Gobierno y oposición son incapaces de cerrar un solo acuerdo de Estado

Moncloa no ha cumplido tampoco los pactos que firmó con algunos grupos


Madrid / La Voz

La falta de acuerdo entre el Gobierno y el PP para implementar las medidas necesarias ante el rebrote del coronavirus evidencia la incapacidad del Ejecutivo y la oposición para alcanzar pactos de Estado en ninguna materia. Pese a la grave situación sanitaria y económica, el Gobierno y el PP no han explorado siquiera un acercamiento en materia de presupuestos. De hecho, el Ejecutivo de coalición no ha sacado adelante en esta legislatura ningún gran acuerdo con la oposición en materia económica, sanitaria, judicial o de educación, y tampoco ha cumplido los pactos a los que ha llegado con algunos grupos parlamentarios.

Coronavirus

Ni grandes acuerdos, ni implementación de lo pactado. Gobierno y PP no fueron capaces de acordar en la comisión de reconstrucción del Congreso las medidas de carácter económico frente a la crisis generada por la pandemia, y tampoco el paquete de ayudas sociales, rechazado por una mayoría del Congreso. Solo hubo un acuerdo de mínimos en materia sanitaria para la creación de un Centro Estatal de Salud Pública y Calidad Asistencial. Pero la medida duerme en un cajón. Dos meses después de aprobarse los dictámenes sobre Economía, Unión Europea y Sanidad, no se ha puesto en marcha prácticamente ninguna de las propuestas realizadas.

Reparto del fondo europeo

Acuerdo incumplido. El pasado 2 de septiembre, Pablo Casado anunció un pacto con Pedro Sánchez para crear una Agencia Nacional para la Recuperación Económica de España con el objetivo de «despolitizar» el reparto de los fondos europeos de recuperación. Pero Sánchez ya ha renunciado a esa idea y será Moncloa la que reparta esa ayudas.

Renovación del CGPJ

Bloqueo pese a los avisos de Bruselas. Gobierno y PP no son capaces de acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, a pesar de que su mandato caducó en diciembre del 2018. Ni siquiera la advertencia de Bruselas urgiendo a esa renovación logra superar el bloqueo. Como respuesta, jueces conservadores y progresistas han llegado a un acuerdo, al margen de los partidos, para nombrar a seis magistrados del Tribunal Supremo.

Educación

Reforma impulsada sin consenso. Tampoco en materia educativa ha sido posible el consenso entre Gobierno y la oposición. La Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe), ha sido presentada sin acuerdo por la ministra Isabel Celaá. Ni siquiera hay consenso en el propio Gobierno, ya que Unidas Podemos ha presentado en solitario 54 enmiendas al texto impulsado por Celaá.

Leyes sanitarias

No se cumple lo pactado con Cs y ERC. El Gobierno ha incumplido incluso los acuerdos firmados con grupos de la oposición. Con Ciudadanos y ERC se comprometió a reformar las leyes sanitarias para articular alternativas al estado de alarma. Pero, tras acordarlo, Sánchez enterró esa idea, que se ha mostrado sin embargo imprescindible tras el conflicto jurídico provocado por el desacuerdo en las medidas frente al coronavirus en Madrid.

Reforma laboral

Marcha atrás al pacto con Bildu. El Gobierno se comprometió también por escrito con EH Bildu, a cambio de su apoyo a la prórroga del estado de alarma, a derogar en su totalidad la reforma laboral de Mariano Rajoy. Pese a que Unidas Podemos exige que se cumpla lo pactado, la ministra de Economía, Nadia Calviño, dejó claro que no lo contempla.

El Ejecutivo incumple la Constitución al no presentar antes del 1 de octubre los presupuestos en el Congreso

«El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». El artículo 134 de la Constitución utiliza ese eufemismo para mandatar al Ejecutivo a presentar cada año las cuentas públicas antes de 1 de octubre, dado que expiran siempre el 1 de enero. El Gobierno ha incumplido ya por tanto la Carta Magna, lo que provocará casi con seguridad una tercera prórroga de las cuentas del 2018, dado que ni siquiera ha presentado todavía el techo de gasto. Este año será el quinto consecutivo en el que se incumple el mandato constitucional por distintos motivos.

