Un juez andorrano investiga si Rajoy presionó a un banco para obtener datos de Mas y Junqueras

Una querella acusa a altos cargos del Gobierno del PP de amenazar a los responsables de la Banca Privada de Andorra con forzar el cierre de la entidad y de su filial Banco Madrid

Artur Mas y Oriol Junqueras, en el Parlamento de Cataluña, en el 2016
Artur Mas y Oriol Junqueras, en el Parlamento de Cataluña, en el 2016

La Justicia andorrana investigará si el Gobierno de Mariano Rajoy y su cúpula en el Ministerio de Interior presionó a la Banca Privada de Andorra (BPA) para obtener información bancaria de políticos catalanes durante el desafío independentista, a raíz de la querella del Instituto de Derechos Humanos de Andorra y del colectivo de juristas Drets, según recoge Efe.

La Batllia d'Andorra, órgano judicial similar a la Audiencia Nacional española, ha admitido a trámite la querella, que se dirige contra Rajoy, los exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez y el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó.

El juez andorrano considera que la querella, presentada por coacciones, amenazas, extorsión, chantaje y falsedad documental, expone unos hechos que «pueden ser constitutivos de responsabilidad penal y de los que se puede derivar una responsabilidad civil». La causa se deriva del envío de policías a presionar a responsables del BPA para lograr información de cuentas bancarias de políticos catalanes, entre ellos el expresidente Artur Mas, el líder de ERC Oriol Junqueras y la familia Pujol.

La denuncia sostiene que el Gobierno español habría extorsionado a los responsables del BPA, amenazándolos con forzar el cierre de la entidad y de su filial española Banco Madrid, ambos ya clausurados, si no facilitaban la información exigida. Según los querellantes, el Gobierno de Rajoy envió supuestamente información falsa sobre BPA a la oficina de control de delitos financieros de Estados Unidos, al tiempo que «intimidaba» al Gobierno andorrano y a sus ministros en una visita oficial al Principado en enero del 2015, para precipitar el cierre de la entidad.

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