Podemos ve en la investigación del juez una operación para sacarlos del Gobierno
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Moncloa guarda silencio mientras el PP pide a Sánchez que cese a Iglesias
12 ago 2020 . Actualizado a las 23:50 h.La respuesta de Podemos ante la imputación del partido y de tres de sus altos cargos por presuntos delitos de malversación y administración desleal no se ha hecho esperar. Su máximo responsable, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, guarda silencio, pero la formación morada fijó ayer posición a través de su secretario de relaciones con la sociedad civil y movimientos sociales, Rafa Mayoral, que ahondó en la teoría de la persecución política, judicial y mediática.
«Cualquier cosa vale contra Podemos», denunció el diputado madrileño en una intervención en la Ser. Mayoral alegó que las imputaciones responden a «un interés político de fondo más que evidente» con el objetivo de acabar con el Ejecutivo de coalición: «Se intentó evitar que pudiéramos entrar al Gobierno y hoy se nos quiere sacar», lamentó. El dirigente morado vinculó las imputaciones por financiación irregular del partido con la moción de censura anunciada por Vox para septiembre, un proceso que, ante la nula posibilidad de que prospere, «necesita un aderezo».
«Ocurren cosas muy extrañas», apuntó Mayoral sobre la decisión del juez Juan José Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, de imputar a Podemos como persona jurídica a raíz de la denuncia registrada por el exabogado del partido José Manuel Calvente. Desde los servicios jurídicos de la formación morada solicitaron ayer en la Audiencia de Madrid la anulación de la causa exponiendo que no existen indicios más allá de las acusaciones de Calvente ante la Justicia.
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, fue cuestionado sobre este asunto en su comparecencia tras su tradicional despacho en Palma de Mallorca con Felipe VI: «Máximo respeto al poder judicial y a su trabajo; por tanto, nada más que añadir», se limitó a responder ante las insistentes preguntas de la prensa. En la misma línea se mostró la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, que eludió pronunciarse sobre la causa limitándose a ensalzar «la fuerza y la cohesión» del Gobierno.
Génova pide el cese de Iglesias
Mientras tanto, en el PP bucean en la hemeroteca para recordar las acusaciones de la formación morada de las que fueron objeto durante la investigación por financiación irregular que deparó una sentencia sobre la que se impulsó Sánchez para llegar al Gobierno mediante una moción de censura. Su líder, Pablo Casado, rescató algunas de las palabras pronunciadas entonces por los ahora presidente y vicepresidente del Ejecutivo. Sobre Sánchez: «No es regeneración democrática liderar partidos financiados irregularmente y apoyar su Gobierno». De Iglesias: «Solo un incompetente no sabe qué ocurre en su partido». Los populares exigieron a Sánchez que apriete «el botón rojo» para sacar a Iglesias del Consejo de Ministros, reclamó el vicesecretario de comunicación, Pablo Montesinos.
Por su parte, Vox subió la presión para que Génova apoye la moción de censura de Santiago Abascal contra Pedro Sánchez prevista para septiembre.
Las sospechas también apuntan a Mayoral y Monedero
La lista de dirigentes de Podemos con problemas con la Justicia podría seguir engordando. Hasta ahora el magistrado Juan José Escalonilla, encargado de investigar la presunta financiación irregular de la formación morada, mantiene la imputación del propio partido como persona jurídica, y la de sus dirigentes Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación, Daniel de Frutos, tesorero, y Rocío Val, gerente.
Sin embargo, fuentes conocedoras de la investigación apuntan a que la misma podría salpicar de lleno a otros dos pesos pesados de la formación morada. En primer lugar, el cofundador del partido Juan Carlos Monedero, que a pesar de no ostentar ningún cargo oficial tras su salida hace unos años coincidiendo con una irregularidad fiscal, nadie duda de su ascendencia dentro de las filas moradas. El Tribunal de Cuentas apreció anomalías en la contratación de la consultora política de cabecera de Podemos, Neurona, durante las campañas electorales del 2019. Monedero siempre eludió cualquier responsabilidad dentro de esta compañía, pero el magistrado ha requerido un informe mercantil para conocer su papel como supuesto intermediario.
La otra persona bajo sospecha sí forma parte de la actual dirección del partido. Se trata del secretario de relaciones con la sociedad civil y movimientos sociales, Rafa Mayoral, al que Calvente apunta como principal responsable de la llamada caja de resistencia del partido y que el exabogado de Podemos describe su funcionamiento como una auténtica caja B mediante la que la formación afrontaba pagos opacos, en ocasiones a empresas vinculadas directamente con miembros del partido. Calvente destaca en su denuncia uno de 50.000 euros a la sociedad 404 Comunicación Popular, bajo control de Christian Navarro, encargado de la Acción Institucional de Podemos. En la misma, Mayoral aparece como máximo responsable de esa supuesta caja B dentro del partido, pero su condición de aforado gracias a su escaño en el Congreso deja sin competencias al magistrado Escalonilla, cuyo ámbito de actuación se limitaría a elevar un informe al Tribunal Supremo, que en caso de apreciar evidencias sería el único organismo con capacidad para imputarlo. Sin embargo, fuentes de la investigación apuntan a que el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid aguardará a las declaraciones de los encausados, previstas para el próximo 20 de noviembre, antes de decidir sobre ello.