Los presupuestos del 2017 no se presentaron hasta abril del 2017, ya que tras las elecciones del 2015 el bloqueo político impidió formar Gobierno. Tras repetirse los comicios en junio del 2016, Rajoy no fue investido hasta octubre, una vez que el PSOE accedió a abstenerse, aunque ya sin tiempo de cumplir los plazos presupuestarios. Las cuentas del 2018 no se presentaron tampoco hasta abril de ese mismo año, ya que la grave situación creada en Cataluña impidió un acuerdo del PP con el PNV, que se produjo finalmente en junio del 2018. Una semana después de aprobar esas cuentas, el PNV tumbó al Gobierno de Rajoy apoyando una moción de censura.

Esos presupuestos siguen vigentes hoy, ya que Pedro Sánchez no ha podido aprobar otros desde entonces. Aunque llegó a la Moncloa en junio del 2018, no presentó los presupuestos del 2019 hasta enero de ese año, incumpliendo el plazo establecido. El Congreso tumbó esas cuentas en febrero, lo que condujo a nuevas elecciones en abril, sin que fuera posible formar Gobierno. Los comicios se repitieron en noviembre, por lo que tampoco se pudo presentar en plazo el presupuesto del 2020. Finalmente, tras formarse el Ejecutivo de coalición en enero, Sánchez renunció a presentar unas cuentas para el 2020 y prorrogó de nuevo las del 2018.

Sánchez amenaza con cambiar la ley para renovar el CGPJ sorteando el «bloqueo» del PP 

«Si el principal partido de la oposición cada vez que pierde las elecciones bloquea hasta que gana de nuevo las elecciones, entiendo que el legislador tendrá que tomar una decisión». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, amenazó de esta manera este viernes con afrontar un cambio en la ley que le permita renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sorteando el «bloqueo», del que culpa en exclusiva al PP. Durante una rueda de prensa ofrecida en Bruselas después de asistir a la reunión del Consejo Europeo, el jefe del Ejecutivo reclamó al PP que «haga caso» a la mayoría parlamentaria que, según aseguró, pide que se renueve de inmediato la cúpula del poder judicial.

El líder del PSOE confirmó así la información publicada por el diario El País, en la que se aseguraba que una de las opciones que está manejando el Gobierno es la de establecer que los 12 vocales jueces que deben ser elegidos por el Congreso y el Senado sean designados por las Cortes por mayoría absoluta, sin necesidad de alcanzar la mayoría reforzada de tres quintos que establece la ley actual.

Sitúa «en funciones» al CGPJ

Esa reforma permitiría al Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos proceder a la reforma del CGPJ sin contar con el PP, aunque debería apoyarse para ello en los partidos independentistas, ya que el Ejecutivo solo cuenta con 155 escaños en el Congreso. Una posibilidad que supondría un cambio histórico porque desde hace décadas la composición del consejo refleja, gracias precisamente a la mayoría reforzada exigida, un equilibrio de poder entre magistrados conservadores y progresistas con una mayoría decantada en función de cuál de los dos grandes partidos, PSOE o PP, gobierne.

«No podemos tener instituciones tan importantes con un gobierno en funciones dos años como es el caso del gobierno de los jueces», afirmó Sánchez para justificar su advertencia de que reformará la ley si el PP no se presta a un acuerdo para la renovación. «Cuando estás en funciones puedes hacer unas cosas y otras no. Y el Poder Judicial, cuando esté en funciones, podrá hacer unas cosas y otras no», añadió, aunque legalmente el CGPJ no está en funciones, en una velada crítica a la decisión del consejo de designar a seis puestos clave de magistrados del Tribunal Supremo ante la falta de acuerdo para renovar su mandato.

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