El Gobierno defiende los ataques de Navajas a sus compañeros de la Fiscalía

Campo arropa a Delgado y a su número dos frente a las críticas del PP

Dolores Delgado, durante la inauguración del año judicial
Dolores Delgado, durante la inauguración del año judicial

Madrid / La Voz

El Gobierno salió este martes en defensa de la fiscala general del Estado, Dolores Delgado, y del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, tras la decisión de este último de pedir el archivo de todas las denuncias presentadas contra el Ejecutivo por su gestión en la pandemia del covid-19 y acusar a varios miembros del ministerio público, entre ellos la ex fiscala general del Estado con el PP, Consuelo Madrigal, de estar «contaminados políticamente» y de haberle presionado para que se pronunciara en contra del Gobierno. Los ataques de Navajas han provocado las críticas de las asociaciones mayoritarias de la Fiscalía y generado un clima de enfrentamiento en el ministerio público. Pero la polémica se ha trasladado también al terreno político.

«Incompetencia punible»

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, acusó este martes al PP de no «arrimar el hombro» en la crisis del coronavirus y de «embarrar» la situación de la pandemia lanzando «dudas sobre la imparcialidad de los jueces y del ministerio fiscal», por sus críticas a Delgado. La senadora del PP Cristina Ayala aprovechó una pregunta al ministro en la sesión de control en la Cámara Alta sobre la situación de la Justicia en España para acusar al Gobierno de promover la «falta de imparcialidad» de una Fiscalía General del Estado que, a su juicio, «no puede seguir al servicio del Gobierno» porque su misión es «la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público». En sus declaraciones, el fiscal jefe Navajas explicó que había rechazado convocar a la junta de fiscales para adoptar una decisión sobre las denuncias contra el Gobierno para no tener que excluir a compañeros «que son esclavos de su ideología». «Son fiscales de altísima consideración, pero en este sentido están contaminados ideológicamente», añadió.

La senadora Ayala preguntó al responsable de Justicia si la Fiscalía está defendiendo a los ciudadanos o al Ejecutivo cuando habla de «contaminación» de otros fiscales o cuando «no admite una investigación contra el Gobierno por el covid-19 cuando somos el país de largo que peor lo hemos hecho en la precrisis, en la primera ola y en la segunda ola». Y criticó también que la Fiscalía se opusiera a la petición de los médicos que reclamaban al Gobierno que se les aportara material suficiente para la lucha contra el virus. «¿En qué momento la incompetencia plena pasa a ser punible? ¿Cual es la solución? ¿Que nos callemos sin más?, preguntó la senadora Ayala.

En su respuesta, el titular de Justicia acusó los populares de descalificar a fiscales y jueces «viendo planes que solo figuran en su mente». «Estamos intentando una Justicia más efectiva para el ciudadano», insistió Campo, aunque añadió que para ello el Gobierno necesita la ayuda del PP y no sus «bombas». «Dejen de embarrar y contribuyan como lo hacen desde ámbitos muy concretos», añadió el ministro, que indicó que no le preocupa que los populares «se desfoguen» en las Cortes.

Vinculación con Garzón

Pero los ataques del PP a Dolores Delgado no inciden solo en la actuación de la Fiscalía en las denuncias contra el Gobierno. La senadora popular se refirió veladamente a la relación entre la fiscala general del Estado y el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, inhabilitado por la Justicia, con el que fue fotografiada el pasado fin de semana en Roma. Aseguró que los juristas del PSOE «tienen una acusada tendencia a reunirse con la gente más inoportuna». Y recordó al propio Campo su foto en una playa de Cádiz con el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, condenado en el caso de los ERE. «¿Qué le preguntaba Chaves? ¿Le pedía información privilegiada sobre lo suyo, sobre el indulto? ¿Se reúne a menudo con condenados por la Justicia o solo con los del PSOE?», insistió, sin conseguir que Campo respondiera a sus provocaciones.

