Sánchez se vuelca con el secesionismo para lograr su apoyo a los presupuestos

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

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Sánchez y Rufián se saludan en la reunión celebrada el pasado día 3 para hablar de los presupuestos
Sánchez y Rufián se saludan en la reunión celebrada el pasado día 3 para hablar de los presupuestos

Asume el coste de la crisis institucional para reeditar la mayoría de la investidura

27 sep 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

Después de dudar durante meses entre la posibilidad de aprobar los presupuestos reeditando la mayoría que le aupó a la investidura o hacerlo mediante un pacto que incluya a Ciudadanos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha movido ficha esta semana multiplicando los gestos hacia los partidos independentistas vascos y catalanes con el objetivo de ganarse su apoyo a las cuentas públicas. Aunque el Ejecutivo insiste en que es posible sumar a Cs a un acuerdo transversal, los guiños hacia el secesionismo, que han abierto una crisis institucional, hacen cada vez más difícil esa ecuación.

¿Es un gesto político a ERC el anuncio de que se estudiarán los indultos?

Sí. El gesto más claro en el intento de acercamiento a los independentistas de cara a los presupuestos lo dio el miércoles el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que, anunció por sorpresa en el Congreso que el Gobierno estudiará a partir de esta semana los indultos los presos del procés. Campo hizo intencionadamente esa revelación en respuesta a una pregunta de la portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borrás, tratando así de rebajar la presión del partido de Carles Puigdemont sobre ERC ante la inminente inhabilitación del presidente catalán, Joaquim Torra. Aunque tramitar la petición de inculto es una obligación legal, en el Gobierno admiten que anunciar en el Congreso que se pone a ello es un gesto con «intencionalidad política.

¿Se han normalizado la relación con EH Bildu?

Sí. Pablo Iglesias recibió el pasado día 16 a la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que a la salida aseguró haber visto «disposición» del vicepresidente segundo del Gobierno para acercar o excarcelar a presos de ETA. Tras ello, el pasado miércoles la anfitriona de EH Bildu fue la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que normalizó así la relación del Gobierno con el partido de Arnaldo Otegi, al que hasta ahora no había incluido en la negociación de los presupuestos.

¿Tiene intención política el veto a la presencia del rey en Cataluña?

Sí. El paso más comprometido que ha dado el Gobierno en su intento de acercamiento a los independentistas catalanes, porque va más allá de la negociación política y afecta a las instituciones del Estado, es la decisión de impedir la presencia del rey en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces celebrado en Barcelona. Aunque el ala socialista Ejecutivo ha enmarcado esa decisión en cuestiones de seguridad, la ausencia del jefe del Estado fue celebrada como un triunfo por los secesionistas y también por Unidas Podemos, que apuesta abiertamente por acabar con la monarquía parlamentaria. Algo que ha generado un conflicto sin precedentes del Gobierno con el Consejo General del Poder Judicial. Sánchez era consciente de la repercusión y el coste político que tendría esa medida, pero aun así la aprobó, lo que refuerza la tesis de que apuesta claramente por el pacto con ERC para aprobar los presupuestos.

¿Por qué acelera el Gobierno el acercamiento a los independentistas?

Sánchez es consciente de que la tramitación de las cuentas públicas es un proceso largo en el que la posición de ERC puede variar en función de la coyuntura política en Cataluña. Y, por ello, no cierra la puerta a un acuerdo alternativo con Cs. Pero su primera urgencia es aprobar el techo de gasto. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha anunciado que se presentará en el Congreso en una o dos semanas. Un fracaso del Gobierno en esa votación daría al traste a la primera con la intención de Sánchez de aprobar sus primeros presupuestos desde que preside el Gobierno. Aunque ganar esa votación no implique que las cuentas públicas vayan a salir adelante.

¿Necesita el Ejecutivo ineludiblemente pactar con los secesionistas?

No. Hay una mayoría absoluta alternativa con Cs, el PNV y partidos minoritarios. Pero aprobar ahora el techo de gasto con esa fórmula sería un paso definitivo que marcaría ya el resto de la legislatura, complicaría la estabilidad del Gobierno de coalición y supondría la ruptura con ERC. El PNV se mueve con cautela en esta negociación porque, aunque apuesta por repetir la mayoría de investidura, recela del protagonismo que Pablo Iglesias está dando a EH Bildu y teme que los de Otegi traten de rentabilizar las cesiones que el Gobierno tendrá que hacer al autogobierno vasco para ganarse el voto de los nacionalistas de Urkullu.

¿Cómo afecta a Cs el cambio de rumbo emprendido por Sánchez

La multiplicación de gestos políticos del Gobierno hacia el independentismo que se han sucedido esta semana dejan en una situación política muy comprometida a Cs. Su líder, Inés Arrimadas, ha apostado su futuro político a alcanzar un acuerdo de presupuestos con el Gobierno que devuelva a su partido un protagonismo político que ha perdido desde la moción de censura que derribó al Gobierno de Mariano Rajoy. Cs insiste en que su objetivo es facilitar la aprobación de unos presupuestos que no dependan de los separatistas. Pero gestos como el anuncio de que se empezará a estudiar de inmediato la concesión de los indultos y se reformará la sedición en el Código Penal, unidos al menoscabo a la figura del rey alentada por Iglesias hacen cada vez más difícil que Arrimadas siga sentada en la mesa de negociación con el Gobierno.

¿Saldrán de la cárcel los presos del «procés» gracias a los indultos?

Probablemente no. El anuncio del Gobierno tiene más de gesto simbólico que de efectivo. Además de enfrentarse a graves dificultades, como es la de la casi segura oposición del tribunal sentenciador, en este caso el Tribunal Supremo, y probablemente también de la Fiscalía, la vía escogida por el Gobierno para sacar a los presos de la cárcel es la reforma del delito de sedición en el Código Penal, que podría estar aprobada en pocos meses, antes de que concluya el trámite de los indultos. Una rebaja de la pena por sedición a cuatro años, como se prevé, sacaría inmediatamente de la cárcel a los reclusos, al haber cumplido todos más de la mita de esa condena. Pero Unidas Podemos presiona para que se elimine ese tipo penal, lo que abriría la puerta incluso a que Carles Puigdemont y el resto de fugados de la Justicia regresaran a España sin que pudieran ser juzgados por un delito que ya no existiría en el Código Penal.