La Audiencia absuelve a los 16 guardias civiles acusados de la muerte de 15 personas en El Tarajal
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El auto considera que el uso de material antidisturbios empleado ese día fue «adecuado y proporcional» a las circunstancias
29 jul 2020 . Actualizado a las 09:26 h.La Audiencia Provincial de Cádiz ha dictado un auto que confirma el archivo de la causa contra los 16 guardias civiles que habían sido denunciados por varias organizaciones no gubernamentales por su presunta implicación en la muerte de 15 inmigrantes subsaharianos el 6 de febrero del 2014 en la playa del Tarajal de Ceuta. La Sala entiende que la actuación policial se ajustó a los principios básicos de este tipo de intervenciones.
Según el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, no se aprecia «relación de causalidad» entre la actuación de los agentes y «los fallecimientos por ahogamiento y lesiones que se les pretende imputar», y más allá de algún «matiz de anormalidad», no existe «indicio alguno de desviación o extralimitación» en su comportamiento. «No hay prueba que contradiga la afirmación de que la actuación policial se ajustó a los principios básicos exigibles para estas intervenciones, con la utilización de medios de control de masas de forma adecuada y proporcional a las circunstancias del caso, con una finalidad disuasoria primero, y después de canalización», se puede leer en el escrito judicial.
La Audiencia rechaza así las denuncias de acusaciones particulares, provenientes de las asociaciones Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes, Obervatori de Drets Humans y Sociedad Humana. La resolución mantiene que los inmigrantes decidieron actuar de «aquella manera tan arriesgada» siendo conscientes de sus actos y que, por lo tanto, las fuerzas del orden españolas hicieron los necesario para impedirlo. Aunque coincide con los denunciantes en que el caso no debía cerrarse en aplicación de la doctrina Botín, como hizo la jueza instructora apenas unos días después de inclinarse por llevar a juicio a los funcionarios por la presunta comisión de delitos de homicidio imprudente, lesiones y denegación de auxilio.
La sala considera que, aunque se entendiera que alguno de los agentes investigados actúo inadecuadamente, en ningún caso los fallecimientos de estas 15 personas fueron causados por la actuación policial, sino que los otros riesgos a los que se enfrentaron fueron los causantes, provenientes de las Fuerzas Auxiliares marroquíes y de las propias víctimas.
«No podemos entender que el resultado será objetivamente imputable a una conducta infractora de la norma de cuidado, ya que en ningún caso puede afirmarse que, aun en el supuesto de existir un comportamiento descuidado aislado, el posible incremento del riesgo se habría materializado en el desgraciado desenlace», argumenta el auto, que estima los recursos presentados por la defensa de los guardias civiles, la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
En la misma línea, concluye que «los guardias civiles que estaban en el espigón o la playa no tenían obligación de socorrer a los nadadores, no solo porque no se ha acreditado (ni siquiera alegado) que los mismos les hicieran algún requerimiento al respecto, sino porque tampoco existe prueba alguna de que en su presencia, en la parte española, se estuviera nadie ahogando ni en peligro».