El teniente fiscal del Supremo desautoriza también al jefe de Anticorrupción

El número dos de la Fiscalía General del Estado y jefe del ministerio público en el Tribunal Supremo, Luis Navajas, no solo cargó en sus declaraciones contra los fiscales que supuestamente le habrían presionado para que aceptara las querellas contra el Gobierno. Navajas cuestionó las actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por el fiscal Alejandro Luzón, en donde, según sus insinuaciones, se producen constantemente filtraciones sobre las materias «sensibles» con las que tratan. «En Toledo, en la Edad Media, había una escuela de traductores muy famosa y parece que ahí se ha creado una escuela de filtradores», indicó en la polémica entrevista.

Y, en relación con el caso Villarejo, que se sigue en la Audiencia Nacional, y el caso Dina, que investiga la supuesta sustracción de un teléfono móvil de una colaboradora del líder de Podemos, Pablo Iglesias, el fiscal jefe se refirió a la relación entre el fiscal que lleva el caso, Ignacio Stampa, con la abogada de Podemos, Marta Flor. «Me está hablando usted de una cosa que cuando me enteré me dio asco», señaló Navajas, añadiendo que si él hubiera sido Luzón, superior de Stampa, «le hubiese apartado de la comisión y le hubiese devuelto a su Fiscalía de Canarias, de donde creo que vino, y ya está». «Vomité, vomitamos cuando nos enteramos por los periódicos de lo de la abogada [Marta Flor Núñez] y sobre si tenía relación», señaló en una entrevista en Ok Diario. Ni el fiscal Stampa ni la abogada Marta Flor ni Pablo Iglesias se han pronunciado al respecto.

Iglesias considera «alarmante» que Navajas hable de «presiones políticas»

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, consideró alarmantes las declaraciones del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas. «Habló abiertamente de presiones políticas. Habló abiertamente con nombres y apellidos de dos fiscales que vino a decir que estaban operando casi al dictado de la derecha. Eso es enormemente grave, aunque hay que ser prudentes», señalo el líder de Unidas Podemos, que afirmó que esa palabras, viniendo de alguien tan importante en la Fiscalía, deben «alarmar a todos».

Una fiscala general cuestionada desde su nombramiento

El nombramiento de Dolores Delgado como fiscala general del Estado fue recibido con recelo por las asociaciones mayoritarias de la carrera fiscal, al considerar que no era idónea para el cargo. Aunque todos sus compañeros valoran su larga trayectoria profesional y su labor en la Audiencia Nacional, el hecho de que pasara directamente del cargo de ministra de Justicia a la cúpula del ministerio público se vio ya como un inconveniente para su designación. Pero fue el hecho de que ocupara hasta su nombramiento un escaño como diputada del PSOE el que generó las mayores críticas, por considerar que el Gobierno pretendía tener sometida a la Fiscalía.

Esas críticas han ido aumentando a medida que el departamento de Delgado ha ido tomando posición en asuntos de actualidad política. Así ocurrió en la investigación abierta al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por la autorización de manifestación del 8M, en la que la Fiscalía solicitó el archivo total de la causa. Polémica fue también la decisión de la Fiscalía General del Estado de dejar sin efecto la orden que había recibido el ministerio público en el año 2016 para oponerse a que la Justicia argentina investigase crímenes del franquismo y de la Transición que fueron amnistiados en España en el año 1977. Algo que permitió a la jueza argentina María Servini interrogar al exministro de Interior de UCD Rodolfo Martín Villa. Una decisión que fue criticada incluso por algunos sectores del PSOE.

En la causa abierta por la presunta financiación irregular de Podemos, la Fiscalía calificó de «rumores, sospechas o suspicacias» las denuncias del exabogado de la formación morada José Manuel Calvente sobre la existencia de una caja B en el partido utilizada para pagar sobresueldos. El ministerio público se vio también salpicado en el caso Dina por la relación entre uno de los fiscales Anticorrupción del caso, Ignacio Stampa, con una de las abogadas de Podemos, Marta Flor, lo que llevó al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a interrogar personalmente a Calvente en sustitución de los fiscales Stampa y Miguel Serrano.

Pero ha sido la petición de la Fiscalía de que el Supremo archive todas las denuncias por la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la pandemia del covid-19, en la que Delgado se abstuvo de participar por haber sido miembro de ese Ejecutivo, la que más críticas ha recibido, obligando a la fiscala general del Estado a defender su imparcialidad.

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