El secesionismo exige al Gobierno que amnistíe a los presos del 1-O para retomar el diálogo

Pablo Iglesias considera que la suspensión del tercer grado es «una mala noticia»

De izquierda a derecha, Cuixart, Junqueras, Romeva y Turull salen de prisión, el pasado 17 de julio
De izquierda a derecha, Cuixart, Junqueras, Romeva y Turull salen de prisión, el pasado 17 de julio

Barcelona / Colpisa

El incendio provocado por el juzgado de vigilancia penitenciaria que suspendió el tercer grado a cinco de los independentistas encarcelados deja el diálogo entre el Gobierno y la Generalitat herido de muerte. Los independentistas y los comunes pidieron ayer al Ejecutivo que no se quede de brazos cruzados y mueva ficha. Exigen la amnistía y no dudaron en responsabilizarlo de las decisiones de la Fiscalía y de los jueces, como si no existiera la división de poderes.

Con los últimos episodios judiciales, el independentismo da por dinamitado el diálogo y ha radicalizado las posiciones. «Es el Gobierno el que ha decidido levantarse de la mesa», afirmó el vicepresidente Pere Aragonès. «Sin justicia, no hay paz», advirtió Gabriel Rufián en el Congreso.

El presidente del Gobierno replicó que el Ejecutivo ni pone ni quita sentencias y se desmarcó de las decisiones de la Fiscalía. Pedro Sánchez aseguró que mantiene su compromiso con el diálogo, pero que a su juicio quien se niega a sentarse es Quim Torra.

El vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, considera que la suspensión del tercer grado «es una mala noticia para los que defendemos el diálogo para afrontar el conflicto». Sus socios de Catalunya En Comú Podem, por boca de Jéssica Albiach, han urgido a Sánchez a que convoque la mesa de diálogo y ha calificado de «injusta» la decisión judicial.

Dilema de ERC

Pese a todo, Sánchez sigue contando con ERC como futuro socio para aprobar los presupuestos. «Me gustaría pactar con ustedes», aseguró dirigiéndose a Rufián, a quien dedicó una larga respuesta en la réplica del debate en el Congreso sobre los fondos de la UE. Pero ERC está ante un dilema. En JxCat argumentan que el diálogo con el Gobierno no solo no ha dado frutos sino que, según Quim Torra, Cataluña está hoy peor, desde el punto de vista competencial. Por eso, puede que la bandera del diálogo con Madrid ya no sea un valor añadido para ERC. JxCat afirmó ayer que no se dan las condiciones para retomarlo. «¿Cómo tenemos que sentarnos con quien tiene por objetivo que el otro desaparezca?», cuestionó Josep Rull. Ante esto, ERC endureció las condiciones para volver a la mesa. La amnistía es «absolutamente imprescindible» para mantener el diálogo, dijo Aragonès, y es la concesión previa que debería hacer el Gobierno para poder abordar la búsqueda de una solución política a la cuestión catalana.

La Fiscalía pide al Supremo que los condenados tampoco puedan salir de la cárcel para trabajar 

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que suspenda las salidas laborales concedidas a los líderes independentistas condenados por el procés en virtud del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, después de que una jueza dejara este martes sin efecto el tercer grado a cinco de ellos.

En un escrito, al que ha tenido acceso Efe, dos de los fiscales de la causa del procés piden al alto tribunal que siga el mismo criterio que fijó con la expresidenta del Parlament Carme Forcadell -a quien suspendió la semana pasada los citados permisos- para el resto de líderes independentistas condenados a prisión.

Cinco de ellos -el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, los exconsejeros Raül Romeva y Joaquim Forn; el exlíder de la ANC Jordi Sànchez; y el presidente de Òmnium Jordi Cuixart- tienen desde ayer el tercer grado suspendido por orden de la titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña, mientras resuelve los recursos de la Fiscalía contra su régimen abierto.

Por tanto, estos cinco presos ya no han podido salir de prisión este miércoles, tampoco para trabajar o hacer voluntariado, como hacían hasta obtener la semilibertad, en aplicación del artículo 100.2, dado que la cárcel de Lledoners (Barcelona) tendría que plantear la recuperación del mismo, según fuentes penitenciarias consultadas por Efe.

Lo que quiere la Fiscalía del Supremo es que el alto tribunal cierre la puerta a este tipo de salidas laborales o para hacer voluntariado de las que disfrutaban los líderes del procés antes del tercer grado, como hizo con Forcadell la semana pasada, al revocar para ella ese régimen flexible que acoge el artículo 100.2 y declararse competente para hacerlo con los demás.

Hasta ahora, los recursos de apelación de la Fiscalía contra dicho artículo recaían en las audiencias provinciales, pero el alto tribunal asumió la competencia para revisarlos en un auto donde además señalaba que el recurso del fiscal tiene efectos suspensivos.

En base a este último argumento, los fiscales quieren que en cuanto los recursos de apelación del resto de presos lleguen al Supremo, el tribunal acuerde la inmediata suspensión cautelar del artículo 100.2 mientras resuelve sobre el fondo del asunto. También la Fiscalía de Barcelona ha solicitado ante los respectivos juzgados de vigilancia penitenciaria competentes esta medida para «evitar que la decisión pudiera demorarse» entre que los recursos llegan desde la Audiencia hasta el Supremo, según explican los fiscales en su escrito de este miércoles.

Tras la decisión del Supremo sobre Forcadell, la Audiencia de Barcelona acordó remitir los recursos de la Fiscalía contra la aplicación de este artículo a Forn y a los Jordis. El ministerio fiscal también pidió la suspensión del tercer grado de Forcadell, pero como está en la cárcel barcelonesa de Wad Ras, la decisión debe tomarla otro juez de vigilancia penitenciaria, y todavía estudia los casos de los exconsejeros Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa.

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