Procesan al exdirector de Faffe andaluza y un exalcalde socialista por pactar una colocación a dedo
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Fernando Villén contrató al exalcalde de Nebrija, Antonio Torres, cuando este perdió las elecciones en un puesto por el que cobraba más de 46.000 euros anuales
14 oct 2020 . Actualizado a las 16:19 h.El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla ha ordenado continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas abiertas contra el ex director general técnico de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y el exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres García, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación derivados de la contratación «injusta y arbitraria» del citado ex primer edil en la Faffe, de modo contrario a los principios de igualdad, mérito y capacidad y por la sola «afinidad y vinculación personal y política» entre ambos.
«De las diligencias practicadas se desprende la existencia de serios indicios racionales de criminalidad que permiten, con la provisionalidad propia del momento procesal, atribuir a los investigados Fernando Villén Rueda y Antonio Torres García participación en la comisión de delitos de prevaricación administrativa y malversación», indica el juez en su auto.
Solicitó su «colocación» tras perder la alcaldía
Concretamente, el juez relata que después de que Antonio Torres perdiese la alcaldía de Lebrija en las elecciones municipales del 2003 tras 24 años en el poder, habría solicitado al entonces director general técnico de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, -que además de esta causa judicial afronta otra por presuntos pagos en distintos locales de alterne con tarjetas bancarias de la entidad pública-, su «colocación en la Faffe, a lo que Villén accedió promoviendo en su favor un novedoso cargo directivo, inexistente en realidad, que diera satisfacción a las condiciones de contratación indefinida y salario solicitadas» por el ya exalcalde socialista de Lebrija. Todo ello, pese a que Torres García «carecía de formación y aptitudes para asumir funciones correspondientes a dicho nivel profesional» de directivo.
Así, y según el juez instructor, el exalcalde de Lebrija «fue contratado el 1 de julio del 2003 con un contrato de duración temporal, prorrogado y convertido en indefinido con fecha de efectos 1 de diciembre del 2004, como directivo, con una retribución total de 46.750 euros anuales, encontrándose de alta como empleado en la Faffehasta la extinción de esta y su integración en mayo de 2011 en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)».
La contratación, según el juez instructor, se produjo, «sin proceso alguno de valoración o contraste de la aptitud o idoneidad del sujeto a contratar», es decir «de manera injusta y arbitraria, prescindiendo de los procedimientos de contratación a los que la Faffe debía ajustarse, sin concurrencia alguna de otros posibles candidatos al puesto, y de manera contraria a los principios generales de publicidad, objetividad, imparcialidad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad que habrían de regir dicho proceso de selección y contratación, de conformidad con la propia normativa».