Escrivá rebaja de 850.000 a 550.000 los hogares que accederán a la renta mínima este año

El ingreso mínimo vital (IMV) no llegará a los 850.000 hogares que el Gobierno había estimado inicialmente. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, rebajó ayer esta cifra al avanzar que serán unas 550.000 las familias a las que se les concederá la ayuda antes de final de año, en la primera fase del despliegue de la prestación. Un arranque marcado por el atasco burocrático, que ha provocado que, de las 965.000 solicitudes presentadas, menos de la mitad, unas 470.000 hayan sido ya tramitadas. Y, de esas, solo 135.000 podrán cobrar la ayuda a finales de octubre. Del resto, unas 150.000 tienen pendiente aportar nueva documentación y otras 180.000 han visto denegada su petición, en su mayoría por superar los umbrales de renta o patrimonio establecidos.

Durante su comparecencia en la comisión de Trabajo del Congreso, el ministro desglosó el importe de la factura de la pandemia para la Seguridad Social. Un sobrecoste de 12.928 millones de euros (y sumando) en unas cuentas ya de por sí deficitarias y que procede principalmente de las exoneraciones de cuotas a autónomos y empresas en ERTE, que impidieron ingresar más de 7.400 millones. A esta cifra hay que añadir los más de 4.100 millones desembolsados hasta ahora en prestaciones a los trabajadores por cuenta propia y los casi 1.370 en incapacidad temporal.

Y es que en los primeros seis meses de la pandemia se han concedido en España 1.465.000 bajas laborales derivadas del covid-19. La inmensa mayoría, un 73 %, por aislamiento del trabajador tras un contacto de riesgo o sospecha de contagio y solo un 27 % por enfermedad real. La duración media de estos procesos es de 18 días.

En lo relativo al mercado laboral, Escrivá destacó que ya se han recuperado más de la mitad de los empleos destruidos en los dos primeros meses del estado de alarma. Y, para evitar que en futuras crisis se repita la sangría de despidos que se produjo en la última quincena de marzo, antes del establecimiento de los ERTE, abogó por hacer permanente esta figura de los ajustes temporales de plantilla, no solo para eventos excepcionales como una pandemia, sino también para atender las necesidades de empresas en crisis. Una propuesta que antes ya lanzó la vicepresidenta Calviño y que, según Escrivá, ya se está dialogando con los agentes sociales.

Reforma de las pensiones

El ministro abordó también la reforma de las pensiones, apuntando a un inminente acuerdo en el seno del Pacto de Toledo. Dentro de ese paquete de cambios, que incluirá un nuevo mecanismo para la revalorización de las prestaciones, vinculado a la inflación, se recogerá también el traspaso al Estado de los gastos impropios del sistema, aquellos que se financian con cargo a las cotizaciones pese a no derivar de ellas (por ejemplo, las pagas no contributivas) y que explican el abultado déficit del organismo, que este año se disparará por la pandemia. De esos casi 23.000 millones, Hacienda ya anunció que incluirá en el Presupuesto para el próximo año una transferencia extraordinaria por importe de 18.396 millones para sanear las cuentas de la Seguridad Social.

Dice que la mayoría de los autónomos cotizarán menos con el nuevo sistema

El ministro abordó también la polémica sobre el cambio que el Gobierno quiere introducir en el sistema de cotización de los autónomos, de forma que su contribución se fije de acuerdo a sus ingresos reales, una recomendación, recordó, del propio Pacto de Toledo. Aseguró que esta misma semana se reunirá con las asociaciones del colectivo para explicar el proyecto, aunque avanzó que su departamento pretende hacer una transición «gradual». Además, afirmó que, del cruce de datos ya realizado con la Agencia Tributaria se puede concluir que serán más los autónomos que cotizarán menos con el nuevo sistema que aquellos a los que se les subirán las cuotas. «Llegaremos a un acuerdo con ellos, porque lo que estamos planteando es muy sensato y está en su beneficio», afirmó.

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