Iglesias y Garzón entierran el pacto de los botellines y se disputan el control de IU
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El líder morado se apoya en el comunista Santiago para absorber la coalición
04 oct 2020 . Actualizado a las 09:51 h.El pacto de los botellines se tambalea. La imagen pretendidamente icónica del brindis con cerveza con el que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el de Izquierda Unida, Alberto Garzón, sellaron su acuerdo para crear Unidos Podemos —luego Unidas— y concurrir juntos a las elecciones del 2016, ha desembocado en una fuerte desconfianza mutua. El líder de Podemos pretende el asalto a la histórica formación de izquierda para impedir que Garzón aspire a crear un poder propio dentro de Unidas Podemos. Y, en esa estrategia, Iglesias cuenta con la colaboración del cada vez más influyente en el partido morado Enrique Santiago, secretario general del PCE y ex representante de la guerrilla colombiana de las FARC en las conversaciones de La Habana que llevaron a su disolución. Santiago se ha convertido en un caballo de Troya a favor de Podemos en el seno de IU de cara a la próxima Asamblea Federal. El objetivo final no es otro que la completa fusión orgánica de Podemos e IU o, lo que es lo mismo, la absorción del segundo por el primero.
Hacerse indirectamente con el control de IU permitiría a Iglesias no solo librarse de un político del que ahora desconfía, sino también reforzarse autonómicamente, haciéndose con la estructura territorial creada durante muchos años por la coalición en la que se integra el PCE. La falta de cuadros territoriales es una de las principales carencias de Podemos y la vía por la que le han llegado la mayoría de sus problemas internos.
Garzón busca un perfil propio
El recelo ante esa maniobra de Iglesias está detrás del intento de Garzón de marcar terreno propio en los últimos días y de ocupar un espacio distinto con el discurso más radical contra la monarquía, plasmado en su afirmación de que la situación de Felipe VI es «insostenible» por haber roto la «neutralidad institucional». Una estrategia que ha creado problemas a Iglesias, forzado a secundarle públicamente, pero que ha molestado también mucho al sector socialista del Gobierno, en el que el líder de IU ha perdido cualquier apoyo pese a que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue su mayor valedora para que ocupara la cartera de Consumo en detrimento de otro dirigente de Podemos. Un cargo al que ya llegó con la oposición de Santiago.
Con el objetivo de zafarse de esa maniobra en el horizonte, Garzón planteará de cara a la Asamblea Federal de IU, que se celebrará entre el 15 y 16 de enero del año 2021, si el covid-19 lo permite, la tesis de la necesidad de «reforzar IU para reforzar Unidas Podemos». En esa asamblea la militancia elegirá a la nueva dirección y se elaborará el documento político que marcará la futura estrategia del partido.
Santiago no ha dado el paso de presentarse como candidato a liderar IU y todo indica que será alguien de su confianza quien se postule. Uno de los nombres más citados para ello es el de Amanda Meyer, hija del histórico dirigente de Izquierda Unida Willy Meyer. Se trata de una persona de la máxima confianza de Santiago, pero también de Iglesias. De hecho, Meyer trabaja actualmente en el gabinete de Irene Montero, ministra de Igualdad y pareja del líder de Podemos, Pablo Iglesias. Pero la batalla en IU no está ni mucho menos decidida. Aunque Meyer es fuerte en Andalucía, la federación clave y la más numerosa, Garzón tiene también allí mucho apoyo y controla Madrid y Valencia, plazas fuertes para IU. Lo que es difícil ya es que las chapas de los botellines vuelvan a abrirse.
Acusaciones Presunta financiación ilegal
Los frentes judiciales complican la acción política de Podemos
En un momento clave para la formación por los problemas internos y por la necesidad de hacerse fuerte en la negociación de los presupuestos, Podemos acaba de añadir un nuevo frente judicial que se suma a las investigaciones por una presunta financiación irregular, la supuesta existencia de una caja B y la compleja maraña del caso Dina, en el que Pablo Iglesias se mueve entre la condición de perjudicado e investigado. El Tribunal Supremo ha abierto una causa penal contra el secretario de Organización, el diputado Alberto Rodríguez, por patear a un policía de Tenerife. Rodríguez, al que se le acusa de los delitos de atentado a la autoridad y lesiones, fue el sustituto de Pablo Echenique como secretario de Organización y es una figura clave, no solo porque controla el aparato del partido, sino porque bajo su mando está el equipo jurídico de Podemos que marca la estrategia de defensa en los tribunales. Según el atestado policial, en el 2014 Rodríguez formó parte de un grupo que agredió a policías que protegían al entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert, en una visita a las islas canarias. La Fiscalía pide un año de prisión para él.
En otro frente judicial, el pasado mes de agosto el titular del juzgado de Instrucción número 42 de Madrid imputó al partido como persona jurídica y a tres cargos de la formación (Juan Manuel del Olmo, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val) por la presunta financiación ilegal de Podemos. El pasado 10 de septiembre, el juez confirmó la imputación del partido al apreciar indicios «de la presunta distracción de fondos de las cuentas electorales para fines distintos de los contemplados» en la campaña para las elecciones del 28 de abril del 2019. Podemos contrató a la consultora Neurona Comunidad, que fue constituida solo unos días antes de aquellas elecciones, por 363.000 euros. El juez cree que se trató «de un contrato simulado». La denuncia contra el partido por blanqueo que acaba de presentar la exsenadora de Podemos Celia Cánovas refuerza esos indicios de delito. Además, en el caso Dina, que investiga la sustracción de un teléfono móvil de una colaboradora de Pablo Iglesias y la posterior publicación de fotos íntimas, el líder de Podemos, que ha recuperado la condición de perjudicado, ha admitido que guardó esa tarjeta en su poder durante seis meses sin comunicárselo a su propietaria.