Hacienda limita los pagos en efectivo y prohíbe por ley las amnistías fiscales
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Espera recaudar 828 millones más al año con la ley de lucha contra el fraude fiscal
14 oct 2020 . Actualizado a las 09:58 h.El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, con el que prevé aumentar en 828 millones anuales el resultado del plan que lleva a cabo la Agencia Tributaria para aflorar operaciones ocultas al fisco e impuestos impagados, que en el último ejercicio recaudó 15.715 millones.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, remarcó que con esta ley se decreta una política de «tolerancia cero» no solo contra la evasión fiscal, sino también contra la «planificación fiscal agresiva y abusiva», ya que las prácticas irregulares suponen un «agravio» para los contribuyentes cumplidores y restan recursos al Estado de bienestar en un período de crisis. Pero reconoció que, al poner el foco en las fórmulas de fraude «más avanzadas y complejas», la nueva ley obligará a la Administración a mejorar su especialización, en especial en unidades como las que inspeccionan a las grandes empresas y los grandes patrimonios.
En cuanto a las medidas concretas que recoge la ley, la portavoz del Gobierno destacó, en primer lugar, la prohibición de los denominados «software de doble uso», que permiten a las grandes compañías llevar una doble contabilidad con la que rebajan sus bases imponibles y, como consecuencia, su factura fiscal.
Tras haber aflorado 1.500 millones defraudados por esta vía en los últimos cinco años, la nueva ley (que todavía debe completar el trámite parlamentario) prohibirá tanto la producción como la tenencia de estos programas informáticos.
Ante la extensión de la economía digital, la nueva norma obliga a informar sobre la posesión de criptomonedas (como el bitcoin) y de las operaciones realizadas con ellas, tanto en España como en el extranjero si estas últimas afectan a contribuyentes españoles.
De 2.500 a 1.000 euros
En cuanto a los pagos en efectivo, la nueva ley fija un nuevo tope de 1.000 euros para las operaciones entre profesionales y empresarios. Si hay un particular de por medio, se mantiene el límite de 2.500 actualmente en vigor, aunque la ministra de Hacienda anunció que la intención del Gobierno es ir rebajando esas cifras hasta convertir las transacciones en metálico en residuales, por la dificultad para rastrearlas.
En el caso de particulares con domicilio fiscal en el extranjero, el límite de pago en efectivo se reduce de 15.000 a 10.000 euros.
Si supera el trámite parlamentario, la nueva ley prohibirá también las amnistías fiscales, después de que el Tribunal Constitucional anulara la aprobada en el 2012 por el Gobierno del PP. «No se volverá a perdonar a los incumplidores», destacó Montero, que sin embargo rechazó de nuevo publicar la lista de contribuyentes que se acogieron a la regularización de hace ocho años, argumentando que la Abogacía del Estado ha concluido que no sería legal.
Aunque no habrá ese señalamiento público, lo que sí engordará es la lista de morosos del próximo año, ya que la ley rebaja de un millón a 600.000 euros el umbral de deuda necesario para ser incluido en la relación de grandes deudores que publica la Agencia Tributaria.
Relevantes son también los cambios que se introducen en la valoración de bienes para la liquidación de impuestos como el de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados o sucesiones. Así, para evitar los litigios que provocaban los baremos aplicados por las diferentes haciendas autonómicas, la nueva ley establece que, en el caso de bienes inmuebles, será el valor de referencia del Catastro el que se utilizará para determinar la base imponible de estos tributos. Ese valor de referencia de cada inmueble (que no coincide con el catastral) se calcula teniendo en cuenta las compraventas de inmuebles en la zona formalizadas ante notario.
Dentro de esa estrategia para reducir la litigiosidad y fomentar el pago voluntario de impuestos, la norma incluye cambios en el régimen de reducciones aplicables a las sanciones tributarias y en el de recargos.