La Audiencia de Lugo da otro golpe a De Lara al despiezar las causas del caso Pokémon

La Audiencia Provincial de Lugo acaba de asestar un duro golpe a la operación Pokémon, la gran macrocausa abierta por Pilar de Lara en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, que dirigió hasta que fue apartada a principios de año al ser sancionada por el Consejo General del Poder Judicial. La Audiencia ordena repartir en cada juzgado competente las 32 causas que forman el caso Pokémon, algo a lo que se opuso la jueza días antes de verse obligada a abandonar, el pasado mes de enero, el juzgado por una sanción que la suspendió siete meses y un día, lo que implica la pérdida del destino, por lo que De Lara ya no regresará al juzgado lucense. La jueza se opuso al reparto de la macrocausa que le había pedido la Fiscalía, que consideraba que las 32 causas no tienen relación entre sí, salvo la existencia de algunos imputados comunes.

De Lara puso en marcha la operación Pokémon en el año 2014 para investigar delitos de tráfico de influencias por una supuesta trama de mordidas a políticos y funcionarios para conseguir contratos públicos. Imputó a decenas de personas, a políticos, a empresarios, a cargos y a empleados públicos de ayuntamientos de toda Galicia. Los tentáculos de Pilar de Lara llegaron a todos los rincones y arrastró hasta su juzgado a toda la lista de investigados, que iba creciendo a medida que la magistrada realizaba un interrogatorio o pinchaba un teléfono.

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Ella ya no está en aquel temido juzgado, pero ahora tampoco seguirá allí la macrocausa. La Audiencia de Lugo ha aceptado en todos sus términos el recurso que presentó el fiscal tras la negativa de De Lara, con lo que cada uno de los 32 asuntos que forman la Pokémon tendrá que ser remitido al Juzgado Decano de Lugo para que este proceda al reparto de los procedimientos entre los juzgados de instrucción que corresponda, que tendrán que resolver sobre su competencia en los asuntos.

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La Audiencia comparte el criterio del fiscal y argumenta en su auto, fechado el pasado día 21 de julio, que para la agilización de la Justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales «se aboga por evitar el automatismo de la acumulación de causas y de la elefantiasis procesal que se pone de manifiesto en los denominados macroprocesos». Recuerda que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del 2015 limita la acumulación por conexión de casos.

Los magistrados del alto tribunal de Lugo destacan «la práctica imposibilidad de abarcar en un solo procedimiento el enjuiciamiento de más de 250 investigados o las múltiples tramas que supondrían la inoperancia del juicio». La Audiencia señala que «no solo comparte el criterio mantenido por el fiscal respecto a la manejabilidad, sino que no observa que la conexión entre las diversas causas sea inescindible». En consecuencia, la sala lucense indica que «no puede pivotar la conexidad de las diversas causas en que en todas ellas intervenga el mismo grupo empresarial, cuando las operaciones que se tildan, supuestamente, de ilícitas tienen destinatarios o colaboradores diferentes».

Negocios diversos

En su escrito, el fiscal sostiene que no hay conexidad delictiva que justifique su enjuiciamiento conjunto que llevaría a un juicio oral con 250 acusados «por negocios jurídicos tan diversos como la adjudicación del servicio de la grúa y la ORA en Santiago, el uso de información privilegiada en el Concello de Arteixo o el servicio de limpieza de las dependencias deportivas dependientes del Concello de Ourense».

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