Este país y este Gobierno nos traen de sobresalto en sobresalto. Cuando estábamos analizando la ausencia -otros dicen el veto- del rey en Barcelona hoy mismo, el ministro de Justicia nos sorprendió con el anuncio de que la semana que viene empezará a tramitar el indulto de los presos del procés. Uno a uno, como manda la ley. Y con seis meses por delante, que la liturgia lleva su tiempo. Los diputados que lo oyeron preguntaban a su vecinos si era cierto lo que habían escuchado. Los teléfonos se pusieron a funcionar a toda velocidad. Una ola de extrañeza se extendió por todo el país, al que el señor Campo cogió perfectamente desprevenido y mirando a la mascarilla.
¿Por qué tanta sorpresa? Por varias razones: porque el presidente del Gobierno, cuando era preguntado por esto hace casi un año respondía que no estaba en la agenda; porque el mismo presidente, cuando Pablo Casado le preguntaba machaconamente respondía con evasivas, pero jamás dio la menor esperanza; porque Oriol Junqueras había dicho que «el indulto se lo pueden meter donde les quepa»; porque mucha gente no sabe que toda solicitud de indulto tiene que ser tramitada sin prejuzgar el resultado y porque ese tema, sencillamente, había desaparecido de las preocupaciones. Lo habían superado los propios independentistas al decir que su aspiración no era un vulgar indulto que supone el perdón, pero no el olvido.
El caso es que estamos ante un nuevo lío que el ministro de Justicia justificó en nombre del diálogo. Y ahí empiezan las dudas: ¿qué diálogo? ¿Se va a cambiar el voto a los presupuestos por la libertad de los presos? ¿Hay otros diálogos ocultos y desconocidos, que incluirían la rebaja del delito de sedición? ¿Está funcionando la Mesa con el gobierno catalán, al mismo tiempo que dicen que no existe? Es cierto que las peticiones tienen que ser tramitadas, pero ninguna tramitación se había anunciado, y menos con la solemnidad del Parlamento. Y además, sería muy torpe crear esperanzas en los independentistas para provocar después el desencanto del desenlace negativo. Si el ministro lo anuncia así, es porque la voluntad del Gobierno, pactada o no, es conceder esa medida de gracia.
La indignación en el flanco conservador es evidente. Se utilizan conceptos como «desmantelamiento institucional del Estado». Se anuncian recursos ante el Supremo y sospecho que en la sociedad hay las mismas reacciones y suspicacias, porque existe la sensación de que se están haciendo concesiones al independentismo sin contrapartidas. Una vez más, todo esto ocurre por esta política de efectos y sobresaltos, sin una explicación y sin preparación alguna de la opinión pública. Yo solo digo: si esto vale para resolver el problema político catalán, está bien. Pero esto es una carrera de galgos: cuando uno va por la sedición y el indulto, el otro galgo ya está en la amnistía.