Solo Madrid ha recogido el guante de Pedro Sánchez y Cataluña se lo está pensando, pero el resto no lo consideran necesario, al menos por ahora
27 ago 2020 . Actualizado a las 09:12 h.Pedro Sánchez puso este martes a disposición de los presidentes autonómicos el instrumento jurídico más polémico de toda la pandemia del coronavirus: el estado de alarma. A partir de ahora, las comunidades que así lo consideren necesario podrán solicitarlo en el Congreso, donde contarán al menos con el apoyo del Gobierno, aseguró Sánchez, y podrán aplicarlo en todo su territorio o solo en una parte. ¿Qué comunidades contemplan recurrir a este mecanismo para, entre otras cosas, establecer restricciones sin necesidad de contar con el visto bueno de un juez? De momento, solo Madrid ha recogido el guante. Cataluña, por su parte, ha avanzado que lo estudiará cuando conozca «todos los detalles».
Galicia
Propone modificar la ley sanitaria. El presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijoo, rechazó este miércoles la propuesta de Sánchez a las autonomía: no quiere 17 estados de alarma, lo que quiere es una nueva ley de salud. A su juicio, esta idea «casa poco con las competencias descentralizadas» que marcan la organización del Estado español. Considera, por tanto, que la mejor opción sería modificar la legislación ordinaria, tal y como ya le ha pedido reuteradamente al Ejecutivo central durante los meses en los que estuvo en vigor la situación de excepcionalidad. «A loita contra a pandemia non debe ser una excepción continuada, temos que apurar mecanismos legais existentes e perfeccionalos, porque a pandemia debe xestionarse cunha lexislación sanitaria e non unha constitucional como é o estado de alarma», consideró el presidente gallego, que avanzó que la Xunta ultima un texto de Ley Orgánica de Salud que remitirá al Gobierno de Sánchez a partir de la primera semana de septiembre. Con este él se busca que todos los territorios puedan contar con «herramientas jurídicas» que permitan a las comunidades gestionar la pandemia de una forma homogénea y sin necesidad de que cada medida sea discutida en los órganos jurisdiccionales.
Navarra
No ve necesario pedirlo en estos momentos. El Gobierno navarro tampoco contempla a día de hoy solicitar al Ejecutivo central la declaración del estado de alarma, aunque valora esta herramienta como «constitucional y prevista» para utilizarla si fuera necesario, señaló este miércoles el vicepresidente del Gobierno foral y portavoz, Javier Remírez. «No sería necesario ni imprescindible» en estos momentos, valoró, asegurando que están «satisfechos» con la «comunicación y cogobernanza» establecida desde el mes de marzo tanto con el Ejecutivo de Sánchez para gestionar la crisis del covid-19 como con el «contacto con representantes del Estado».
Castilla-La Mancha
No lo ve útil sin limitar movilidad entre comunidades. En Castilla-La Mancha no sopesan por ahora recurrir al estado de alarma individualizado al considerar que solo sería útil si fuese ligado a la restricción de los movimientos entre las autonomías, como se puso de manifiesto durante los primeros meses de la epidemia. Su presidente, Emiliano García Page, considera que «las medidas de este tipo o son de confinamiento integral o no merecen la pena»: «De nada serviría que Castilla-La Mancha tuviera las puertas abiertas de par en par con comunidades vecinas, como Madrid o Andalucía».
Cantabria
No hay «circunstancias» para ello. Tanto el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, como su consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, descartaron ya la posibilidad de acogerse a este mecanismo porque en este momento, argumentaron, «no habría ninguna circunstancia» para hacerlo.
