¿Se puede aislar a un pueblo o un edificio? El juez decide

Un juez suspende, de manera cautelar, el cierre obligatorio de los bares a la una de la madrugada en Aragón

 Policía realiza controles a la salida de Aranda del Duero
Policía realiza controles a la salida de Aranda del Duero

El brote de Aragón es el peor de toda Europa y, sin embargo, su Tribunal Superior de Justicia ha suspendido de forma cautelar la obligación impuesta por el Gobierno regional a todos los establecimientos hosteleros de echar el cierre a la una de la madrugada. La mantiene en las zonas que, con peor situación epidemiológica, permanecen en fase dos, pero ¿por qué la tumba en el resto del territorio? Lo hace tras atender las denuncias de dos asociaciones hosteleras para recuperar el horario de cierre que dictaminan sus licencias y la actividad en las barras. La Justicia aragonesa da de plazo hasta las 15 horas del 12 de agosto para que la administración autonómica justifique su prohibición.

Son las comunidades quienes proponen el aislamiento, pero son los jueces quienes, con informe del fiscal y en ocasiones también del forense, deben comprobar que la medida está motivada y es proporcionada, que no implica «un sacrificio desmedido». Magistrados de toda España llevan semanas autorizando cuarentenas para evitar la propagación del coronavirus en un complejo equilibrio entre el interés público y el respeto a derechos y libertades.

Esta misma semana el Juzgado instrucción número 8 de A Coruña ratificó el «aislamiento obligatorio» en su domicilio del portero del pub de Oleiros. Lo pidió la Consellería de Sanidad, que tenía constancia de que estaba rompiendo el confinamiento que se le había impuesto, y la jueza dio su visto bueno hasta que dejase de presentar «un riesgo para la salud pública», señaló en su auto.

Otro juzgado de Murcia avaló a finales de julio la decisión del consejero de Salud de imponer una cuarentena obligatoria de 14 días a los inmigrantes irregulares que llegaron en dos pateras a la región en las que se detectaron varios casos positivos, para los que se ordenó el ingreso hospitalario. La decisión, señaló el magistrado en un auto, «se vislumbra como la única medida capaz de asegurar el fin perseguido de salvaguarda de la salud pública, pese a ser notablemente restrictiva del derecho a la libertad individual».

En Valladolid también tuvo que acudir en julio al juzgado la Consejería de Sanidad de Castilla y León para aislar diez viviendas del barrio de las Delicias y contener un brote con una veintena de contagiados al haber sospechas de que las familias afectadas, varios de cuyos miembros trabajaban en la misma empresa hortofrutícola, no estaban guardando el régimen de aislamiento que se les había impuesto «Epidemiológicamente, constituyen un evidente riesgo para la Salud Pública. Este comportamiento supone un grave riesgo para la población general dada la situación actual de esta enfermedad», concluyó en este caso la magistrada, que estimó que, a la vista de los informes, no existía «una medida menos gravosa o lesiva para la consecución del objetivo propuesto»: frenar el brote.

Pero además de individuos, familias o grupos definidos, los juzgados se han visto también obligados a analizar de urgencia las propuestas sanitarias para aislar a poblaciones enteras, sin confinar en su casa a sus habitantes, y tratar de evitar una propagación descontrolada del coronavirus, de Lérida a A Mariña (Lugo) pasando por Totana (Totana). El último caso es el de la localidad burgalesa de Aranda de Duero, que este viernes se sumó al aislamiento que ya había sido decretado para las vecinas Íscar y Pedrajas de San Esteban (Valladolid). Uno por uno, el responsable del juzgado de lo contencioso número dos de Burgos comprobó este viernes los requisitos exigidos para restringir las libertades de los arandinos: desde la existencia de un riesgo «inminente y extraordinario» que justificara no dar audiencia a los afectados, a la «urgencia y necesidad» de las medidas. Autorizó las restricciones, pero, en principio, para 7 días prorrogables, y no para 14, como solicitaba la Junta de Castilla y León. A su entender, dado que la inmensa mayoría de los infectados son asintomáticos y que los servicios sanitarios funcionan con normalidad, las limitaciones de movimientos y la prohibición de reuniones de más de diez personas deberían decaer cuando se logre controlar los focos y a las personas afectadas.

Instó así a las autoridades sanitarias a reforzar los mecanismos de identificación y localización de los infectados para imponerles medidas «individuales» de confinamiento: «Es mucho lo que se les está pidiendo a los ciudadanos de Aranda de Duero y no puede ser menos el esfuerzo de la Junta de Castilla y León al respecto», concluyó.

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