el diputado del BNG, Néstor Rego, quien acusó al PSOE y Unidas Podemos, «con el concurso de la derecha», de haber rechazado propuestas progresistas para salir de la crisis que planteó su partido, como el impuesto a las grandes fortunas o la reducción del gasto militar. Íñigo Errejón, de Más País, no anunció su voto, aunque su posición es más cercana al Gobierno.