La Fiscalía ve delito en el pago electoral de Podemos a una consultora y pide que se investigue

El Tribunal de Cuentas ya encontró indicios de ilegalidades en una operación denunciada por el exabogado del partido


Madrid / Colpisa

Podemos recibió este martes una de cal y otra de arena. La Fiscalía Provincial de Madrid, en su primer escrito dirigido al titular del Juzgado de Instrucción número 42 de la capital, que investiga la presuntas irregularidades en la contabilidad de Podemos, pidió que se siga adelante con la parte de la investigación referida al contrato suscrito entre Podemos y la sociedad mercantil Neurona Consulting para las elecciones del 28 de abril del 2019. Una vinculación contractual sospechosa a la que ya aludió en su momento el Tribunal de Cuentas. Sobre las otras cuestiones investigadas, el fiscal, que rechaza la nulidad de actuaciones planteada por Podemos por no constar en la causa la grabación completa, reseña que algunas de ellas son «rumores o suspicacias» mientras que para el resto no existen indicios que demuestren la existencia hechos delictivos.

El procedimiento arranca a raíz de una denuncia de José Manuel Calvente, quien había trabajado como abogado en la formación política desde el 1 de agosto del 2014 al 2 de diciembre del 2019, en la que ponía de manifiesto la existencia de hechos presuntamente delictivos cometidos en el seno de Podemos. En concreto, aludía a cuatro: el destino de 50.000 euros de la caja de solidaridad del partido a la asociación #404 comunicación popular; el acceso «inconsentido» al contenido del disco duro de la abogada Marta Flor; la licitación irregular de obras, fundamentalmente la adjudicación «a dedo» de la reforma de la sede de Podemos en Madrid, y la contratación fraudulenta de gastos de campaña y cobro de comisiones a través de contratos con Neurona Consulting y ABD Europa.

En cuanto a los contratos con Neurona, la Fiscalía sí aprecia la existencia de «indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo». Como primera conclusión rechaza el carácter prospectivo del hecho investigado, porque existen elementos que determinan que no se ha acreditado la justificación de este gasto. Señala, además, que es una empresa creada para la prestación del servicio.

Del mismo modo, explica que de la información bancaria remitida resulta que la empresa contratista Neurona efectuó abonos en fechas próximas a las elecciones del 2019 a una mercantil de tecnología digital con sede en Dallas (Creative Advice Interactive), por un importe total de 308.257,20 euros, «cuando las transferencias de la coalición son manifiestamente superiores». Igualmente reseña que todos los gastos que figuran en sus cuentas corrientes son los normales de prestación de servicios (Burguer King, Uber, Museo del Jamón..) así como comisiones al letrado que figura como administrador de la entidad, pero no constan gastos de personal, medios materiales o locales propios de una actividad empresarial.

Sobre otro de los hechos narrados por el denunciante referidos a los contratos «fraudulentos» con la mercantil ABD y en los que Juan Manuel del Olmo y Rafael Mayoral habrían intervenido como comisionistas, la Fiscalía señala que no existen indicios que así lo acrediten porque, en realidad, se trata de «rumores, sospechas o suspicacias del propio denunciante». Para la Fiscalía, el hecho de acordar toda esta batería de diligencias sobre la base de rumores, sospechas y a la «clara» animadversión del denunciante, «es completamente contrario a lo que se pretende en una instrucción judicial en una sociedad democrática».

El PSOE frena la comisión sobre las cuentas de Podemos

El PSOE, junto con Unidas Podemos y los nacionalistas, frenó ayer en la Junta de Portavoces la comisión de investigación que reclaman PP, Ciudadanos y Vox sobre las cuentas del partido de Pablo Iglesias. Los socialistas ya avanzaron su rechazo la semana pasada a pesar de que permitieron en la Mesa su tramitación. «Intentan echar basura sobre Podemos», aseguró la portavoz del PSOE en el Congreso Adriana Lastra, para quien la petición no es más que «una cortina de humo del PP» para tapar su propia corrupción.

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