La delegada contra la Violencia de Género niega pagos en B y acusa de chantaje a su exempleada de hogar
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La trabajadora presentó ante el Juzgado de lo Social de Las Palmas una demanda por despido improcedente en la que sostiene que la también exdiputada de Podemos le pagó en negro
19 oct 2022 . Actualizado a las 10:48 h.La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, calificó de «falsas» las acusaciones formuladas por su exempleada del hogar sobre presuntos pagos realizados con dinero negro.
La trabajadora presentó ante el Juzgado de lo Social de Las Palmas una demanda por despido improcedente en la que sostiene que la también exdiputada de Podemos le pagó en negro al estar varios meses sin contrato. Argumenta que el despido durante una baja registrada el pasado mes de mayo «supone una vulneración del Estatuto de los Trabajadores», por lo que entiende que debe ser declarado nulo o improcedente.
«Esto no es una demanda laboral, es un chantaje», zanjó Victoria Rosell en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press. «Siempre tuvo contrato y alta en la Seguridad Social desde el primer día y eso está en los documentos», afirmó. «Yo no soy la empleadora, el empleador es mi pareja, Carlos. Yo por lo tanto no la he despedido, de hecho nadie la ha despedido, ha sido un desistimiento», subrayó.
«Ha estado contratada durante el estado de alarma (...) y no le suspendimos el contrato, estuvo cobrando el 100% sin venir a trabajar porque nos pareció lo más adecuado para la salud de ella, de su familia y de la nuestra. Ha estado de marzo a junio cobrando el 100% de su contrato, no le hemos suspendido el contrato; ella sabía que buscábamos otra persona y desgraciadamente hay gente que la está utilizando, no para una demanda laboral, sino para un chantaje», relató. «La justicia no se puede usar para esto y los medios tampoco», añadió Victoria Rosell.
«Espero que a nadie le pase esto, que habiendo sido todo legal, habiendo tenido todos los documentos y habiendo sido enormemente generosa con esta persona que dice que es inmigrante y que ahora tiene DNI español gracias a este contrato legal», apostilló.
«Creo que es muy injusto que por ser una figura del Gobierno o pretender hacer daño a las fuerzas políticas progresistas --indicó--. Si no soy la empleadora, ni la he despedido, ni le debo un euro, ni jamás la he contratado en negro... ¿qué pinto en esta demanda? Porque esto es una extorsión».
«Fabricación de pruebas falsas»
En la misma línea se ha expresado la ministra de Igualdad Irene Montero al ser preguntada al respecto, insistiendo en que se trata de «una fabricación de pruebas falsas». Montero recordó que en su día Rosell sufrió una situación parecida que terminó con una pena de 6 años y medio de prisión del magistrado Salvador Alba, por confabular contra la también juez y diputada de Unidas Podemos, por delitos de prevaricación judicial en concurso con cohecho y falsedad en documento público.
«La fabricación de pruebas falsas, los montajes judiciales... esto daña gravemente la democracia. El problema es el daño que eso hace, si alguien cree que puede actuar así tenemos un problema democrático en este país», afirmó la ministra en declaraciones a los medios al ser preguntada por esta cuestión.