Los indultos a los secesionistas ganan peso solo un año después de la sentencia del 1-0

Cristian Reino COLPISA | BARCELONA

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Sànchez, Junqueras, Turull, Forn, Cuixart, Rull y Romeva en la cárcel, en una imagen de archivo
Sànchez, Junqueras, Turull, Forn, Cuixart, Rull y Romeva en la cárcel, en una imagen de archivo ÒMNIUM CULTURAL

El Gobierno abre el melón en plena precampaña de las elecciones catalanas y con la negociación de los Presupuestos Generales en marcha

11 oct 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

El 14 de octubre del 2019 se redactó el epílogo del «procés» y se abrió una nueva etapa, que empezará a clarificarse el próximo 14 de de febrero, con la celebración de las elecciones autonómicas catalanas. Hace un año se hizo pública la llamada sentencia del 1-O, que condenó a los doce dirigentes secesionistas juzgados en el Tribunal Supremo por los hechos de septiembre y octubre del 2017.

Nueve de ellos fueron condenados a penas de entre nueve y trece años de prisión. Solo los exconsejeros Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó lograron eludir la cárcel. Todos los demás fueron condenados por un delito de sedición. Los exconsejeros con funciones directas en la organización del referendo ilegal del 1 de octubre fueron además condenados por malversación. Es el caso de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva, los cuatro con las penas más altas.

La sentencia provocó una oleada de protestas en toda Cataluña, que derivaron en disturbios y algaradas, que llenaron de fuego y humo el centro de Barcelona durante un mes entero.

Entre la prisión preventiva y el cumplimiento de la pena tras la sentencia, buena parte de los reos del «procés» llevan casi tres años entre rejas. A los seis meses de la condena obtuvieron el tercer grado, pero la alegría les duró poco porque los tribunales lo han revocado, salvo para Dolors Bassa y Carme Forcadell.

No obstante, al año de la sentencia, a los presos se les ha abierto una puerta. La esbozó en el Congreso el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la aceleró días atrás el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

Campo anunció el pasado 23 de septiembre que el Gobierno empezaría en breve a tramitar las peticiones de indulto para los presos del «procés». Iglesias fue más allá e insinuó el jueves pasado en Rac-1 que los reos podrían estar ya en sus casas para Navidades. El ministro apuntó dos vías: el indulto o la reforma del delito de sedición, que podría rebajar las penas y beneficiar retroactivamente a los dirigentes secesionistas.

El independentismo desconfía de los anuncios del Ejecutivo y los sitúa en un plano meramente táctico en plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado, donde Pedro Sánchez y su gabinete necesitan a Esquerra. Y los republicanos, que de cara a su electorado defienden una ley de amnistía, ya han hecho llegar el mensaje a la Moncloa de que todo gesto en materia de presos «facilitará» la aprobación de las próximas cuentas públicas, según expresó Pere Aragonès.

Todos los actores protagonistas de este episodio, en cualquier caso, han pasado del blanco al negro en un año. Sánchez, en campaña electoral, se comprometió con el cumplimiento íntegro de las penas. Ahora el Gobierno trabaja en sentido contrario.