El juez pide al Supremo que abra una causa contra Iglesias por denuncia falsa

Acusa al líder de Podemos de urdir una actuación «falsaria» en el caso Dina


Madrid / La Voz

La decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de pedir al Tribunal Supremo que abra una causa penal contra el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, sorprendió ayer al Ejecutivo en plena presentación de su plan de recuperación económica y generó un terremoto político. El magistrado achaca al líder de Podemos los presuntos delitos de denuncia falsa, descubrimiento y revelación de secretos y daños informáticos en la pieza Dina, que investiga el robo del móvil de la exasesora de Iglesias Dina Bousselham y la publicación de mensajes íntimos. El Supremo tendrá que decidir ahora, tras escuchar a la Fiscalía, si abre una investigación contra Iglesias, para lo que tendría que pedir el correspondiente suplicatorio al Congreso, dado que es aforado.

El juez estima que con su personación en la causa como perjudicado Iglesias desplegó una «consciente y planificada actuación falsaria» para fingir «ante la opinión pública y ante su electorado» haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente. En su escrito de 63 páginas, García Castellón pide que se investigue también a Bousselham y a su marido, Ricardo Sá Ferreira, por falso testimonio en el caso. Y también reclama que se actúe contra los abogados de Podemos Raúl Carballedo y Marta Flor Núñez, y contra la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo.

La decisión del juez sorprendió a Podemos y al propio Iglesias, ya que hace quince días la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le devolvió la condición de perjudicado en el caso. Pero García Castellón apunta ahora múltiples indicios contra él.

Agravante de género

«Se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria», señala, y vincula esta forma de proceder al hecho de que Iglesias había accedido al contenido de esa memoria y supo que Bousselham, como admitió luego en su declaración, había hecho capturas de pantalla para enviárselas a terceros. El juez entiende que el delito de revelación de secretos, al haberse apoderado Iglesias de datos íntimos, «se habría cometido por razones de género», lo que lo agrava.

Explica que «a sabiendas del origen de las imágenes publicadas en okdirario», Iglesias instó a los servicios jurídicos del partido a ampliar la denuncia por robo de Bousselham «tratando de simular falsariamente una conexión» entre esas fotos y la desaparición del teléfono el 1 de noviembre del 2015, aparentando que el robo y la publicación de las imágenes eran un encargo realizado al comisario José Manuel Villarejo para «perjudicar» a Iglesias. «El señor Iglesias sabía de antemano que ni había hurto, ni conexión entre la sustracción y la publicación», indica. Como alternativa al delito de denuncia falsa, el juez plantea que se le investigue por simulación de robo.

Mientras el presidente del Gobierno mostró su respaldo a Iglesias, Podemos cargó contra el magistrado. «El juez se salta a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía porque contra Podemos y contra Pablo Iglesias vale todo», señaló el portavoz del partido morado en el Congreso, Pablo Echenique. El presidente del PP, Pablo Casado, pidió a Sánchez el cese «inmediato» de Iglesias. «Debe cumplir la misma vara de medir que exigía en su moción de censura», indicó. Ciudadanos no pide por ahora su destitución, pero cree si el Supremo lo imputa «ya no habrá remedio».

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M. A. Alfonso

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Entre todas las vicisitudes a las que los dirigentes de Podemos esperaban enfrentarse a principios del 2020, cuando entraron en el Gobierno de la mano del PSOE, no se encontraba la de atravesar un otoño salpicado por la comparecencia de varios miembros de su cúpula en los tribunales. Los de Iglesias han visto en tan solo tres meses como el caso Dina, una pieza del caso Villarejo que ellos mismo impulsaron para respaldar su teoría de las «cloacas del Estado», se les empieza a volver en contra. El pasado martes, además, el juez Juan José Escalonilla abría diligencias e imputaba al partido, como persona jurídica; al secretario de Comunicación, Juan Manuel del Olmo; al tesorero, Daniel de Frutos, y a la gerente, Rocío Val, tras las acusaciones de malversación y administración desleal formuladas por el exabogado de la formación, José Manuel Calvente, al que despidieron en diciembre del 2019.

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