Cataluña
Lo estudiará. Cataluña empezó defendiendo su estrategia regional de respuesta a la pandemia que, cree, no pasa por pedir ninguna intervención del Gobierno central. La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, aseguró que el ofrecimiento de Sánchez «no es una herramienta imprescindible» y señaló que el Ejecutivo catalán ya activó en marzo un plan de emergencia. «No lo vemos en absoluto necesario para añadir una cosa más. Tener que explicar medidas, ya lo vivimos en las fases. A quien tenemos que dar respuesta es a la ciudadanía», añadió. Sin embargo, el presidente catalán admitió que estudiará la propuesta del Gobierno y ,una vez conozca todos los detalles, dará una respuesta al respecto. Fuentes de Presidencia explicaron que Quim Torra se mostró sorprendido porque «ahora sí parece que el virus entiende de territorios» y recordó que siempre ha pedido todas las competencias para gestionar la crisis sanitaria. También la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, explicó este miércoles que el Ejecutivo catalán debe estudiar detenidamente la invitación.
Andalucía
Ahora no lo necesita. Como Navarra, Andalucía respondió a Pedro Sánchez que «en este momento», atendiendo a los datos, no necesita un estado de alarma, a pesar de que ya alcanza cifras que no veía desde marzo. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, acusó al jefe del Ejecutivo español de «eludir responsabilidades que solamente son competencia» del Gobierno. En su opinión, este anuncio no responde a lo que las autonomías le solicitaron en la Conferencia de Presidentes que se celebró en la Rioja hace un mes: crear instrumentos jurídicos para poder ordenar confinamientos de forma puntual.
País Vasco
Defiende la actual coordinación. El lehendakari, Íñigo Urkullu, no cree que sea necesario que el Gobierno central decrete nuevamente el estado de alarma. Defiende la actual coordinación y «comunicación permanente» entre ambos Ejecutivos para hacer frente a la segunda oleada de la pandemia y abordar sus consecuencias en distintos ámbitos «sin necesidad de otro tipo de figuras».
Madrid
Muchas reservas y una línea roja a evitar: el confinamiento total. Con una curva epidemiológica disparada, la Comunidad de Madrid solicitará «todo aquello que haga falta» para «proteger la salud de los ciudadanos», aseguró su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Mantiene, sin embargo, que no se pueden «permitir confinamientos». «No se puede pasar del estado de alarma a la nada y a la ausencia, como ha ocurrido este verano, y de la nada y de la ausencia otra vez al estado de alarma. Tiene que haber una estrategia de país y confianza en las comunidades autónomas para que, en base a nuestra autonomía, según esa estrategia, caminemos juntos», reclamó. Su vicepresidente, Ignacio Aguado, manifestó, sin embargo, que la comunidad «está en alerta, pero no en alarma», porque la situación «es de una cierta estabilidad» y «está controlada». Sí se manifestó partidario de limitar la «movilidad insegura», pero insistió en que no se contempla solicitar el instrumento ofrecido por Sánchez.
Murcia
No se plantea pedirlo porque está por debajo de la incidencia media. El ejecutivo autonómico apuntó a través de un comunicado que «no está pensando en pedir» esta figura porque la Región de Murcia está en estos momentos por debajo de la media nacional en incidencia acumulada, hospitalización e ingresos en la uci de pacientes con coronavirus. «Seguiremos trabajando en su contención».
Aragón
«Asfixia la economía y el empleo». El presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, entiende que la declaración del estado de alarma y el confinamiento es una «solución fácil» para atajar la transmisión del virus, «pero luego rebrota y entretanto se ha asfixiado la economía y el empleo, y no quiero eso». Explicó que su Gobierno puso en marcha otras medidas, que «parecen estar dando resultado sin quebrantos graves para la economía».
Castilla y León
Exige un criterio común a todas las comunidades para poder solicitarlo. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, demanda por su parte que el Gobierno establezca un criterio técnico y común a todas las comunidades para poder pedir el estado de alarma a nivel autonómico. Sostiene que el Ejecutivo central «no puede echarse de nuevo a un lado» y asegura que no le «temblará el pulso» a la hora de tomar decisiones para asegurar la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, recordó que la demanda al Ejecutivo central es la dotación de una «herramienta legal intermedia» que permita a las autonomías ordenar confinamientos puntuales de una forma «ágil».